Un poco de confusi¨®n

Bajo la sombra de una huelga general convocada para el pr¨®ximo 29 de septiembre, la reforma laboral del Gobierno, motivo expreso de la huelga, no acaba de cristalizar en una propuesta n¨ªtida y convincente. El decreto que aprob¨® ayer el Gobierno, en vigor desde ma?ana, contiene algunas modificaciones sobre el documento que el Ejecutivo present¨® el viernes, y no todas lo mejoran. El pilar de la reforma es la extensi¨®n universal del contrato de fomento con un coste de despido de 33 d¨ªas; a partir de hoy, cualquier trabajador de entre 31 y 44 a?os podr¨¢ ser contratado mediante esta modalidad. Pero, a cambio de este rasgo de convicci¨®n, el decreto ha difuminado la redacci¨®n de las causas de despido. Si en la propuesta de la semana pasada se entend¨ªa como causa del despido el que una empresa tenga p¨¦rdidas no meramente coyunturales, el decreto exige ahora que de las cuentas de la empresa se desprenda una "situaci¨®n econ¨®mica negativa".

Las vacilaciones demuestran que el Gobierno no tiene claros cu¨¢les son los l¨ªmites de la reforma laboral que pretende. No admite las tesis de la CEOE y, por ello, penaliza la contrataci¨®n temporal y admite el arbitraje en la negociaci¨®n colectiva solamente en los casos en los que esa opci¨®n est¨¦ incluida en los convenios. Pero al mismo tiempo es consciente de que debe actuar en contra de la dualidad del mercado laboral y abaratar el despido a cambio de favorecer la creaci¨®n de empleo. Bascula entre ambas decisiones empujado por las amenazas sindicales y la hosca respuesta de la CEOE a la nueva contrataci¨®n y, por tanto, transmite indecisi¨®n.

Pero el mensaje puede enturbiarse todav¨ªa m¨¢s, porque el Gobierno pretende tramitar el decreto como proyecto de ley. Este paso tiene efectos pol¨ªticos favorables, porque reafirma la legitimidad del Parlamento frente a la presi¨®n sindical e implicar¨¢ en la tarea a los partidos. Ahora bien, traslada a la oposici¨®n el peso de aclarar aspectos cruciales de la reforma, como la causa de despido, las cl¨¢usulas de descuelgue o la contrataci¨®n temporal. Si se trata de transmitir firmeza a los mercados, el juicio de los inversores queda suspendido hasta que se apruebe la ley. Si, con la coartada del tr¨¢mite por ley, al Gobierno le asalta la tentaci¨®n de embarcarse en otra de sus famosas dilaciones, recuerde que ya no tiene margen de maniobra. Para convencerse, solo tiene que consultar el diferencial de la deuda con el bono alem¨¢n.

Ante esta propuesta de reforma, un poco m¨¢s confusa desde ayer, la convocatoria de huelga general de CC OO y UGT carece de fundamentos razonables. La llamada al paro revela que a los sindicatos les importan ¨²nicamente los derechos de los trabajadores con contrato fijo y alta indemnizaci¨®n. Solo as¨ª se explica que alcen la voz cuando se recorta el salario de los funcionarios. Como si los empleados p¨²blicos fuesen inmunes a la recesi¨®n, que se ha cobrado en Espa?a 2,2 millones de parados y ha reducido las rentas de cientos de miles de asalariados.

A los sindicatos les asiste el derecho a convocar una huelga general; pero entre las causas y la respuesta debe existir una cierta proporcionalidad. No es ¨¦ste el caso. El Gobierno ha concedido un margen suficiente de tiempo para la negociaci¨®n de los agentes sociales, sin que haya habido acuerdo. Si la raz¨®n de la protesta es que los trabajadores pierden derechos adquiridos, la r¨¦plica bien podr¨ªa ser que el objetivo principal del Ejecutivo debe ser crear empleo; y si la raz¨®n es torcer la voluntad del Gobierno, recu¨¦rdese que la reforma laboral viene exigida por la urgencia de favorecer la contrataci¨®n y como una de las contrapartidas exigibles a cambio del sistema de protecci¨®n del euro que debe salvaguardar la solvencia espa?ola. El Ejecutivo no puede echarse atr¨¢s; la huelga general carece de finalidad pr¨¢ctica.