Alarma auton¨®mica

Las comunidades aut¨®nomas y algunos Ayuntamientos se est¨¢n implicando paulatinamente en el gran ajuste del gasto que exige la delicada situaci¨®n de las finanzas p¨²blicas. Ayer, el consejero de Econom¨ªa y Finanzas de la Generalitat catalana, Antoni Castells, anunci¨® una nueva vuelta de tuerca al recorte en el gasto del Gobierno catal¨¢n. Implica suprimir 63 entidades dependientes de la Generalitat, retrasar las inversiones de obra p¨²blica, recortar el personal en algunos servicios (sanidad, educaci¨®n) y, lo que es m¨¢s significativo, poner en marcha dos nuevos tramos del impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas para las rentas m¨¢s altas que gravar¨¢n a unos 20.000 contribuyentes con renta anual superior a los 120.000 euros; en la misma l¨ªnea, el presidente balear, Francesc Antich, ha propuesto una subida de un punto en el tramo auton¨®mico del IRPF para rentas superiores a 100.000 euros. En una situaci¨®n tan grave para la solvencia del Estado, no est¨¢ mal que los Gobiernos aut¨®nomos decidan arrostrar el riesgo de p¨¦rdida de votos y busquen recursos fiscales en el uso leg¨ªtimo de su corresponsabilidad.

Los casos de Catalu?a y Baleares no son ¨²nicos. Los parlamentarios nacionales se han bajado el sueldo, igual que muchos diputados auton¨®micos; en Euskadi se han reducido un 2% los sueldos p¨²blicos y est¨¢ en marcha un plan de ahorro de 30 millones de euros en gasto corriente; en Castilla-La Mancha se han reducido las consejer¨ªas y se bajar¨¢n los salarios p¨²blicos, igual que en Andaluc¨ªa; en Valencia tambi¨¦n se reducir¨¢ el n¨²mero de sociedades p¨²blicas; y el Ayuntamiento de Madrid ha contra¨ªdo su plan de inversiones un 20%. La obligada disminuci¨®n de los ingresos procedentes de las arcas estatales obliga a las autonom¨ªas y ayuntamientos a trasladar los recortes a ciertas ¨¢reas de producci¨®n y servicios; pasar¨¢n a?os antes de que la austeridad forzada de hoy se convierta en gastos e inversiones m¨¢s racionales, m¨¢s rentables y m¨¢s efectivos. El esfuerzo de racionalizaci¨®n est¨¢ m¨¢s que justificado. A 31 de diciembre aparec¨ªan censados casi 2.200 entes dependientes de las autonom¨ªas, mientras que el Estado ten¨ªa registrados 473. Muchos de los auton¨®micos son sociedades utilizadas para encubrir gasto y deuda no contabilizados. Gran parte de esa red tiene que desaparecer o reconvertirse.

La buena noticia es que se est¨¢ extendiendo la percepci¨®n de un ajuste generalizado del gasto vinculado a una declaraci¨®n de alarma econ¨®mica. Los dos millones de parados, los pensionistas a los que se congelar¨¢n sus percepciones y los funcionarios a los que se les rebajar¨¢n los sueldos no pueden ser los ¨²nicos en pagar la factura de la recesi¨®n. La mala noticia es que, con toda seguridad, ser¨¢ necesario recurrir a nuevos ajustes del gasto, que en algunos casos afectar¨¢n a las autonom¨ªas, como puede ser la adecuaci¨®n de las tarifas del AVE a su coste real. Importa sobre todo que la austeridad auton¨®mica no sea pasajera, sino que marque el camino para una bajada permanente del gasto.