El Supremo anula la expropiaci¨®n de un tercio de un pol¨ªgono en Porri?o
La sentencia tumba otro fallo que ordenaba a la Xunta compensar a una empresa
El Tribunal Supremo acaba de tumbar una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dando la raz¨®n al Consorcio de la Zona Franca de Vigo en un litigio que afecta al 35% de la superficie del pol¨ªgono industrial de A Granxa, en O Porri?o. El fallo anula la expropiaci¨®n ordenada por el tribunal gallego en el a?o 2006 sobre dos parcelas, de 288.895 y 43.054 metros cuadrados, que la sala consideraba "ocupadas" por una concesi¨®n minera incompatible con la zona industrial.
La empresa Sial, SA, del grupo Grad¨ªn, muy conocida en el municipio, hab¨ªa reclamado al TSXG en junio de 2001 pidiendo la expropiaci¨®n de esas parcelas, ante la negativa, v¨ªa silencio administrativo, que hab¨ªa recibido de la Xunta.
El Gobierno gallego ya no tendr¨¢ que pagar por los 300.000 metros
La Conseller¨ªa de Industria otorg¨® las concesiones mineras para explotaci¨®n de caol¨ªn en esas zonas, y la Zona Franca pidi¨® su caducidad en 1994, cuando arranc¨® la construcci¨®n del pol¨ªgono. La gran ¨¢rea industrial de A Granxa, con una superficie de casi un mill¨®n de metros cuadrados, se puso en funcionamiento en el a?o 2001, aunque en los tribunales continuaron los pleitos del grupo minero, que reclamaba lucro cesante por las explotaciones. Seg¨²n fuentes cercanas al Ayuntamiento de O Porri?o donde est¨¢ situado el pol¨ªgono, la empresa que recurri¨® no hab¨ªa comenzado a explotar el mineral cuando la Zona Franca inici¨® las actuaciones.
Pero en la construcci¨®n del parque empresarial, la Xunta de Fraga no quiso que esos permisos para extraer mineral caducasen, como ped¨ªa el Consorcio dependiente del Estado. En cambio, s¨ª declar¨® la prevalencia del inter¨¦s p¨²blico sobre las concesiones, decisi¨®n que la empresa del grupo Grad¨ªn impugn¨® ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
En la sentencia ahora anulada, el tribunal entendi¨® que se despojaba a la sociedad reclamante de las concesiones, priv¨¢ndole de "un derecho de contenido patrimonial desde el momento que quedaron enclavadas y sin posibilidad de explotaci¨®n", algo que juzgaba "no tolerado", por la normativa constitucional "salvo que medie indemnizaci¨®n correspondiente". Por eso orden¨® a la Xunta que iniciase el proceso expropiatorio fijando la indemnizaci¨®n correspondiente en favor de la empresa.
Con el nuevo fallo dictado por Juan Carlos Trillo, titular de la sala 6 de lo contencioso del Tribunal Supremo, queda claro que "la expropiaci¨®n es una facultad de la que gozan las Administraciones", pero que sin embargo no pueden ser obligadas a usarla. La sentencia dictada el pasado 2 de julio por el Supremo va m¨¢s all¨¢ y dice que la administraci¨®n auton¨®mica "es incompetente para incoar el expediente expropiatorio al que se le condena" en el fallo del TSXG.
Tanto la Zona Franca como el grupo Grad¨ªn estudian las consecuencias que se puedan derivar del fallo que pone fin a un conflicto alargado en los tribunales durante los ¨²ltimos 16 a?os y que aminora los derechos mineros en A Granxa.
El 'pelotazo' del grupo Grad¨ªn
No es la primera vez que se relaciona al grupo Grad¨ªn con el Consorcio de la Zona Franca de Vigo por asuntos relacionados con concesiones mineras. Entre los a?os 2001 y 2002, siendo delegado Pablo Egerique, el organismo emprendi¨® las gestiones para promover un parque empresarial en Salceda de Caselas y otro en Cangas y Bueu (Pontevedra).
En el primer caso, el ex delegado (y actual presidente del Consello Econ¨®mico e Social) autoriz¨® un gasto de 15 millones para la adquisici¨®n de dos concesiones mineras a cuyos due?os, en opini¨®n de los servicios jur¨ªdicos del organismo, no estaba obligado a compensar. Uno de los titulares de aquellas concesiones era Jos¨¦ Jaime Grad¨ªn, con quien este peri¨®dico intent¨® contactar ayer sin ¨¦xito, un conocido empresario de O Porri?o y amigo personal de varios alcaldes del PP. ?l es el due?o de la empresa Sial que motiv¨® el proceso que acaba de concluir en el Supremo.
En aquella ocasi¨®n, el empresario compr¨® por 300.000 euros una explotaci¨®n minera afectada para venderla al organismo dependiente del Ministerio de Econom¨ªa un a?o despu¨¦s por cinco millones de euros. En noviembre de 2006, el comit¨¦ ejecutivo del Consorcio le reclamaba la devoluci¨®n de tres millones de euros ingresados por esas licencias de Salceda de Caselas.
En su d¨ªa, Egerique declar¨® a este peri¨®dico que actu¨® de buena fe al querer compensar las explotaciones para "evitar largos litigios que no se sabe c¨®mo van a acabar". El actual presidente del CES atribuy¨® el incremento de tres millones de euros de esa operaci¨®n a "un error en el acta del secretario".
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