Murcia recula y dice ahora que acatar¨¢ la nueva ley del aborto

El presidente murciano, Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel (PP), empez¨® a recular ayer en su declarada intenci¨®n de esquivar la nueva ley del aborto. Su comunidad s¨ª acatar¨¢ la norma, dijo, tras conocer que no es probable que el Tribunal Constitucional -que estudia ahora un recurso interpuesto por su partido- suspenda su aplicaci¨®n. El martes, el ministerio de Sanidad envi¨® a las autoridades murcianas una carta en la que les instaba a adoptar "las medidas oportunas para, de manera inmediata, dar efectividad a la entrada en vigor de la ley".

Acataremos la ley, pero por "imperativo legal", asegur¨® Valc¨¢rcel en Bruselas. "No porque estemos de acuerdo con ella, ya que sus efectos son irreversibles". Y lo har¨¢ porque, tras una respuesta del Consejo General del Poder Judicial, ya no hay dudas jur¨ªdicas sobre si el Constitucional puede paralizar su aplicaci¨®n. Solventadas esas dudas, inform¨® un portavoz de la presidencia murciana, se mantienen, sin embargo, todas las incertidumbres t¨¦cnicas de aplicaci¨®n de la ley. Lo que sigue impidiendo, reiter¨® Valc¨¢rcel, su puesta en marcha.

El ministerio de Jim¨¦nez refuta las pegas t¨¦cnicas que aduce la regi¨®n

Murcia plante¨® estas cuestiones en una carta remitida a Sanidad el pasado viernes, y el ministerio de Trinidad Jim¨¦nez las zanj¨® en otra misiva el martes. La consejera de Sanidad, Mar¨ªa ?ngeles Palacios, se quejaba de que su regi¨®n no ha tenido tiempo de adaptarse a la ley. El ministerio le contest¨® que no entiende este argumento, "m¨¢xime cuando otras comunidades no han tenido problemas para proveer los medios y articular el procedimiento para ello".

Sanidad explica en esa carta que la nueva norma fue publicada el 4 de marzo y que Murcia, como el resto, tuvo oportunidad de seguir la evoluci¨®n de los reales decretos que la desarrollan -y que apenas introducen novedades t¨¦cnicas- a trav¨¦s de los distintos organismos de Sanidad, incluido, explican, el Consejo Interterritorial en el que participan todos los consejeros.

Murcia no ha cumplido con uno de los puntos fundamentales de la ley: la elaboraci¨®n de la documentaci¨®n que debe recibir la mujer para iniciar el periodo de reflexi¨®n de tres d¨ªas, sin el cual no puede realizarse la interrupci¨®n del embarazo. La consejera asegura no haber tenido tiempo y se escuda en que la gu¨ªa elaborada por Sanidad para ayudar a las regiones a redactar los textos les lleg¨® hace apenas una semana. El ministerio responde que ya el 16 de junio se adelant¨® el contenido.

Valc¨¢rcel insisti¨® adem¨¢s ayer en uno de los argumentos t¨¦cnicos que considera fundamentales, que ninguna de las cinco cl¨ªnicas que hay en su regi¨®n est¨¢ acreditada para practicar abortos conforme a todos los supuestos de la nueva ley, "ya que no ha existido tiempo material de cumplir con este procedimiento".

"Los centros sanitarios privados podr¨¢n seguir realizando las actividades para las que hubiesen sido acreditados, conforme a las normas vigentes antes de la entrada en vigor del nuevo marco jur¨ªdico, hasta que la autoridad sanitaria resuelva la solicitud de una nueva acreditaci¨®n", responde Sanidad. Y explica que para pedir esta nueva acreditaci¨®n, las cl¨ªnicas tienen cuatro meses de plazo.

Todav¨ªa ayer, fuentes de la presidencia murciana, aseguraban que persiste la intenci¨®n de derivar a las mujeres a abortar a otras regiones. Mientras, Sanidad e Igualdad aguardan a verificar las posiciones de esta y otras comunidades. Sanidad recordaba el viernes a las autonom¨ªas la existencia de la llamada Alta Inspecci¨®n, una capacidad que tiene el Estado para comprobar que no hay discriminaci¨®n en el acceso a la prestaci¨®n en las distintas regiones, vulneraci¨®n que ya se estar¨ªa produciendo por Murcia.

Pero mientras esta regi¨®n intenta dar marcha atr¨¢s en su rebeli¨®n contra la ley, se suceden las llamadas de atenci¨®n a esta comunidad. La asociaci¨®n de juristas Preeminencia del Derecho present¨® ayer una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra Valc¨¢rcel por no querer aplicar la ley de plazos.