Los municipios ahogan a las constructoras

Si Urbaser cumple su promesa, los 210.000 habitantes de Jerez de la Frontera se quedar¨¢n en unos meses sin servicio de recogida de basura y limpieza. Esta filial del grupo ACS , harta de que el Ayuntamiento estirara los pagos hasta el infinito, ha anunciado que abandonar¨¢ la concesi¨®n el pr¨®ximo 23 de enero. La alcaldesa negocia in extremis con la empresa el pago de la deuda de 29 millones de euros y est¨¢ segura de que finalmente llegar¨¢ a un acuerdo.

La ciudad gaditana, una de las primeras en plantear una regulaci¨®n de empleo, padece como pocas la asfixia financiera municipal. Pero el de Jerez no es un caso aislado: grandes constructoras ya han avisado de que renuncian a prestar servicios si no cobran. "Nuestro sector vive ahora la situaci¨®n m¨¢s grave desde el inicio de la democracia", dice Francisco Jard¨®n, presidente de Aselip, la asociaci¨®n de empresas de limpieza p¨²blica. Este representante de la patronal a?ade los nombres de Humanes, Alcal¨¢ de Henares, Huelva, Lepe o Chipiona a la lista de municipios que han recibido amenazas de las empresas para rescindir los contratos. El Ayuntamiento de Alcal¨¢ de Henares dice haber alcanzado ya un acuerdo para que no se vaya Sacyr, la empresa que le presta servicios.

"Vivimos la situaci¨®n m¨¢s grave desde la democracia", dicen en el sector

El sur y levante es donde peor se paga. Navarra y Pa¨ªs Vasco, donde mejor

"Nos dedic¨¢bamos a buscar clientes; ahora, a gestionar cobros"

Muchos alcaldes han renegociado a la baja lo que pagan a las empresas

El problema no es nuevo. Los primeros alcaldes de la democracia ya exig¨ªan al Gobierno a finales de los a?os setenta que se hiciera cargo de la deuda municipal. Pero si entonces las corporaciones locales deb¨ªan a las contratas de limpieza, recogida de basuras y otros servicios medioambientales lo que hoy equivaldr¨ªa a unos 150 millones de euros, la cantidad ascend¨ªa el pasado marzo a 3.425 millones de euros, seg¨²n los datos que maneja Aselip, la asociaci¨®n que re¨²ne a gigantes como FCC , ACS , Ferrovial o Sacyr Vallehermoso , y cuyos miembros trabajan para 6.500 Ayuntamientos y dan empleo a 110.000 personas.

La patronal calcula que de estas facturas pendientes de pago con una antig¨¹edad superior a 60 d¨ªas, m¨¢s de 1.000 millones de euros corresponden a servicios que se deber¨ªan haber pagado hace m¨¢s de un a?o. FCC arrastra el fardo m¨¢s pesado. Le siguen por orden de importancia las filiales de ACS , Ferrovial y Sacyr Vallehermoso . Las cuant¨ªas var¨ªan tanto como el paisaje de una localidad u otra. Mientras que San Sebasti¨¢n de los Reyes y Aranjuez adeudan una decena de millones, Granada y Zaragoza llegan a los 40, y Alcal¨¢ de Henares, Le¨®n o el Puerto de Santa Mar¨ªa a los 50, seg¨²n los datos de Aselip. Madrid, con una cantidad de varios cientos de millones, es la ganadora absoluta.

Hace meses que los n¨²meros rojos se mantienen m¨¢s o menos estables en torno a los 3.500 millones de euros, pero el sector denuncia que otros factores contribuyen a que la situaci¨®n sea ahora m¨¢s insoportable que nunca. Porque muchos municipios, asfixiados por la falta de fondos, han renegociado los c¨¢nones que pagan a las empresas. Un ejemplo destacado es el de Madrid, que ha reducido en un 15% la factura que paga a FCC por la recogida de basuras. Las empresas devuelven el golpe ofertando menos servicios y, en algunos casos, prescindiendo de trabajadores. Adem¨¢s, la sequ¨ªa en los mercados internacionales de cr¨¦dito dificulta que los grandes grupos obtengan la financiaci¨®n necesaria para disimular este agujero en sus cuentas.

Todo ello hace que el presidente de Aselip y directivos de varias empresas que prefieren mantener el anonimato auguren un oto?o caliente -despidos, empeoramiento sustancial en los servicios, quejas vecinales...- si no se soluciona el problema.

Tanto las empresas como las corporaciones locales est¨¢n interesados en que se d¨¦ publicidad a esta situaci¨®n -las primeras para que les paguen y las segundas para presionar al Gobierno con la esperanza de que les permita acceder a v¨ªas alternativas de financiaci¨®n-, pero individualmente no les gusta ofrecer sus cifras: ninguno quiere aparecer se?alado como el que m¨¢s debe o al que m¨¢s le deben.

"La morosidad es una lacra de las administraciones p¨²blicas espa?olas que no tiene parang¨®n en ning¨²n pa¨ªs europeo. Solo se podr¨ªa acercar Italia. Ha sido siempre alta, pero con la crisis ha aumentado un 20%", sostiene Jard¨®n, el presidente de Aselip. La diferencia entre Ayuntamientos es abismal. Es pr¨¢cticamente inexistente en Navarra y Pa¨ªs Vasco. Y Catalu?a tiene unas tasas de morosidad aceptables. Pero en el extremo opuesto aparecen los municipios del sur y el levante. "Andaluc¨ªa tarda en pagar una media de a?o y medio; y Madrid, casi nueve meses. Por el peso econ¨®mico de la capital, este retraso tiene una importancia brutal", a?ade Jard¨®n.

Por ejemplo, solo en jardiner¨ªa Madrid debe 65 millones, de los que siete se deben ¨²nicamente a los intereses por el retraso, seg¨²n denunci¨® hace poco la patronal del sector para justificar los despidos que las empresas abordar¨¢n en los pr¨®ximos meses. En toda Espa?a, la deuda por conservaci¨®n y mantenimiento de jardiner¨ªa p¨²blica asciende a 300 millones. "Las medidas legales ante las negativas del Ayuntamiento a pagar resultan ineficaces. Y la duraci¨®n de los pleitos y demandas contra los deudores reclamando los intereses de demora hacen ineficaces las reclamaciones", asegur¨® el l¨ªder de la patronal del sector, Francisco Javier Sig¨¹enza. Ni las reuniones entre los representantes de Aselip y los de la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP) ni los escritos remitidos a la vicepresidenta Elena Salgado y a sus dos secretarios de Estado han dado por ahora el resultado esperado.

Los impagos m¨¢s acuciantes se centraban hasta hace poco en municipios peque?os y algunos medianos. Pero la ola de facturas que nadie hace efectivas ha llegado a muchas ciudades donde antes se pagaba razonablemente a tiempo. Los Ayuntamientos asumieron con naturalidad durante los a?os de vacas gordas que los ingresos que les proporcionaba el sector inmobiliario durar¨ªan para siempre, en lugar de considerarlos como ingresos extraordinarios. Pero con el crash del ladrillo, esta fuente de financiaci¨®n, que en algunos municipios alcanz¨® hasta el 40% o el 50% del total de ingresos, se desplom¨®. Lo que arrastr¨® a empresas peque?as, medianas y grandes, incapaces de asumir unos impagos tan elevados. "Nuestro trabajo ha cambiado totalmente. Antes nos preocup¨¢bamos de buscar clientes y ofrecerles los mejores servicios. Ahora la mayor parte del tiempo lo consumimos gestionando los cobros", admite un trabajador de un gran grupo constructor.

Empresarios del sector apuntan que, pese a la asfixia financiera, el n¨²mero de despidos no ser¨¢ demasiado elevado. Las contratas acuerdan un n¨²mero determinado de operarios con los Ayuntamientos. Y solo los pueden reducir si el municipio acuerda reducir el canon que reciben la empresa. As¨ª, los despidos no llegar¨¢n aunque la morosidad siga por los cielos, sino por las nuevas condiciones que impongan los alcaldes a las empresas.

Y los poderes locales, ?qu¨¦ dicen de todo esto? "Estamos tomando medidas de ajuste en cada Ayuntamiento, pero con el ahorro no basta. Los Ayuntamientos hemos acordado pedir al Gobierno que nos permita endeudarnos para el gasto de reposici¨®n y para las inversiones ya aprobadas", asegura Pedro Castro, presidente de la FEMP y alcalde de Getafe. Pero esto son parches que no solucionan el problema. Castro considera fundamental la aprobaci¨®n del estatuto de autonom¨ªa local y la financiaci¨®n local. "Aunque estos se pusieran en funcionamiento en 2014, permitir¨ªa a los entes locales ir a una entidad financiera y decir que tienen un plan viable para obtener recursos", a?ade Castro.

Mientras la nueva financiaci¨®n local llega -y las restricciones de gasto para los pr¨®ximos a?os hacen prever que esto no va a suceder en un futuro cercano- las empresas peque?as, medianas y grandes esperan el pr¨®ximo cobro por los servicios que ofrecen. "Es muy injusto. Ahora que los ingresos de los Ayuntamientos se han desplomado, nos hemos convertido en una v¨ªa de financiaci¨®n f¨¢cil para ellos. Y act¨²an desde la mayor impunidad, porque son inembargables. Si un ciudadano deja de pagar su hipoteca, tiene sus consecuencias. Pero eso no ocurre cuando eres una administraci¨®n p¨²blica", protesta Francisco Jard¨®n, que pretende acercar las tasas de morosidad de las administraciones p¨²blicas espa?olas a los niveles europeos. Los municipios alemanes y los holandeses pagan a 30 d¨ªas. Eso a¨²n queda muy lejos.