La dictadura del funcionariado

La administraci¨®n de los bienes p¨²blicos exige para el cumplimiento de sus fines la actuaci¨®n de personas f¨ªsicas. Es as¨ª como nace la funci¨®n p¨²blica, que, seg¨²n preconizan sus exegetas, es tarea ingrata y sacrificada y, en cualquier caso, accesible a todos los ciudadanos, pues el ingreso en tan noble funci¨®n debe respetar los principios de igualdad, m¨¦rito, capacidad y publicidad. Loables principios que el desarrollo de los Estados ha acabado arrinconando en aras del clientelismo pol¨ªtico y de la endogamia.

Es innegable que los grandes complejos mercantiles e industriales de la era moderna ser¨ªan imposibles sin el "aparato administrativo" que los controla y gobierna, pero las quiebras empresariales y, en general, las exigencias de eficacia y rentabilidad provocan que, peri¨®dicamente, tales estamentos se renueven y actualicen simplificando sus procedimientos. Justo lo contrario de lo que acontece en la Administraci¨®n p¨²blica, en donde el intervencionismo estatal, las tendencias socialistas o socializantes y, sobre todo en nuestro pa¨ªs, las descentralizaciones acometidas en los ¨²ltimos a?os, han multiplicado el n¨²mero de funcionarios. De tal forma que a un crecimiento aritm¨¦tico de la poblaci¨®n corresponde un aumento geom¨¦trico de la burocracia. Cierto que la asunci¨®n por los poderes p¨²blicos de un mayor n¨²mero de tareas y prestaciones requiere la incorporaci¨®n de m¨¢s individuos a su servicio. Y es aqu¨ª en donde radica la esencia del problema: ?al servicio de qui¨¦n est¨¢n esos ciudadanos?

Es una casta con dispensas dif¨ªcilmente justificables. Sorprende c¨®mo se tolera tanta desigualdad

Te¨®ricamente al servicio del Estado en sus diferentes variantes o formas, de hecho se arrogan el apelativo de "servidores p¨²blicos", es decir, servidores del pueblo; pero los contribuyentes que no dependemos de las arcas p¨²blicas y de cuyos impuestos y tributos los funcionarios detraen sus salarios, padecemos y soportamos la realidad de una situaci¨®n cada vez m¨¢s insostenible y agobiante. Y lo ins¨®lito de tal escenario estriba en saber por qu¨¦ la mayor¨ªa de la sociedad civil asume con naturalidad y estoicismo la pl¨¦tora funcionarial y, en demasiadas ocasiones, su arrogancia o su ineficacia e indolencia. Se llega al extremo de primar o incentivar a alg¨²n empleado p¨²blico por llegar puntual a su trabajo, o gratificar a integrantes de las Fuerzas Armadas por acudir a zonas de conflicto. Por no aludir a los hospitales p¨²blicos radicados en urbes vacacionales que reducen su personal y capacidad operativa en ¨¦poca estival. ?Qu¨¦ dir¨ªamos del hotel que cuando puede tener mayor ¨ªndice de ocupaci¨®n da holganza a su personal y cierra habitaciones?

Son situaciones an¨®malas y parad¨®jicas fruto del desarrollo de lo que desde mediados del siglo XIX denominamos Estado de Bienestar y que la actual crisis econ¨®mica seguramente nos har¨¢ reconsiderar. Lo que deber¨ªa ser un aparato administrativo ejemplar y diligente al servicio de la comunidad ha devenido, con el paso de los a?os, en una elefanti¨¢sica estructura funcionarial, ajena a los criterios de eficacia, rentabilidad y ahorro, que, escudada en conceptos injustos y discriminatorios como "derechos adquiridos" o "plaza en propiedad", han convertido al Estado en reh¨¦n de sus intereses y a los ciudadanos aut¨®nomos y clases trabajadoras en atemorizados patrocinadores de su privilegiado estatus. La coerci¨®n pas¨® del ¨¢mbito del se?or¨ªo feudal al "imperio de la ley", dictado, regulado y administrado por sus grandes beneficiarios: los servidores p¨²blicos.

Bur¨®cratas y funcionarios legislan y sancionan desde sus acomodados despachos, desconociendo en demasiadas ocasiones la penosa realidad del tributario. Es as¨ª como una aplicaci¨®n rigurosa de la prolija legislaci¨®n vigente paralizar¨ªa la actividad productiva y comercial de este pa¨ªs. Por no mencionar las abundantes leyes y los encomiables principios que solo pueden tener vigencia y desarrollo dentro de sus privilegiadas estructuras.

Y aunque no es infrecuente el antagonismo entre cuerpos u organismos funcionariales, es evidente que la permeabilidad y el corporativismo de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, y, en general, de la burocracia estatal o p¨²blica, ha generado una casta o nobleza de terno que, en comparaci¨®n al resto de la ciudadan¨ªa, disfruta de prerrogativas, dispensas, inmunidades y ventajas dif¨ªcilmente justificables. Por eso, es sorprendente (y exasperante) el estoicismo e impavidez con que el resto de la poblaci¨®n asume y tolera tanta injusticia y desigualdad. Es posible que algo tenga que ver la expectativa de poder acceder a tan envidiable ocupaci¨®n. De ah¨ª la pl¨¦yade de aspirantes en pos del vitalicio acomodo estatal o p¨²blico.

El uso, adulteraci¨®n y mixtificaci¨®n por las clases dominantes (sindicatos incluidos), de conceptos y principios respetables, ideados para la defensa de los oprimidos, como "salario digno" o "huelga", no es si no el s¨ªntoma de que algo no va bien en nuestra sociedad, que contempla, impasible, el oprobio de ver a servidores p¨²blicos, como los jueces o las fuerzas policiales, o a clases privilegiadas, como los m¨¦dicos o pilotos a¨¦reos, ejerciendo el "derecho a la manifestaci¨®n".

Confiemos en que la actual e inclemente crisis econ¨®mica (y de principios) tambi¨¦n redefina y acote el ¨¢mbito y la actuaci¨®n de tanto "servidor p¨²blico". La ciudadan¨ªa en general y la econom¨ªa en particular lo agradecer¨ªan.

Segismundo Garc¨ªa es empresario