Ponteareas elude el derribo de una obra ilegal de ?lvaro Pino

Es el ¨²ltimo cap¨ªtulo de un proceso que se remonta a los a?os ochenta, protagoniz¨® varios plenos del Ayuntamiento de Ponteareas y, tras pasar en 2004 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), amenaza ahora con terminar en la v¨ªa penal con una demanda por prevaricaci¨®n. En medio est¨¢n el ex ciclista ?lvaro Pino, y dos de sus tres hermanos: Rogelio y Daniel Pino Cou?ago. Dos d¨¦cadas de litigio, a pesar de las que ?lvaro Pino declar¨® a este peri¨®dico "desconocer" el caso que ha llevado a la palestra la organizaci¨®n N¨®s-UP.

Mar¨ªa Luisa Alonso, vecina de Fontela (Ponteareas), denunci¨® ante el TSXG una obra con la que los hermanos Pino cercaron un camino p¨²blico de 20 metros entre las carreteras de Arcos y Guillade. El TSXG le di¨® la raz¨®n y "oblig¨®" al Ayuntamiento de Ponteareas a recuperar, sin costes, el terreno "engullido". El proceso nunca se inici¨® y la sentencia del Tribunal Superior durmi¨® en los cajones del consistorio hasta que en marzo de 2009 la Corporaci¨®n decidi¨® inicar la tramitaci¨®n de un expediente para cambiar la categor¨ªa del camino. De "bien de dominio p¨²blico" pasar¨ªa a "bien desafectado", lo que abr¨ªa la puerta a su venta a los hermanos Pino. El Ayuntamiento aleg¨® entonces que era la decisi¨®n "m¨¢s adecuada al inter¨¦s p¨²blico".

El Ayuntamiento intenta vender el camino p¨²blico a la familia Pino

No era suficiente. El proceso requer¨ªa de un informe previo de la secretaria municipal, realizado en noviembre de 2009. Son s¨®lo cinco p¨¢ginas, pero vierten "dudas sobre la oportunidad y legalidad" del proceso y se?ala al menos dos puntos en los que el Ayuntamiento no se ajusta al Reglamento de Entidades Locales: la primera, su desactualizaci¨®n, por datar el inventario de sus bienes y derechos de 1958; y la segunda, la "insuficiencia" del informe del ingeniero t¨¦cnico municipal, documento necesario para el cambio de categor¨ªa del camino.

El informe echa por tierra el argumento de los "perjuicios cuantiosos a las arcas municipales" que en 2009 aleg¨® el Ayuntamiento para no ejecutar el derribo. El motivo: que los 520.900 euros que costar¨ªa, seg¨²n un informe municipal, incluyen la "demolici¨®n total" de la viviendas, el transporte de los escombros y su posterior reconstrucci¨®n. El informe de la secretaria aclara que s¨®lo es necesario deribar "un murete de bloques". En cualquier caso la Ley de Patrimonio obliga al "usurpador" a hacer frente a esos costes, no al Ayuntamiento.

A pesar de las dudas que rodean el proceso, la Corporaci¨®n aprob¨® en julio el cambio de calificaci¨®n jur¨ªdica del camino. El ¨²nico impedimento para su ejecuci¨®n es la resoluci¨®n presentada por Mar¨ªa Alonso, quien reclama la nulidad de la decisi¨®n. Su abogada, Cristina Rodriguez, amenaza con llevar el caso a la v¨ªa penal y registrar una denuncia por prevaricaci¨®n. El alcalde, Salvador Gonz¨¢lez Solla (PP), afirma que su postura est¨¢ amparada por un informe de la asesor¨ªa jur¨ªdica. "Es un camino que no tiene salida. No lo entiendo", aclar¨®.