La pulsera contra el maltrato resulta eficaz, pero se utiliza poco

Los dispositivos para el control telem¨¢tico de las medidas de alejamiento de los maltratadores han cumplido un a?o y, seg¨²n las instituciones implicadas en su funcionamiento (el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscal¨ªa General del Estado), el sistema est¨¢ dando resultado en los casos en los que se ha instalado. Pero se instala poco. De los 3.000 dispositivos disponibles, solo 336 est¨¢n en uso. El Ministerio de Igualdad reconoce que son "menos de los que se esperaban".

Este sistema permite verificar que el hombre no se salta ninguna de las medidas cautelares de alejamiento impuestas por el juez. Cuando lo hace, salta una alarma en el centro de control, activo las 24 horas. El ¨²ltimo balance, que recoge los datos desde agosto de 2009 hasta el 15 de mayo de este a?o, cifra en 1.987 el n¨²mero de alertas que han llevado a poner en marcha el protocolo de seguridad para que la polic¨ªa o la Guardia Civil se desplace al punto donde, supuestamente, el maltratador se est¨¢ saltando el alejamiento.

Igualdad admite que la implantaci¨®n est¨¢ siendo "demasiado lenta"

El Poder Judicial pide que el juez tenga datos sobre el riesgo de la v¨ªctima

"Est¨¢ funcionando muy bien y ha evitado agresiones", asegura el delegado del Gobierno para la Violencia de G¨¦nero, Miguel Lorente, que cree que el sistema cumple un triple objetivo: disuadir al agresor; hacer que las v¨ªctimas se sientan m¨¢s seguras y, con ello, facilitar su recuperaci¨®n; y documentar los quebrantamientos de las ¨®rdenes de alejamiento. Con todo, Lorente admite que la implantaci¨®n est¨¢ siendo "demasiado lenta". "Se pod¨ªa haber hecho un uso m¨¢s frecuente. Si hay elementos para actuar, hay que actuar".

Estas pulseras de seguimiento est¨¢n pensadas para casos catalogados como de riesgo alto o extremo y su uso lo acuerda un juez. El protocolo firmado por el Gobierno, el CGPJ y la Fiscal¨ªa recoge que el ¨®rgano judicial decretar¨¢ esta medida "en funci¨®n de la disponibilidad de dispositivos" e Igualdad ya se mostr¨® entonces dispuesta a incrementar el n¨²mero de unidades ante la posibilidad de que las 3.000 iniciales fueran pocas. Pero sobran m¨¢s de 2.600.

El delegado para la Violencia de G¨¦nero considera que, salvo contadas excepciones, en todos los casos de riesgo alto o extremo deber¨ªa implantarse. Sin embargo, en marzo de este a?o la polic¨ªa contabilizaba 514 mujeres en esta situaci¨®n de riesgo y solo 234 v¨ªctimas portaban el dispositivo telem¨¢tico. Desde entonces el n¨²mero se ha incrementado hasta 336, pero los responsables de la lucha contra la violencia machista coinciden en que siguen siendo insuficientes.

Para Lorente, parte de culpa de la baja implantaci¨®n radica en la falta de informaci¨®n o de convencimiento entre algunos jueces. "Tienen que tener en cuenta que hay un instrumento m¨¢s para proteger a la v¨ªctima y que, adem¨¢s, es eficaz". Esa falta de "conocimiento a fondo" lleva, seg¨²n Lorente, a que algunos jueces se hayan mostrado reacios a acordar el uso del brazalete por entender que no es proporcional y supone una especie de Gran Hermano en el que el agresor est¨¢ siempre vigilado. "Pero el sistema solo se pone en marcha cuando el hombre se aproxima a la v¨ªctima", aclara el delegado.

El juez es el que tiene la responsabilidad de decidir el uso de este dispositivo, pero el Gobierno, la Fiscal¨ªa y el CGPJ reconocen que los instructores no siempre tienen en su mano la informaci¨®n que necesitan para tomar la decisi¨®n. "Los jueces deber¨ªan tener a su disposici¨®n informes periciales de riesgo desde el primer momento, pero no los tienen", lamenta Inmaculada Montalb¨¢n, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de G¨¦nero, dependiente del CGPJ. Desde 2007, los atestados policiales y de la Guardia Civil incluyen una valoraci¨®n del riesgo que sufre la denunciante. Pero seg¨²n Montalb¨¢n, esta valoraci¨®n se nutre de la declaraci¨®n de la mujer, que a menudo tiende a "minimizar el riesgo". "Lo que habr¨ªa que impulsar es que los jueces tengan informes periciales completos, que no solo incluyan el testimonio de la v¨ªctima, sino tambi¨¦n de su familia, el agresor, psic¨®logos y todo el que pueda aportar informaci¨®n relevante", advierte la presidenta del observatorio.

Esta informaci¨®n debe salir de las unidades integrales de valoraci¨®n forense, que emiten informes a petici¨®n de los jueces. Pero Montalb¨¢n lamenta que esa documentaci¨®n "casi nunca" est¨¢ en manos del instructor en las 72 horas que tiene para decidir las medidas cautelares sobre el denunciado, incluida la pulsera de seguimiento. En ninguno de los casos de mujeres fallecidas en 2009 que ten¨ªan orden de protecci¨®n exist¨ªa un informe pericial de valoraci¨®n del riesgo, asegura Montalb¨¢n.

La fiscal¨ªa especialista en violencia sobre la mujer, que dirige Soledad Cazorla, tambi¨¦n considera que hay que fomentar el uso de las pulseras y ha pedido informaci¨®n a los fiscales delegados en esta materia para intentar averiguar por qu¨¦ no se usan m¨¢s. Cazorla no cree que exista "una reacci¨®n en contra" de estos dispositivos. Al margen de la falta de rodaje del sistema, la fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer advierte de que no es f¨¢cil tomar la decisi¨®n. "Lo primero que se plantea el fiscal es si hay que pedir prisi¨®n preventiva. Y puede que nos encontremos casos en ese l¨ªmite en el que la libertad del agresor puede causar problemas, pero tampoco hay que meterle en prisi¨®n". Es en esas circunstancias en las que la pulsera resulta m¨¢s ¨²til.