El pleitista urban¨ªstico de Vigo pierde su primera gran batalla

La definitiva legalizaci¨®n de la urbanizaci¨®n Jacinto Benavente, de 178 viviendas, ha abierto una importante fisura en la estrategia del pleitista urban¨ªstico Eduardo Canabal, cuyos procedimientos contra el Ayuntamiento de Vigo ejerciendo la acci¨®n popular han generado ¨®rdenes de demolici¨®n de unas 1.500 viviendas. Entre ellas estaba, desde 1999 y de manera insistente en la prensa local hasta el mes pasado, la citada urbanizaci¨®n. Su legalizaci¨®n abre la puerta a otras futuras y, por a?adidura, evita que Canabal perciba compensaciones como parte que desencaden¨® y mantuvo el proceso en candelero durante m¨¢s de una d¨¦cada.

"Cada edificio es un caso singular", precisa el alcalde vigu¨¦s, Abel Caballero, para atajar cualquier asomo de euforia. "Tanto el Tribunal Superior de Galicia como el Tribunal Supremo establecen, por una parte, que los edificios sean legalizables por un plan general y, por otra, que haya existido buena fe entre los distintos agentes que han participado en su construcci¨®n. Ambas cosas se dan en este caso, lo que ciertamente no sucede en todos", a?ade Caballero.

La causa que motiv¨® la orden de demolici¨®n de la urbanizaci¨®n de Jacinto Benavente remite a la aplicaci¨®n del pol¨¦mico plan general de urbanismo de 1993, que el Ayuntamiento aprob¨® por unanimidad, y, singularmente, a "errores administrativos" de la propia Xerencia Municipal de Urbanismo. En lugar de subsanarlos y enfrentar la demanda de Eduardo Canabal, el Ayuntamiento, en una actitud que a¨²n nadie ha explicado, se allan¨® y dej¨® correr la bola judicial sin hacer valer sus criterios. Lo mismo que la Xunta de Galicia, codemandada en el proceso y que tampoco compareci¨®.

En 2005, cuando el proceso llevaba ya una d¨¦cada de rodaje, el abogado Jos¨¦ Luis Barros, alegando la "te¨®rica ignorancia de los propietarios", ya que las condenas judiciales se dirig¨ªan exclusivamente al promotor de la urbanizaci¨®n, Conproint, consigui¨® retraer la causa a su inicio en funci¨®n de la tutela judicial que los propietarios no hab¨ªan obtenido y que, a partir de ah¨ª, se convierten en parte activa del procedimiento.

Todav¨ªa a finales del a?o pasado la prensa local, con datos y argumentos desfasados, jale¨® la "inexorable" demolici¨®n del edificio, predicada y perseguida por Canabal. De ejecutarse esa demolici¨®n y habida cuenta de que el edificio est¨¢ valorado en unos 50 millones de euros, al pleitista le hubiera reportado el 0,75% de ese valor, es decir, unos 375.000 euros. El auto judicial del pasado mes de julio declara "la inejecutabilidad legal de la sentencia" de 1999 "en lo que ata?a a la demolici¨®n del inmueble", sin perjuicio, dice en sus razonamientos jur¨ªdicos, "de que por la parte interesada [Canabal] se pueda instar la compensaci¨®n econ¨®mica suficiente y sustitutiva".

El hecho de que esa compensaci¨®n no se fije en la resoluci¨®n del propio auto, como ser¨ªa lo adecuado, y que este obligue a reclamarla en pieza separada anuncia al pleitista severos obst¨¢culos si llegara a reclamarla, de lo que por el momento no hay constancia. El abogado Barros ya expuso su oposici¨®n a cualquier indemnizaci¨®n al pleitista por considerar que solo "se visti¨® con los ropajes del ciudadano honrado" para ejercer la acci¨®n popular, en la que subyace la pretensi¨®n poco altruista, que el propio Canabal explicit¨® en declaraciones a este peri¨®dico, de que se le reconozca el da?o personal causado, se le pidan disculpas y se le paguen las minutas como condici¨®n para retirar sus contenciosos.

Barros anticipa que mantendr¨¢ su oposici¨®n a que se derive ninguna compensaci¨®n para Canabal. "Si act¨²an, los esperamos", advierte tambi¨¦n Caballero, "y conf¨ªo que con el fiscal general del Estado al lado", a?ade.