Acci¨®n de hojalata

El Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea ha dictaminado que fue ilegal el uso de los derechos especiales (acci¨®n de oro) que mantiene el Gobierno portugu¨¦s sobre la empresa Portugal Telecom (PT), mediante los cuales vet¨® la venta a Telef¨®nica de la participaci¨®n de PT en la operadora brasile?a Vivo por un importe de 7.150 millones de euros. La sentencia es rotunda y clara. Sostiene que "Portugal ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulaci¨®n de capitales", que ostenta "una influencia sobre la gesti¨®n de PT que no est¨¢ justificada por la magnitud de la participaci¨®n que mantiene" y rechaza la potestad que se reserva el Ejecutivo de nombrar a la tercera parte del Consejo, as¨ª como el derecho de veto en la elecci¨®n de directores y del consejo auditor.

En s¨ªntesis, el Tribunal respalda sin ambages la denuncia de la Comisi¨®n Europea (CE) por el uso de la acci¨®n de oro, y la propia CE ha instado al Gobierno portugu¨¦s a que cumpla r¨¢pidamente la sentencia. La claridad de la sentencia, el rechazo comunitario de los vetos pol¨ªticos a la libertad de circulaci¨®n de capitales y la posici¨®n de la mayor¨ªa de los accionistas de PT, partidarios de la operaci¨®n, deber¨ªan ser razones suficientes para que el Gobierno de S¨®crates renunciara a obstaculizar una decisi¨®n empresarial sin complicaciones estrat¨¦gicas. Pero el primer ministro y su equipo, heridos en su honor por el dictamen, parecen dispuestos a elegir el camino agotador de la dilaci¨®n administrativa. Eso se desprende de la interpretaci¨®n del ministro de la Presidencia, Silva Pereira, quien asegura que la sentencia "abre una nueva fase en la que el Estado luso buscar¨¢ soluciones que permitan un respeto integral de la legislaci¨®n comunitaria, pero tambi¨¦n de sus intereses".

Es de temer que la "nueva fase" demore la venta, encarezca el precio m¨¢s all¨¢ de lo razonable (los 7.150 millones son ya un precio muy por encima del de mercado) y faculte a Lisboa para imponer condiciones que impidan la firma efectiva de la operaci¨®n. Silva Pereira entiende incorrectamente que la sentencia "no pone en cuesti¨®n la existencia de derechos especiales" y que tiene "una eficacia meramente declarativa". Pero el caso es que s¨ª lo hace, desde el momento en que reitera que la acci¨®n de oro restringe la libre circulaci¨®n de capitales. Y rechaza adem¨¢s las f¨²tiles invocaciones a la seguridad nacional. Por tanto, si S¨®crates impone su pintoresca interpretaci¨®n del dictamen y obstaculiza o encarece la venta de Vivo a Telef¨®nica, habr¨¢ que concluir que la seguridad jur¨ªdica en Portugal es muy cuestionable.

Dice el presidente de la Comisi¨®n, Dur?o Barroso, que garantizar¨¢ su aplicaci¨®n. Su palabra tendr¨¢ valor si la operaci¨®n se negocia al ritmo que marquen los accionistas (Telef¨®nica y PT ya est¨¢n en ello) y se firma en condiciones similares a las del pasado 30 de junio. Pero la ilegal acci¨®n de oro habr¨¢ triunfado si Telef¨®nica tiene que renunciar a Vivo a causa de tramposas negociaciones interminables o restricciones pol¨ªticas insensatas.