El fiscal alerta contra el extrav¨ªo de documentos en el 'caso Malaya'

El p¨¢rrafo, de apenas seis l¨ªneas e impecable estilo jur¨ªdico, pasa bastante desapercibido en un escrito de 584 p¨¢ginas que resume la mayor trama de corrupci¨®n municipal conocida en la historia de Espa?a -el caso Malaya- y pide penas que suman varios siglos de c¨¢rcel. Sin embargo, el fiscal anticorrupci¨®n, Juan Carlos L¨®pez Caballero, ha lanzado en el tercer otros¨ª -petici¨®n de orden secundario- de su escrito de calificaci¨®n una verdadera carga de profundidad. El representante del Ministerio P¨²blico, temeroso de que el extrav¨ªo de documentos haga zozobrar el juicio, como ha sucedido en el caso Ballena Blanca, y pueda echar por tierra a?os de trabajo, ha solicitado a la Audiencia Provincial de M¨¢laga que "acuerde lo necesario" para que todos los documentos de la causa "puedan ser utilizados en el juicio oral".

Durante la instrucci¨®n del caso Ballena Blanca, un error administrativo propici¨® que documentos del sumario de blanqueo de capitales se traspapelaran entre los tomos del caso Malaya. Estos documentos, algunos de los cuales pertenecen a expedientes intervenidos en el despacho del principal imputado de Ballena Blanca, el abogado Fernando del Valle, han sido anulados del juicio para regocijo de las defensas.De las 584 p¨¢ginas del escrito acusatorio del caso Malaya, un total de 150 est¨¢n dedicadas a detallar las piezas documentales que el fiscal tiene especial inter¨¦s en que se lean. Esta lectura incluye pr¨¢cticamente todos los documentos que han generado las actuaciones del sumario contra la corrupci¨®n en Marbella, y que incluyen desde las distintas declaraciones ante el juez y la polic¨ªa de los 95 procesados en el caso hasta el volcado de los discos duros intervenidos en las oficinas del ex gerente de urbanismo marbell¨ª Juan Antonio Roca, supuesto cerebro de la trama.

Los papeles que no se han podido incorporar al juicio de Ballena Blanca pertenec¨ªan a 10 bridas de documentaci¨®n intervenida durante los registros policiales. El sistema de bridas, avalado por la Audiencia Nacional y muy usado en asuntos de delincuencia econ¨®mica, que obligan a manejar mucho papel, permite empaquetar documentos por bloques y precintarlos en presencia del secretario judicial. La rotura de la brida para examinar la documentaci¨®n solo la puede ordenar el juez instructor mediante una providencia, con lo que se garantiza que no hay manipulaci¨®n posible de las pruebas.

En el caso Malaya, el fiscal ha solicitado que se lean hasta las comparecencias ante el juez de los agentes que realizaron las bridas documentales.

L¨®pez Caballero solicita a la sala una pena de 30 a?os de c¨¢rcel y una multa de 810,78 millones de euros para Roca por blanqueo, prevaricaci¨®n administrativa, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, fraude y cohecho pasivo (recibir sobornos). Adem¨¢s de estas sanciones, el fiscal ha pedido el comiso de las cuentas corrientes de ex asesor urban¨ªstico y de sus numerosos bienes muebles e inmuebles. Estos incluyen 34 veh¨ªculos a motor -entre ellos dos autobuses-, una avioneta, un helic¨®ptero, 72 fincas, 144 pisos, un hotel y dos palacios, entre otros bienes.

El juicio oral del caso Malaya, cuyo inici¨® se prev¨¦ para el 27 de septiembre, promete ser largo. El fiscal ha pedido la presencia en la vista como peritos de dos arquitectos de la Agencia Tributaria, que valorar¨¢n los bienes de propiedad municipal que han sido objeto de convenios urban¨ªsticos. Un catedr¨¢tico universitario de Historia del Arte y la directora del Museo de M¨¢laga tasar¨¢n los cuadros y objetos de arte que se intervinieron en las casas de Roca y por las que el ex asesor urban¨ªstico pag¨® m¨¢s de 25 millones de euros. Adem¨¢s, si la sala lo acepta, comparecer¨¢n como testigos el comisario jefe de la Unidad contra la Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal, Jos¨¦ Luis Olivera, as¨ª como otros 62 agentes del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa.

Seg¨²n el fiscal, Roca, constituy¨® una "verdadera organizaci¨®n, integrada por un nutrido grupo de personas, que bajo su direcci¨®n gestionaban y administraban su patrimonio como si de una empresa se tratara", y apunta que el blanqueo de fondos asciende a cerca de 245 millones de euros.