Desgana y carpetazo

La investigaci¨®n judicial por el supuesto espionaje a dos relevantes cargos p¨²blicos del Partido Popular, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero auton¨®mico de la Comunidad madrile?a y ahora responsable nacional de Emigraci¨®n de su partido, Alfredo Prada, ha sido llevada con tan exasperante lentitud y aparente desgana que todo hac¨ªa pensar que se estaba a la espera de alg¨²n pretexto para cerrarla sin consecuencia alguna para los esp¨ªas y sus jefes. Y eso es exactamente lo que ha sucedido.

La juez que abri¨® hace a?o y medio diligencias para esclarecer los hechos ha decidido sobreseerlas y archivarlas provisionalmente. Su investigaci¨®n no ha logrado aclarar nada. Pod¨ªa al menos haber llamado a declarar a la persona que p¨²blicamente ha confirmado la existencia de la trama de espionaje, funcionaria durante a?os de la Comunidad de Madrid hasta su reciente despido y en tr¨¢mites de divorcio con el presunto jefe de los esp¨ªas y director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gam¨®n.

Lo ¨²nico que queda claro y como un hecho incontrovertido, aunque inexplicado, tras una investigaci¨®n judicial m¨¢s bien ab¨²lica y escasa, es que el denunciante Manuel Cobo se sinti¨® espiado y objeto de seguimientos por parte de miembros de la Consejer¨ªa de Interior de la Comunidad de Madrid. Y que no era solo imaginaci¨®n, sino que ese sentimiento ten¨ªa algo que ver con la realidad lo desmuestra que los partes que daban cuenta de los movimientos de Cobo y Prada existieron, aunque la juez dude de que respondieran a seguimientos reales y efectivos, dado su contenido poco concreto y tambi¨¦n su redacci¨®n escasamente profesional. Pero que esos partes fueran una chapuza no es un argumento contra la realidad de los seguimientos: es conocido que la chapuza y la poca finura profesional son ingredientes, en muchos casos, que forman parte de la actividad del espionaje.

Los implicados, desde el presunto jefe de la red al grupo de agentes del Gobierno de Aguirre que la integraban, han negado a la juez que realizaran dichos seguimientos, a pesar de la evidencia de los partes. No cab¨ªa esperar otra cosa. La existencia de tales partes deber¨ªa dar lugar, en todo caso, a algo m¨¢s que a una posible reparaci¨®n civil, como sugiere la juez a Cobo y Prada, si consideran que su intimidad ha podido quedar da?ada. Atentar contra la intimidad de las personas tambi¨¦n puede tener una dimensi¨®n penal. Sobre todo si son empleados p¨²blicos quienes as¨ª act¨²an y utilizan medios p¨²blicos para hacerlo.

Los que se sintieron espiados no han obtenido el amparo debido, dando la sensaci¨®n de que el acto cometido contra ellos ha quedado impune. No solo eso. Un hecho tan grave en democracia como el supuesto espionaje a adversarios pol¨ªticos ha quedado difuminado en comisiones de partido y parlamentarias ama?adas y, finalmente, en manos de una justicia desganada e impotente.