De la Torre se niega a pagar 824.107 euros a Aifos por una expropiaci¨®n

El presidente de la promotora inmobiliaria Aifos, Jes¨²s Ruiz Casado, seguir¨¢ de momento sin cobrar un euro por los terrenos que compr¨® en el monte Gibralfaro y en los que ide¨® construir 22 chal¨¦s de lujo pero que el Ayuntamiento ha decidido conservar libre de urbanizaci¨®n como sistema general, y por tanto debe ser expropiado. El consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) rechaz¨® el pasado d¨ªa 12 el abono de 824.107,79 euros que Ruiz Casado hab¨ªa solicitado al entender que se trata de una cantidad m¨ªnima sobre la que no hay discrepancia en el litigio que mantiene con el Ayuntamiento por el justiprecio.

Esta negativa del Ayuntamiento que preside Francisco de la Torre es el ¨²ltimo cap¨ªtulo en el largo contencioso que mantiene con el presidente de Aifos sobre los 18.000 metros cuadrados de suelo que Ruiz Casado compr¨® en 1999 en la Ca?ada de los Ingleses, un espacio privilegiado en el monte que domina el centro hist¨®rico de M¨¢laga. Ruiz Casado pretende obtener una compensaci¨®n de 21.320.171 euros, y el Ayuntamiento no est¨¢ dispuesto a llegar a los 900.000. El jurado provincial de valoraciones fij¨® en agosto de 2007 el justiprecio en 2,6 millones, pero ambas partes lo tienen recurrido y el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) tiene ahora la palabra.

El Ayuntamiento nunca ha llegado a elaborar una valoraci¨®n

Al ser un suelo catalogado de sistema general de ¨¢reas libres como zona verde en el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) vigente, de 1997, el Ayuntamiento debe hacerse con su propiedad y compensarlos a precio de suelo urbanizable. Al no haberlos adquirido en los cuatro a?os siguientes a la aprobaci¨®n del planeamiento, los propietarios tienen derecho a pedir la expropiaci¨®n forzosa, y se da la circunstancia que en Gibralfaro ya ha ocurrido con otros promotores que exigen al Ayuntamiento compensaciones supermillonarias, que suman 143 millones. El equipo de Gobierno se ha quejado de que algunos de ellos act¨²an con fines meramente especulativos, como prueba que el Jurado de Valoraciones ha fijado como justiprecio total de las cinco expropiaciones 15,4 millones, cantidad que el consistorio tiene consignada en la Caja General de Dep¨®sitos del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda en tanto se resuelven los contenciosos.

En el caso del presidente de Aifos se da la circunstancia de que el propio ayuntamiento contribuy¨® a que se creara expectativas de negocio, puesto que en documento inicial de revisi¨®n del PGOU, en 2006, contempl¨® como urbanizable el suelo de La Ca?ada de los Ingleses y le dio una edificabilidad que permit¨ªa construir 22 chal¨¦s. Luego, debido en gran parte a la fuerte presi¨®n social, el equipo de Gobierno dio marcha atr¨¢s y opt¨® por proteger todos los suelos de Gibralfaro.

Ruiz Casado, con necesidades de liquidez por las deudas de Aifos, que se encuentra en concurso de acreedores desde hace un a?o, y que debe hacer frente a varios procedimientos judiciales -recientemente fue absuelto de una estafa por no construir pisos que hab¨ªa vendido, pero es uno de los procesados en el juicio del caso Malaya, acusado de cohecho-, pretend¨ªa obtener ya 824.107 euros del consistorio independientemente de cual sea la resoluci¨®n judicial del conflicto. El reglamento de Expropiaci¨®n Forzosa determina que cuando haya litigio entre administraci¨®n y expropiado, el interesado tiene derecho a que se le entregue una indemnizaci¨®n hasta el l¨ªmite en el que exista conformidad.

El Ayuntamiento nunca ha llegado a elaborar una hoja de aprecio, y por lo tanto no ha hecho valoraci¨®n; pero Ruiz Casado se acoge a la alegaci¨®n que el Consistorio hizo al Jurado de Valoraciones, en la que estimaba procedente fijar como justiprecio 480.809 euros, que era el precio de la finca en 1990 cuando se vendi¨®, "actualizado si se quiere a la fecha en la que debe realizarse la valoraci¨®n". Habr¨ªa as¨ª que aplicar un 71,4% de incremento, el IPC acumulado entre 1990 y 2004, con lo que el precio se fijar¨ªa en 824.107,9 euros.

Ruiz Casado consider¨® que tal cantidad podr¨ªa considerarse como de conformidad, por lo que el pasado junio pidi¨® al Ayuntamiento que se la abonara, pero la respuesta municipal ha sido que no a lugar.