El PP permite ahora explotar minas en los suelos protegidos de A Terra Ch¨¢

La lucha de buena parte del tejido social de A Terra Ch¨¢ contra la empresa Erimsa para impedir la extracci¨®n de cuarzo en la comarca se ha reactivado en las ¨²ltimas semanas. Con el conflicto estancado en una batalla legal que mantiene abiertos cinco contenciosos en los juzgados de Lugo, un cambio introducido por el PP durante la tramitaci¨®n parlamentaria de la reforma de la Lei do Solo aprobada a finales de marzo ha encendido las alarmas entre la oposici¨®n al proyecto: la actividad minera en suelo r¨²stico de especial protecci¨®n agropecuaria -calificaci¨®n bajo la que se encuentran la mayor¨ªa de los terrenos afectados por las concesiones hechas p¨²blicas en noviembre de 2006- ha pasado de "uso prohibido" a "posible", es decir, puede ser autorizada desde la Xunta.

La miner¨ªa en suelo agrario ha pasado de uso "prohibido" a "posible"

Erimsa reconoce que la tramitaci¨®n directa con la Xunta les beneficia

La pirueta legal ha dejado en una posici¨®n inc¨®moda a los alcaldes del PP en la comarca. Cuando se otorgaron las tres concesiones, los populares, que en aquel momento gobernaban en los seis ayuntamientos afectados, se unieron para solicitar a la Conseller¨ªa de Industria la derogaci¨®n del proyecto. El entonces presidente de la Diputaci¨®n de Lugo, Francisco Cacharro, lleg¨® a calificar las autorizaciones de "alianza con el gran capital" para "jorobar a los ganaderos de A Terra Ch¨¢".

"Decisiones anteriores tomadas por otros partidos tambi¨¦n beneficiaron a la explotaci¨®n", se defiende ahora el regidor de Cospeito, Armando Castosa, "y no me parece rese?able opinar desde el punto de vista pol¨ªtico".

La intenci¨®n de Erimsa de ejecutar la concesi¨®n para la extracci¨®n de cuarzo otorgada por la entonces Conseller¨ªa de Innovaci¨®n e Industria depend¨ªa hasta ahora de las licencias municipales en litigio. Desde la modificaci¨®n legal, cualquier nueva solicitud de licencia ser¨¢ remitida directamente a la Administraci¨®n auton¨®mica. "La tramitaci¨®n directa con la Xunta nos beneficia", reconoce el director de Erimsa, Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez, que afirma adem¨¢s que la empresa ya ha cerrado acuerdos de alquiler en la zona.

Con la explotaci¨®n de cuarzo en la comarca cada vez m¨¢s pr¨®xima, Castosa afirma que hay que buscar "el inter¨¦s general" de A Terra Ch¨¢. "Pero no puedo precisar cu¨¢l es", a?ade.

En 2008, Erimsa present¨® las primeras solicitudes de licencia urban¨ªstica y de actividad en su ayuntamiento y en los de A Pastoriza y Castro de Rei, tres de los seis afectados por la concesi¨®n (los otros tres son Abad¨ªn, Riotorto y Vilalba). Tres meses despu¨¦s, ante la falta de respuesta por parte de las administraciones locales, la empresa manifest¨® que entend¨ªa las licencias "otorgadas por silencio administrativo positivo".

La respuesta de los ayuntamientos fue un¨¢nime: la legislaci¨®n aplicable no auspiciaba esa interpretaci¨®n y las licencias s¨®lo se otorgar¨ªan de ajustarse plenamente a derecho. Erimsa demand¨® a los ayuntamientos de Cospeito, A Pastoriza y Castro de Rei para defender su postura. El Sindicato Labrego Galego, Adega y varios particulares tambi¨¦n se han personado en los contenciosos.

Son algunos de los muchos colectivos agrupados en la Comisi¨®n de Asociaci¨®ns en contra das Minas da Terra Ch¨¢. En las diversas movilizaciones que se organizaron durante los primeros meses de 2007, los alcaldes se sumaron a sus argumentos en contra de la extracci¨®n de cuarzo. El principal, la salvaguarda de la que gozaba el suelo agrario de especial protecci¨®n y que ahora ha quedado en el aire.

La modificaci¨®n, que no figuraba en el texto del anteproyecto de la reforma de la Lei do Solo, fue introducida por el PP a ra¨ªz de un voto particular incorporado por la Confederaci¨®n de Empresarios de Galicia al dictamen sobre la ley que emiti¨® el Consello Econ¨®mico e Social de Galicia el pasado diciembre.

Desde el grupo parlamentario popular suscriben la argumentaci¨®n sostenida por los empresarios, que abogaron por evaluar en cada caso concreto los diferentes intereses en juego para determinar cu¨¢l debe prevalecer a la hora de conceder o denegar la autorizaci¨®n. El diputado popular Rom¨¢n Rodr¨ªguez considera que la modificaci¨®n es coherente con la necesidad de que las prohibiciones sean motivadas y no gen¨¦ricas recogida en la Lei da Miner¨ªa de 2007, y traslada as¨ª la responsabilidad a la Xunta bipartita.