M¨¢s mano dura para el pa¨ªs con m¨¢s presos

Las c¨¢rceles est¨¢n llenas. Hay casi 77.000 presos. M¨¢s que en Alemania, que dobla en poblaci¨®n a Espa?a. No caben m¨¢s. La raz¨®n es la dureza de la ley penal, el c¨®digo de 1995, agravado en sucesivas reformas (25 en total) y convertido en uno de los m¨¢s punitivos de toda Europa. El Parlamento acaba de endurecerlo a¨²n m¨¢s. El Senado aprob¨® ayer definitivamente la modificaci¨®n de m¨¢s de 150 art¨ªculos con los apoyos de los socialistas, CiU, Coalici¨®n Canaria y UPN, la abstenci¨®n de PP y BNG y el voto en contra del PNV. Ni el Gobierno ni el Congreso de los Diputados ni el Senado se han enfrentado al evidente problema que supondr¨ªa que la poblaci¨®n penitenciaria siga aumentando al mismo ritmo de los ¨²ltimos a?os. Nadie se atreve a defender ante la opini¨®n p¨²blica que, quiz¨¢, sea necesario rebajar algunas penas para que el sistema no se colapse.

El Estado tendr¨¢ m¨¢s control de las compa?¨ªas tras el "capitalismo salvaje"

Las firmas no ser¨¢n imputables por los delitos contra trabajadores

La macrorreforma iba acompa?ada de una memoria econ¨®mica que ocupaba exactamente un folio y medio y que, dec¨ªa sin mucha explicaci¨®n, la reforma no tendr¨ªa impacto en la poblaci¨®n reclusa. Pero, aunque ciertos aspectos -como suavizar las penas por tr¨¢fico de droga para casos de escasa entidad o convertir en falta las infracciones de los manteros para que no entren en la c¨¢rcel- pueden hacer que disminuya algo el n¨²mero de presos, la mayor¨ªa de las medidas endurecen de forma evidente el c¨®digo.

La reforma agrava las penas por terrorismo, cr¨ªmenes sexuales y corrupci¨®n en delitos urban¨ªsticos y ambientales; introduce la libertad vigilada para algunas infracciones; recoge el concepto nuevo de "grupo criminal"; las personas jur¨ªdicas, por primera vez en la historia, podr¨¢n ser imputadas; y los ladrones multirreincidentes ir¨¢n a la c¨¢rcel los fines de semana.

Algunos de los cambios eran necesarios para incorporar al derecho espa?ol obligaciones internacionales. Pero no todos. Ni siquiera la mayor¨ªa. Se han agravado las penas mucho m¨¢s de lo que era estrictamente necesario. Ha ocurrido, por ejemplo, con los delitos sexuales. El Gobierno justific¨® el aumento punitivo por la necesidad de trasponer al derecho espa?ol la normativa europea. Pero solo un porcentaje m¨ªnimo de cambios eran obligatorios.

En primer lugar, la Decisi¨®n Marco sobre la Explotaci¨®n Sexual de los Ni?os y la Pornograf¨ªa Infantil que Bruselas ordena incluir en nuestro c¨®digo se refiere solo a delitos relacionados con menores, y la reforma ha cambiado tambi¨¦n algunos tipos de adultos. Por otro lado, de las 33 conductas punibles de este tipo a las que afecta la reforma, solo en dos casos la norma europea obligaba a agravar la pena, seg¨²n un trabajo realizado por la profesora de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid Mar¨ªa Mart¨ªn. En algunos casos, como la agresi¨®n sexual agravada a menores de 13 a?os (penada como m¨ªnimo con 10 a?os), se duplica la recomendaci¨®n europea de que la pena m¨¢xima sea al menos de cinco a?os. El Consejo General del Poder Judicial critic¨® el aumento de estas condenas por "falta de proporcionalidad" y cuestion¨® el hecho de que la violaci¨®n de un menor de 13 a?os se castigue con una pena mayor que la de un homicidio.

"No tenemos un problema con los delitos sexuales, que siguen siendo muy menores", explica el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Ram¨®n S¨¢ez Valc¨¢rcel. "El incremento de la criminalizaci¨®n de estas conductas carece de sentido. Se trata de populismo punitivo, de legislar cara a la galer¨ªa y adem¨¢s crea alarma entre la poblaci¨®n". Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, dijo algo parecido durante la tramitaci¨®n parlamentaria: "El nuevo C¨®digo Penal nace preocupado ¨²nicamente por lo que digan los medios de comunicaci¨®n, que son insaciables. Hagan lo que quieran, m¨¦tanle 100 a?os, que considerar¨¢n que no es suficiente".

Otro de los puntos pol¨¦micos es la libertad vigilada: la posibilidad de controlar a una persona cuando ya ha cumplido su pena. El PNV se opuso y el Poder Judicial fue especialmente cr¨ªtico con esta medida, en la que vio problemas de constitucionalidad. Se podr¨¢ imponer, con una duraci¨®n m¨¢xima de 10 a?os, en casos de delitos de terrorismo y sexuales (no solo a los graves, sino a todos, incluso a los m¨¢s leves como el acoso y el exhibicionismo, con penas de tres a seis meses de c¨¢rcel).

Se han agravado tambi¨¦n las penas para carteristas reincidentes, que podr¨¢n ir a la c¨¢rcel en fin de semana y festivos. Al PSOE, que hab¨ªa asegurado durante la tramitaci¨®n parlamentaria que endurecer¨ªa las penas para delitos graves y de cuello blanco pero en ning¨²n caso para los peque?os delincuentes, le gan¨® la partida CiU, impulsor de este cambio. El cumplimiento de estas penas generar¨¢ problemas evidentes a Instituciones Penitenciarias, que no solo tiene las prisiones a rebosar de lunes a viernes.

Otra medida que generar¨¢ mayores sanciones es el nuevo concepto de "grupo criminal". Los penalistas est¨¢n de acuerdo en que el viejo delito de asociaci¨®n il¨ªcita no era ni suficiente ni id¨®neo para luchar contra la delincuencia organizada del siglo XXI. Por ello se ha incluido un castigo espec¨ªfico para los autores que pertenezcan a "organizaciones criminales" si se cumplen ciertos requisitos (que haya una cierta estructura, estabilidad y una divisi¨®n funcional). Pero, cuando no se cumplan, siempre y cuando haya m¨¢s de dos personas que participen en el delito, se podr¨¢ entender que forman, al menos, un "grupo criminal". "Esto supone la extensi¨®n de la l¨®gica de los delitos de terrorismo a todos los dem¨¢s", opina Manuel Cancio, catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad Aut¨®noma de Madrid. "Es innecesario. La introducci¨®n de la figura de la organizaci¨®n criminal era suficiente. Que se junten en un momento dado tres personas para cometer uno o dos robos no las convierte en un grupo criminal. Una vez m¨¢s el legislador se ha amparado en este punto en la normativa europea cuando esta no lo exig¨ªa".

La modificaci¨®n legal recoge tambi¨¦n, por primera vez, la responsabilidad penal de las empresas que, como cualquier persona f¨ªsica, podr¨¢n ser acusadas y sancionadas por delitos como las estafas, delitos medioambientales y cohechos. Es una responsabilidad independiente de la de los individuos concretos de la compa?¨ªa. La regulaci¨®n tiene algunas lagunas y nadie sabe muy bien c¨®mo se aplicar¨¢ finalmente, pero lo que pretende es evitar la impunidad. "En un momento en que los Estados son despojados de sus capacidades de control y vigilancia de los agentes econ¨®micos, desde la UE se promueve un sistema que vuelve a apoderar a los Estados, permiti¨¦ndoles sancionar a las empresas m¨¢s gravemente incumplidoras", explica Jacobo Dopico, profesor de Derecho Penal de la Universidad Carlos III y asesor del despacho Gonz¨¢lez Franco, que trabaja actualmente con varios de los gigantes econ¨®micos que empezaron a pedir asesoramiento antes incluso de que se aprobara la reforma. "Y ello, justo tras la ¨¦poca m¨¢s problem¨¢tica del capitalismo salvaje. M¨¢s all¨¢ de diferencias t¨¦cnicas sobre c¨®mo debe implementarse, o sobre qu¨¦ modelo es mejor, esa es la gran noticia".

Hay, sin embargo, una clara ausencia en la tramitaci¨®n parlamentaria del proyecto de ley. En el cat¨¢logo de delitos que las empresas pueden cometer no est¨¢n los delitos contra los derechos de los trabajadores. Conductas tan comunes como la explotaci¨®n laboral de inmigrantes o el grave incumplimiento de las normativas de seguridad e higiene, muy relacionadas con los accidentes laborales, quedan fuera.

Y es que, en contra de lo que manifest¨® ayer un senador del PSOE, la reforma no es "firme con los chorizos de cuello blanco y humanitaria con los m¨¢s d¨¦biles". Un ejemplo: mientras que el robo en casa habitada conlleva una pena de entre tres a?os y medio y cinco a?os de c¨¢rcel, en los delitos urban¨ªsticos el castigo oscila entre uno y tres a?os. Otros delitos t¨ªpicos de los poderosos como el tr¨¢fico de influencias aumentan su pena m¨¢xima de dos a tres a?os pero no la m¨ªnima, de uno, lo que permitir¨¢ suspender la pena en muchos casos y que el condenado no entre en prisi¨®n. "Y solo con la c¨¢rcel la ley tendr¨ªa un efecto disuasorio en estos casos", opina el magistrado Ram¨®n S¨¢ez.

La reforma incluye tambi¨¦n nuevos tipos como la pirater¨ªa, la corrupci¨®n entre particulares o el tr¨¢fico de ¨®rganos. Se ha quedado por el camino la gran petici¨®n del PP: la cadena perpetua revisable. El PSOE la tach¨® de inconstitucional y no obtuvo consenso del resto de los grupos. La paradoja es que, a pesar de las connotaciones que tiene la cadena perpetua, en los pa¨ªses en los que se aplica el tiempo de cumplimiento medio de las condenas es menor que en Espa?a con su cumplimiento ¨ªntegro de penas de hasta 40 a?os.