Crisis de valores

La crisis financiera y econ¨®mica que padece Espa?a ya forma parte de nuestra m¨¢s cruda realidad. Atr¨¢s quedan toda clase de explicaciones que disfrazaban, por decirlo suavemente, la percepci¨®n que de esta situaci¨®n ya ten¨ªamos los ciudadanos. El Banco de Espa?a lo advert¨ªa en el a?o 2008, mientras el Gobierno miraba para otro lado en un intento de desactivar la alarma que venia sembrando la oposici¨®n. Hoy ya no se duda, y ah¨ª est¨¢n los datos que diariamente se facilitan por todos los medios de comunicaci¨®n, para hacer ver que los ciudadanos entienden que la gesti¨®n de esta crisis no se ha llevado acertadamente y que la mayor responsabilidad, l¨®gicamente, debe recaer sobre el presidente de Gobierno. Tampoco cabe duda de que esta forma de gestionar le ha distanciado de los ciudadanos.

Sin embargo pienso que, a diferencia de la soluci¨®n de una crisis que va para largo, este distanciamiento puede empezar a acortarse. El reconocimiento de la realidad econ¨®mica y la adopci¨®n de medidas aceptadas por los foros econ¨®micos internacionales permiten presumir de su eficacia. En cambio, la posici¨®n del Partido Popular, haciendo del miedo su bandera y su nula participaci¨®n en la adopci¨®n de estas medidas, puede hacer que el distanciamiento del Gobierno con los ciudadanos sea cada vez menor. Seguramente ser¨¢ por hacer verdad aquello que el hombre es el ¨²nico animal que tropieza con la misma piedra. Y ya sabe el PP como le fue en su anterior campa?a con el miedo.

En todo caso, adem¨¢s de la Crisis con may¨²sculas hay otras que, no por no afectar a la econom¨ªa, no dejan de tener su importancia. Esta semana a poco que se hayan hojeado los medios de comunicaci¨®n hemos sabido que el alcalde de El Ejido ha salido de prisi¨®n y se niega a abandonar el Ayuntamiento.

Tambi¨¦n que el presidente de la Generalitat valenciana deja que las urnas sean las que determinen su inocencia por el delito de cohecho impropio por el que est¨¢ imputado. Igualmente hemos conocido que un juez -Urqu¨ªa- ha sido condenado a dos a?os de prisi¨®n por los delitos de cohecho y prevaricaci¨®n y alg¨²n a?o m¨¢s de inhabilitaci¨®n. Y a otro juez, cuyo nombre y apellidos aparecen en los medios con las letras R.C., le interesa el fiscal una pena de tres a?os y algo m¨¢s de prisi¨®n. Se le acusa de vejar a su ex pareja y le atribuye, entre otros actos, invitarla a beber su orina como se?al de amor, am¨¦n de atizarle alg¨²n latigazo y dirigirle algunas expresiones miserables que, por esta raz¨®n, me niego a seguir reflejando.

Son noticias de hechos que ya se han reflejado en alguna sentencia o est¨¢n dentro de procedimientos judiciales avanzados con acusaciones e imputaciones ya formalizadas respecto de personas con poder, como son jueces, alcaldes o presidentes de una comunidad. Y en estos casos echo de menos que las instituciones, que representan a la judicatura y a los grupos pol¨ªticos, salgan y digan p¨²blicamente que rechazan sin fisuras estos comportamientos. Esta ausencia de respuestas, a diferencia de otras actuaciones que surgen frente al adversario pol¨ªtico o por razones puramente corporativas como se ha visto en la reciente huelga de jueces, no invitan a pensar que este desprestigio, que cada vez alcanza m¨¢s a la pol¨ªtica y a la justicia, pueda cambiar de tendencia en un futuro.

Se impone, pues, que propiciemos entre todos un cambio de tendencia. Es muy importante para el Estado en general y para cada ciudadano en particular recuperar la confianza y el bienestar que disfrut¨¢bamos. Medidas econ¨®micas ya se est¨¢n adoptando con esta finalidad a nivel del Estado y de Andaluc¨ªa. Pero es tan importante o m¨¢s que el inter¨¦s por los votos para acceder al gobierno y el corporativismo no se empleen para excusar con el silencio una falta de valores en quienes nos dirigen. En estas crisis se echan en falta algunas medidas.

El Parlamento es el mejor lugar para adoptarlas con unas leyes que pongan freno a estos poderosos que no pierden su poder ni en prisi¨®n ni en libertad vigilada.