Aguirre podr¨ªa actuar ya en la Ca?ada Real

El Defensor del Pueblo ha lanzado un mensaje contundente a la Comunidad de Madrid: el Gobierno regional cuenta con los medios suficientes para actuar cuanto antes en la Ca?ada Real. El defensor, Enrique M¨²gica, repite varias veces en su informe de 2009 que la Comunidad no necesita ninguna ley ad hoc para atajar los problemas de esta v¨ªa pecuaria de 15 kil¨®metros, donde malviven m¨¢s de 30.000 personas, porque ya tiene otras leyes que le permiten actuar en la zona.

El problema de la Ca?ada Real "es, a juicio de esta instituci¨®n, un problema con aspectos urban¨ªsticos y de vivienda, de peligro ante inundaciones, pero tambi¨¦n de seguridad ciudadana y de atenci¨®n social e incluso de salud p¨²blica", reza el escrito. Por esto, la nueva ley -de coste cero en su aplicaci¨®n- que prepara la Comunidad y que contempla ¨²nicamente la regulaci¨®n del territorio es, seg¨²n M¨²gica, "insuficiente".

Las 12 p¨¢ginas dedicadas a analizar la situaci¨®n de la Ca?ada Real no escatiman en reproches que enfatizan la "escasa colaboraci¨®n" de la Administraci¨®n: "La Comunidad de Madrid propugna, como dicen sus leyes, una regi¨®n constitutiva de uno de los mayores y m¨¢s avanzados centros de servicios de Espa?a, un n¨²cleo industrial de primera magnitud; (...) sin embargo, al mismo tiempo, y seg¨²n las zonas, concurren en ella los problemas propios de las regiones atrasadas en su desarrollo, los del declive industrial y los de las grandes aglomeraciones urbanas".

En opini¨®n de M¨²gica, la ley de rehabilitaci¨®n de espacios urbanos degradados y de inmuebles que deben ser objeto de preservaci¨®n podr¨ªa aplicarse directamente en la ca?ada porque es una zona de inter¨¦s urban¨ªstico que "presenta deficiencias y carencias sociales de especial gravedad".El informe, reincidiendo en la idea de que existen suficientes mecanismos para atajar los problemas de la ca?ada, mantiene que la Comunidad podr¨ªa valerse de los Programas de Rehabilitaci¨®n Concertada en ?reas Urbanas. Recuerda tambi¨¦n que las competencias directas en materia de ordenaci¨®n del territorio, urbanismo, vivienda y ayuda a los grupos sociales necesitados de especial atenci¨®n pertenecen a la Comunidad por lo que "puede tomar iniciativas de cooperaci¨®n y concertaci¨®n con los Ayuntamientos".

"La Comunidad no est¨¢ ejerciendo su responsabilidad. Es imposible abordar un problema de esta ¨ªndole con coste cero. Este informe es un varapalo porque ahonda en que el Gobierno regional es el responsable principal y est¨¢ haciendo una dejaci¨®n de sus funciones", coincide el alcalde de Coslada, ?ngel Viveros, uno de los tres municipios fronterizos con la ca?ada. Este peri¨®dico intent¨® recabar sin ¨¦xito la opini¨®n de los regidores de Rivas y del Ayuntamiento de la capital.

El Defensor del Pueblo se dirigi¨® a la Consejer¨ªa de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenaci¨®n del Territorio -"el ¨®rgano apropiado para iniciar las actuaciones"- para que le remitiese informaci¨®n de las iniciativas que se hab¨ªan llevado a cabo y la coordinaci¨®n que se hab¨ªa iniciado con el Ayuntamiento de Madrid y la Delegaci¨®n de Gobierno. La respuesta decepcion¨® al Defensor, que carga contra la consejer¨ªa por demostrar "una actitud ajena al problema de la Ca?ada Real".

"La Comunidad muestra disposici¨®n de colaborar con las iniciativas que se emprendan", pero, seg¨²n M¨²gica, "no dice qui¨¦n las va a emprender". El texto incide en la inacci¨®n del Gobierno regional porque, a pesar de reconocer que es un problema que afecta a varios municipios -Madrid (PP), Coslada (PSOE) y Rivas Vaciamadrid (IU)- y que requiere la coordinaci¨®n con los Ayuntamientos afectados y el Estado, "no se concluye nada sobre ello".

Las cr¨ªticas contin¨²an hasta el final del informe, que expone algunos ejemplos para enfatizar que en la pr¨¢ctica no se est¨¢ haciendo nada. "La consejer¨ªa no parece reconocer la calidad de vecinos a quienes all¨ª habitan, pues se refiere a ellos en expresi¨®n entrecomillada".

M¨²gica acusa a Medio Ambiente de despreocuparse de los asuntos que se escapan de su competencia y de "no recabar informaci¨®n", manteni¨¦ndose en la "ignorancia". Una "posibilidad contradictoria" con el reconocimiento por parte de la Comunidad de que "se trata de un problema que requiere para su soluci¨®n la coordinaci¨®n de todos".

El defensor justifica esta tesis con las cuestiones que la consejer¨ªa dej¨® de contestar. "Como la atenci¨®n al toxic¨®mano y el tr¨¢fico de drogas no son de su competencia, la consejer¨ªa no informa". Y sigue. "Como los derribos no son iniciativa suya, nada puede informar; tampoco de su relaci¨®n con la poblaci¨®n extranjera, de lo que se deduce que el ¨®rgano auton¨®mico no los considera asuntos que le conciernen".

M¨²gica s¨ª valora la iniciativa de la consejer¨ªa de Educaci¨®n, junto con el Ayuntamiento de Madrid y la Cruz Roja, de escolarizar a parte de los m¨¢s de dos mil menores que viven "excluidos de los modos y condiciones de vida comunes", seg¨²n recalc¨® el informe del Defensor del Menor de la Comunidad.

La conclusi¨®n del Defensor del Pueblo es m¨¢s incisiva e incide en su argumento principal. "Sin m¨¢s argumentos que los escasos e incompletos, si no contradictorios, de la consejer¨ªa cuesta aceptar a esta Instituci¨®n que la legislaci¨®n vigente y los instrumentos puestos a disposici¨®n de la Administraci¨®n, sean insuficientes para atender el problema de la Ca?ada Real y que sea preciso un proyecto de ley especial". Preguntada al respecto por este peri¨®dico, la consejer¨ªa no quiso comentar el informe.