La ley del aborto

Tras un per¨ªodo de vacatio legis de cuatro meses desde su aprobaci¨®n definitiva por las Cortes Generales y posterior publicaci¨®n en el BOE, la pasada semana entr¨® en vigor la nueva ley que regula el aborto en Espa?a. Fue acompa?ada de la interposici¨®n de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Partido Popular. Y a esta decisi¨®n del principal partido de la oposici¨®n en Espa?a se vino a sumar, lamentablemente, la actitud de obstaculizaci¨®n (y en algunos casos de verdadera insumisi¨®n) a la aplicaci¨®n de la ley en algunas comunidades aut¨®nomas gobernadas por el PP.

A la cabeza de ellas se situ¨® la Comunidad murciana, cuyo inefable presidente lleg¨® hasta el extremo de declarar (aunque a la postre ha rectificado) que "no hab¨ªa razones para acatar la nueva ley" porque "todav¨ªa no est¨¢ en su punto final". Por su parte, Galicia comenz¨® con una resistencia pasiva (al m¨¢s puro estilo galaico), dado que en principio pretend¨ªa no incluir la preceptiva informaci¨®n relativa a los centros de salud sexual y reproductiva, ni la referente a las posibilidades que tienen las embarazadas que deseen abortar de continuar percibiendo ayudas.

Galicia comenz¨® con una resistencia pasiva, amag¨® con negar informaci¨®n sobre salud reproductiva

Desconoc¨ªa que mantener el embarazo frente al aborto fuese un indicador de inteligencia

Probablemente, en esta actitud inicial influy¨® la conocida posici¨®n ideol¨®gica de la conselleira Pilar Farjas ante el aborto, quien en el momento en que el Parlamento espa?ol aprob¨® la ley de plazos nos sermone¨® con expresiones tales como que "defender la vida es un logro del avance cient¨ªfico", y que "la ciencia nos permite ver la grandeza de quien fue capaz de crear la vida", y que el ate¨ªsmo "deja a los ciudadanos sin fuerza moral".

Tuvo que ser el propio presidente N¨²?ez Feij¨®o el encargado de rectificar, con unas juiciosas declaraciones en las que -en sinton¨ªa con la direcci¨®n nacional de su partido- se ven¨ªa a reconocer algo obvio en un Estado de Derecho, esto es, que, aun admitiendo su discrepancia con el Gobierno de Espa?a en este aspecto, "mientras las leyes no se deroguen deben cumplirse", y que lo que, en su caso, har¨¢ la Administraci¨®n auton¨®mica es "apoyar a las mujeres que quieran tener hijos". Eso s¨ª, lo que ya no me pareci¨® tan juicioso fue lo que a?adi¨® a continuaci¨®n, imbuido -consciente o inconscientemente- del esp¨ªritu de Filar Farjas, a saber, que optar por continuar con el embarazo "es mucho m¨¢s positivo e inteligente que el aborto". As¨ª, con el calificativo "positivo" Feij¨®o nos estaba reintroduciendo, por de pronto, los criterios ¨¦ticos en el debate, con lo que (como aclar¨¦ en una columna anterior) incurre en el error de mezclar indebidamente lo que Wittgenstein denomin¨® el sentido trivial o relativo y el sentido ¨¦tico o absoluto del lenguaje.

Ahora bien, al aludir a la mayor "inteligencia", confieso que me ha dejado desorientado, puesto que desconoc¨ªa que mantener el embarazo frente al aborto fuese un indicador del coeficiente de inteligencia del ser humano, lo que, de ser as¨ª, constituir¨ªa desde luego un hallazgo cient¨ªfico extraordinario, al que habr¨ªa que buscarle a su vez las bases neurobiol¨®gicas para conseguir que los restantes seres humanos podamos beneficiarnos de ello con el fin de aumentar nuestro magro coeficiente intelectual.

Lo que s¨ª comparto con Feij¨®o es la sorpresa que nos caus¨® que el Gobierno de Espa?a "adoptase medidas que no llevaba en su programa electoral" y que -esto lo a?ado yo- se acordase del aborto s¨®lo cuando era electoralmente rentable. Y es que, en efecto, causa estupor recordar que el PSOE no incluy¨® en su programa de 2008 la reforma del aborto con el argumento -aireado por sus dirigentes- de que "no hab¨ªa el suficiente consenso para introducir un sistema de plazos". Dejando ya al margen la flagrante contradicci¨®n con el dato de que el PSOE present¨® en 1996 un proyecto de ley en las Cortes y que el sistema del plazo fue incorporado a su programa electoral en el a?o 2004 por amplia mayor¨ªa, hay que reiterar que lo que se persigue con este sistema no es "legalizar" el aborto, sino ¨²nicamente renunciar al castigo penal, y s¨®lo en determinados supuestos. Por tanto, el consenso (un ampl¨ªsimo consenso) se necesita precisamente para lo contrario, o sea, para mantener la sanci¨®n penal, porque en un Estado democr¨¢tico de Derecho es principio b¨¢sico considerar que la intervenci¨®n del Derecho Penal ¨²nicamente ser¨¢ leg¨ªtima cuando se encuentre cimentada en una opini¨®n compartida de forma generalizada por los ciudadanos. De ah¨ª que la penalizaci¨®n del aborto consentido careciese de toda legitimidad en Espa?a desde hace muchos, much¨ªsimos a?os.