Sistema electoral: ?gobernabilidad o fraude?

Para preocupaci¨®n y esc¨¢ndalo de los ciudadanos, la subcomisi¨®n parlamentaria para la Reforma Electoral -creada en 2008, pero con numerosas interrupciones en lo que debi¨® ser su normal desarrollo- pretende dar carpetazo definitivo a la demanda de recuperar el principio democr¨¢tico de una persona, un voto, hist¨®rica e infructuosamente reclamado desde hace m¨¢s de dos d¨¦cadas por Izquierda Unida (IU), incluso por Jordi Sol¨¦ Tura durante la propia ponencia que redact¨® originalmente la ley. Los objetivos ¨²ltimos del vigente sistema electoral, con clara vocaci¨®n bipartidista y conservadora, se han ido reforzando a trav¨¦s de factores internos y externos a lo largo de la experiencia democr¨¢tica. El repetido efecto de gota malaya en las sucesivas elecciones ya celebradas ha servido tambi¨¦n para redirigir las consecuencias del voto ¨²til como elemento disuasorio frente al apoyo de potenciales electores hacia otras fuerzas pol¨ªticas de ¨¢mbito estatal, como es el caso de IU, m¨¢s all¨¢ de los dos partidos mayoritarios.

Es un esc¨¢ndalo que la tercera fuerza pol¨ªtica en votos sea la sexta en n¨²mero de diputados

No hace falta una reforma constitucional para que el sistema sea m¨¢s representativo

Cabe recordar brevemente que este modelo electoral tuvo su origen en las postrimer¨ªas del franquismo como uno de los condicionantes del consenso constitucional, junto al mantenimiento del Concordato con el Estado Vaticano en relaci¨®n a los l¨ªmites de la aconfesionalidad del Estado, y en consonancia con las limitaciones al federalismo y el blindaje de la forma de Estado como monarqu¨ªa constitucional o parlamentaria. Su finalidad principal fue desde el principio favorecer la gobernabilidad, aun a costa del principio representativo y de la proporcionalidad. Se prima mediante diversas f¨®rmulas a dos formaciones mayoritarias en detrimento del resto de fuerzas estatales, aceptando de hecho un "bipartidismo imperfecto" que permite la convivencia con formaciones nacionalistas. Estas, si bien no se benefician directamente del sistema, tampoco se ven perjudicadas por ¨¦l y perpet¨²an as¨ª su vocaci¨®n de partidos bisagra de cara a la gobernabilidad.

Ciertos te¨®ricos aplauden la eficacia de este modelo no solo por facilitar la formaci¨®n de mayor¨ªas absolutas sino por hacerlo tambi¨¦n a gobiernos en minor¨ªa que no necesitan de coaliciones estables. La cuesti¨®n es que un sistema que prima de manera abusiva la gobernabilidad sobre la representatividad pasa a ser un sistema mayoritario (no proporcional) y reduce al m¨ªnimo el espacio del juego parlamentario en la configuraci¨®n del Gobierno. A menudo, estos te¨®ricos son los mismos que tachan a las minor¨ªas de ¨¢mbito estatal como marginales, insultando as¨ª a sus votantes y despreciando uno de los principios del pluralismo pol¨ªtico, del que demuestran tener una visi¨®n muy corta.

Determinados componentes t¨¦cnicos en las reglas del nuevo juego democr¨¢tico ya marcaban de antemano la b¨²squeda por perpetuar el predominio conservador. La atribuci¨®n de dos esca?os como m¨ªnimo por provincia, independientemente del n¨²mero total de habitantes de cada una -priman las hect¨¢reas, no los ciudadanos-, en la pr¨¢ctica impone una ventaja de partida a la derecha de m¨¢s de una decena de esca?os, incrementando la representatividad parcial de determinadas circunscripciones con una distribuci¨®n sociopol¨ªtica del electorado muy definida.

Para responder a quienes creen que la no modificaci¨®n del sistema electoral perpet¨²a unas reglas del juego que son neutras basta con que conozcan que el importante aumento en la ¨²ltima d¨¦cada del censo poblacional de algunas provincias por efecto de la inmigraci¨®n -o que luego no se traslada en aumento de censo electoral- ha provocado un vuelco de la representaci¨®n, reduciendo dr¨¢sticamente las posibilidades de fuerzas como IU, con clara implantaci¨®n y mayor porcentaje de votos en zonas urbanas industrializadas -Asturias, Vizcaya o algunas capitales andaluzas-, que ven bajar su n¨²mero de esca?os a favor de otras zonas como Levante.

Se ha impuesto en la pr¨¢ctica un sistema mayoritario, no proporcional, que lleva a que mientras al PSOE o al PP les cuesta lograr un esca?o una media de entre 60.000 y 65.000 votos, esta cifra se tenga que multiplicar por siete u ocho para cada diputado de IU, que necesita del apoyo de m¨¢s de 465.000 electores para ocupar una plaza en el Congreso, eso sin contar con los posteriores problemas de porcentaje para poder formar grupo parlamentario propio. Este bipartidismo inducido se ha ampliado geom¨¦tricamente como consecuencia de la polarizaci¨®n pol¨ªtica y del alineamiento medi¨¢tico que han venido caracterizando a la pol¨ªtica de consumo que se corresponde con el modelo econ¨®mico neoliberal predominante, acentu¨¢ndose este proceso en la ¨²ltima d¨¦cada.

La ofensiva de la derecha contra las conquistas del Estado social y democr¨¢tico de derecho y la renuncia socialdem¨®crata a la defensa de sus principios, es decir, la convergencia pol¨ªtica neoliberal, han venido acompa?adas de la polarizaci¨®n y la sobreactuaci¨®n en t¨¦rminos excluyentes a lo largo de la alternancia de gobiernos de PSOE y PP. Tambi¨¦n se ha producido un cambio trascendental en buena parte de los medios de comunicaci¨®n, con un predominio asfixiante del conservadurismo pol¨ªtico, la concentraci¨®n e internacionalizaci¨®n de sus accionistas y la pretensi¨®n de convertirse en algo m¨¢s que el denominado Cuarto Poder, al alim¨®n con el poder econ¨®mico, como fuerzas determinantes de la sociedad de consumo de masas.

En suma, la anomal¨ªa que supone que la tercera fuerza pol¨ªtica del Estado en n¨²mero de votos se convierta en la sexta en n¨²mero de diputados merced al car¨¢cter mayoritario y no proporcional del sistema electoral en la mayor¨ªa de circunscripciones se ha convertido en un esc¨¢ndalo democr¨¢tico, no sin cierta hipocres¨ªa por parte de las fuerzas pol¨ªticas directa o indirectamente beneficiadas.

Las elecciones de 2004 marcaron un punto de inflexi¨®n que motiv¨® el compromiso del candidato del PSOE de promover, ya entonces, la reforma electoral. Pero no fue posible emprenderla en esa legislatura debido al veto de la derecha y de los nacionalistas, contrarios a crear una subcomisi¨®n parlamentaria. La legislatura 2008-2012 comenz¨® de nuevo con la impresi¨®n de que la reforma electoral era inevitable. Debido a las presiones de IU, entre otras razones, esta vez s¨ª se pudo crear esa subcomisi¨®n, pero da la impresi¨®n de que la estrategia de los partidos mayoritarios, con el apoyo de los grupos nacionalistas, quiere dar de nuevo al traste con una prioridad de primer orden para acabar con el fraude democr¨¢tico existente.

Lo que reclamamos simplemente es que se recupere el car¨¢cter proporcional y representativo de nuestro sistema pol¨ªtico, en absoluto un sistema electoral a la carta como tratan algunos de hacer ver de forma interesada y torticera. Para lograrlo, dentro de las variadas propuestas que hemos presentado -la inmensa mayor¨ªa avaladas en el completo informe del Consejo de Estado hecho a petici¨®n del propio Gobierno- no ser¨ªa necesaria siquiera la tan manida reforma constitucional. Est¨¢ claro que una reforma perfecta pasar¨ªa porque la circunscripci¨®n dejara de ser la provincia y lo pasara a ser la comunidad aut¨®noma o que se incrementara, de acuerdo con la evoluci¨®n demogr¨¢fica, a 400 el n¨²mero de diputados, algo que ya est¨¢ contemplado por la Constituci¨®n. Pero una reforma de la actual Ley Org¨¢nica Electoral tambi¨¦n puede contemplar pasar de dos a uno el n¨²mero de diputados fijo por provincia, con lo que se liberar¨ªan 50 esca?os. Estos servir¨ªan, o bien para repartirlos entre las circunscripciones con mayor poblaci¨®n, en las que ahora se rompe la proporcionalidad al multiplicarse el n¨²mero de votos necesario para lograr un diputado, o bien para crear un "fondo estatal de votos" -construido a partir de todos los sufragios sobrantes tras el reparto del ¨²ltimo esca?o en cada provincia- a trav¨¦s del cual asignar esos 50 esca?os liberados.

Todo ello se completar¨ªa por la sustituci¨®n de la aplastante Ley D'Hondt, creada para primar a las dos opciones m¨¢s votadas y crear mayor¨ªas estables a costa de las formaciones minoritarias, por otra forma de c¨¢lculo, y existen varias, que respete m¨¢s la proporcionalidad de los votos.

Si prevalece este fraude electoral con argumentos como el de propiciar la gobernabilidad, no solo quedar¨¢ cuestionada la representatividad de nuestro sistema democr¨¢tico sino que se consagrar¨¢ de hecho como un fraude a la Constituci¨®n.

Gaspar Llamazares es portavoz parlamentario de IU y ponente en la subcomisi¨®n parlamentaria para la Reforma Electoral