Coacciones

La decisi¨®n de la direcci¨®n del Partido Popular de obligar al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, a retirar el recurso contra el archivo de la investigaci¨®n judicial sobre el supuesto espionaje de que fue objeto desde la Consejer¨ªa de Interior de la Comunidad de Madrid constituye un hecho grav¨ªsimo. No solo revela el autoritarismo arrogante con que las ejecutivas de los partidos suelen ejercer su dominio sobre la vida de sus militantes. Esa acci¨®n coactiva constituye una intromisi¨®n arbitraria y abusiva en un ¨¢mbito que trasciende la vida partidaria y que se confunde con el de los derechos fundamentales de la persona, lo que las ejecutivas de los partidos tambi¨¦n est¨¢n obligadas a respetar.

A Cobo se le ha impedido acogerse a un derecho fundamental reconocido en la Constituci¨®n: el de la tutela judicial efectiva. Pero el PP acaricia una pr¨®xima victoria electoral en las auton¨®micas y municipales y su l¨ªder, con la vista puesta en La Moncloa, ha hecho valer el inter¨¦s del partido por encima de otras consideraciones de car¨¢cter ¨¦tico. As¨ª, la direcci¨®n nacional del PP, siempre complaciente con Esperanza Aguirre, ha querido sin duda congraciarse con la presidenta de la Comunidad de Madrid en un asunto, el del espionaje, en el que su Gobierno ha estado bajo sospecha. En este enjuague, poco han importado los derechos de un militante que hasta hace dos d¨ªas esgrim¨ªa su derecho a protegerse de esa gestapillo, seg¨²n sus propias palabras, que sigui¨® sus pasos para debilitarle a ¨¦l y a los suyos dentro del partido. Pero la sensaci¨®n inc¨®moda de seguimiento de Cobo, como la de Alfredo Prada, el otro dirigente del PP que tambi¨¦n ha retirado su recurso, no ha desaparecido tras la investigaci¨®n judicial del caso.

La secretaria general del PP, Mar¨ªa Dolores de Cospedal, y Francisco Granados, responsable de la Consejer¨ªa de Interior de la Comunidad de Madrid, han justificado su estrategia por el perjuicio que causar¨ªa al partido y a su imagen mantener en su seno una batalla judicial. Sin embargo, un posible caso de corrupci¨®n institucional, en el que hay sospechas de actuaciones de funcionarios que vulneran derechos de la persona y uso indebido de fondos p¨²blicos, nunca puede ser un asunto interno de un partido. Sobre todo, si es para echar tierra al asunto y no para esclarecerlo.

La direcci¨®n del PP nunca estuvo interesada en aclarar el posible espionaje a Cobo y a Prada. Queda en manos de la Fiscal¨ªa de Madrid que la acci¨®n de la justicia siga adelante. El archivo provisional ha dejado demasiados cabos sueltos, muchas pruebas sin practicar y otras obstaculizadas por la Comunidad de Madrid. Lo que ha quedado claro, de momento, es que Cobo y Prada se han plegado a las demandas de la c¨²pula del partido a cambio de los beneficios electorales que las auton¨®micas y despu¨¦s las generales pueden reportar a unos y otros. No es un ejemplo edificante de hacer pol¨ªtica.