El juez mantiene la imputaci¨®n de Carlos Fabra por tres delitos

El titular del juzgado n¨²mero 1 de Nules, Jacobo Pin, ha decidido mantener las imputaciones contra el presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, por los presuntos delitos de tr¨¢fico de influencias, cohecho y fraude fiscal, seg¨²n fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). En el auto dictado ayer el juez rechaza la solicitud de archivo de la causa planteada por el dirigente del PP y considera que el procedimiento debe continuar. La decisi¨®n acerca, as¨ª, a Fabra al banquillo de los acusados, aunque todav¨ªa queda un tr¨¢mite por cumplir, que se cumplimentar¨¢ cuando las partes califiquen los hechos y especifiquen las penas de c¨¢rcel que le corresponder¨ªan al dirigente del PP por cada uno de los delitos cometidos.

Pin rechaza imputar a los directores de los bancos en los que operaba Fabra

Despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, la acusaci¨®n popular y las defensas presenten este escrito, el juez decretar¨¢ el auto de conclusi¨®n del procedimiento en el que acordar¨¢ el sobreseimiento o la apertura de juicio.

Al margen de la decisi¨®n adoptada por el juez respecto a Fabra, el titular del juzgado n¨²mero 1 de Nules ha decidido seguir con la tesis de la fiscal¨ªa, que limit¨® a cuatro imputados el caso, excluyendo incluso de la acusaci¨®n de los delitos contra la Administraci¨®n p¨²blica a la esposa de Fabra, Mar¨ªa Amparo Fern¨¢ndez. De esta manera, el juez solo mantiene la imputaci¨®n sobre el presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, por los tres delitos mencionados, sobre su esposa, por fraude fiscal y sobre Vicente Vilar, el empresario que le acus¨® de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores pol¨ªticos, y la esposa de este, Monserrat Vives, por tr¨¢fico de influencias y cohecho.

Por ello, en el auto declara el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa para ocho personas que manten¨ªan la condici¨®n de imputadas, as¨ª como para el noveno imputado, que falleci¨® durante la tramitaci¨®n del procedimiento.

El fiscal no esgrimi¨®, ni en la vistilla ni a la salida del juzgado, las razones por las que adopt¨® esta decisi¨®n, que ahora ampara el juez y que, en cualquier caso, tiene como base legal la ausencia de indicios para juzgar la participaci¨®n de ning¨²n funcionario o cargo p¨²blico en la trama, pese a las decenas de escritos que, por ejemplo, remit¨ªa el ahora ex senador del PP Miguel Prim interes¨¢ndose por los productos de Vilar.El titular del juzgado n¨²mero 1 de Nules, Jacobo Pin, ha desestimado los recursos de reforma presentados contra el auto que transformaba las diligencias previas del caso Fabra en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Entre los recursos se encontraba el de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, en el que reclamaba que la competencia para juzgar al presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, correspond¨ªa a un tribunal de jueces y no a un tribunal popular, tal como hab¨ªa se?alado el juez e igual que hab¨ªa solicitado la acusaci¨®n popular, que representa a la Uni¨®n de Consumidores.

Sin embargo, en la desestimaci¨®n del recurso, el juez de Nules insiste en que, por los supuestos delitos cometidos, tr¨¢fico de influencias y cohecho, la competencia es de un jurado popular que, adem¨¢s, deber¨¢ resolver sobre los presuntos delitos fiscales (aunque no son competencia del tribunal del jurado), dada la conexi¨®n de estos con las principales acusaciones, que son las de haber intermediado ante la Administraci¨®n para tratar de agilizar autorizaciones para fabricar fitosanitarios y, despu¨¦s, cobrar por ello.

Otro de los recursos que el juez ha desestimado ha sido el del letrado de Fabra, que reclam¨® la nulidad del auto que daba fin a m¨¢s de seis a?os de instrucci¨®n.

De igual modo, el titular del juzgado n¨²mero 1 de Nules ha decidido no atender la solicitud de la acusaci¨®n popular, que pretend¨ªa extender la imputaci¨®n a los directores de los bancos en los que operaba Fabra, despu¨¦s de que los peritos detectaran ingresos millonarios que "no hubieran sido posibles sin la estrecha colaboraci¨®n de los directores de las oficinas bancarias", tal como sostuvo la acusaci¨®n. Tampoco ha aceptado la solicitud de la acusaci¨®n popular de que se imputara al empresario Antonio Bonet, quien admiti¨® haberse hecho cargo de un pr¨¦stamo de 390.000 euros solicitado por Fabra y que el empresario firm¨® como avalista. La acusaci¨®n entend¨ªa que ¨¦ste fue un "mecanismo alternativo" para ingresar dinero "d¨¢ndole de esta forma una cierta apariencia de legalidad, cuando en realidad no era m¨¢s que el pago por alg¨²n favor o alg¨²n negocio del Se?or Fabra". En cualquier caso, el juez no lo entiende as¨ª y Bonet no ha sido imputado.

Otra de las decisiones que ha adoptado el juez ha sido la de no admitir la pr¨¢ctica de pruebas solicitadas por el abogado de Fabra y de su esposa en la comparecencia celebrada el pasado viernes. Entre otras cosas, el letrado hab¨ªa solicitado que se requiriera a la Agencia Tributaria para que aportara las actas de conformidad o disconformidad del matrimonio Fabra sobre las inspecciones del impuesto de patrimonio realizadas entre 1999 y 2002. El presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n quer¨ªa tambi¨¦n que se tomara declaraci¨®n, en calidad de testigo, al inspector de Hacienda que realiz¨® la inspecci¨®n sobre las declaraciones del matrimonio tanto del IRPF como de patrimonio del ejercicio de 1999, que concluy¨® con una denuncia de la Agencia Tributaria por un presunto delito fiscal y que desencaden¨® el inicio de la investigaci¨®n sobre el patrimonio y las cuentas de la familia Fabra. Las pesquisas concluyeron con la redacci¨®n de un informe, elaborado durante m¨¢s de cuatro a?os, en el que los peritos judiciales, que tambi¨¦n son inspectores de Hacienda, destaparon la existencia de ingresos en las cuentas del matrimonio Fabra que no se corresponden con su patrimonio ni con su renta.

Seg¨²n el informe, tras analizar m¨¢s de ocho millones de euros ingresados en las cuentas de los Fabra entre 1999 y 2004, los peritos detectaron ganancias patrimoniales "no justificadas" que ascienden a 3,6 millones de euros. Adem¨¢s, el documento, que fue incluido en las diligencias, sostiene que el presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n y su esposa defraudaron a la Hacienda p¨²blica 1,7 millones de euros durante esos a?os, una acusaci¨®n que se concentra en la posible comisi¨®n de nueve presuntos delitos fiscales.