La renovaci¨®n del TC
La afinidad pol¨ªtica debe ceder ante el compromiso constitucional de los candidatos
El Senado ha puesto en marcha el proceso de renovaci¨®n de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) cuya designaci¨®n le corresponde. Lo hace casi tres a?os despu¨¦s de concluido el plazo legal, lo que pone de manifiesto el grado de irresponsabilidad institucional con que se conducen, con escasa diferencia, el PP y el PSOE, los dos partidos que por la fuerza de su representaci¨®n parlamentaria tienen encomendada esa tarea. La renovaci¨®n se produce, adem¨¢s, en un momento en el que el prestigio del TC se encuentra en el nivel m¨¢s bajo de su historia, como consecuencia del penoso proceso de elaboraci¨®n de la sentencia sobre el Estatuto catal¨¢n, dificultado sin duda por el car¨¢cter an¨®malo de "recurso a la totalidad" que ha tenido la iniciativa del PP contra esa norma.
Por primera vez las asambleas legislativas de las comunidades aut¨®nomas han podido participar en la presentaci¨®n de candidatos, de acuerdo con una reciente reforma legal. Adem¨¢s de corresponderse con el car¨¢cter territorial del Senado, la reforma busca enriquecer la composici¨®n del tribunal con la presencia de magistrados originariamente propuestos por las entidades territoriales. Pero hecha la ley, hecha la trampa, pues el PP se las ha apa?ado para presentar en todas las comunidades a los dos mismos candidatos: el presidente del anterior Consejo del Poder Judicial, Francisco Hernando, y su portavoz, Enrique L¨®pez, si bien este ¨²ltimo ya ha quedado oficialmente descartado por no cumplir el requisito legal de llevar al menos 15 a?os en el ejercicio profesional.
Del examen de los 20 candidatos de los 22 propuestos por las comunidades aut¨®nomas, el Senado, que se ha dado hasta septiembre para decidir, deber¨ªa escoger a los de mayor solvencia jur¨ªdica e independencia de criterio, de inequ¨ªvoca sinton¨ªa con los valores constitucionales y con el grado de especializaci¨®n exigible a los miembros del Constitucional. Pero tal y como se llev¨® a cabo ese examen la semana pasada -un tr¨¢mite m¨¢s bien rutinario que un verdadero escrutinio- es dudoso que la selecci¨®n responda a aquellos criterios. No parece que en ese "perfil profesional" encaje la trayectoria de Hernando, marcada sobre todo por la puesta a disposici¨®n del PP del anterior Consejo del Poder Judicial, en su estrategia de rechazo frontal a las iniciativas legislativas del Gobierno de Zapatero en su primera legislatura.
De qu¨¦ tipo de TC se perfile depender¨¢ en buena medida la calidad de la democracia espa?ola y la perdurabilidad en el tiempo de la Constituci¨®n de 1978. La funci¨®n de "constituyente prorrogado" que despliega el TC deber¨ªa impulsarle a una interpretaci¨®n siempre actualizada de la Constituci¨®n que, respetando su originario esp¨ªritu de consenso y pacto, tenga en cuenta los cambios pol¨ªticos y sociales de la Espa?a actual. Una interpretaci¨®n as¨ª habr¨ªa mejorado la sentencia sobre el Estatuto catal¨¢n.
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