La hora del Tribunal

La renovaci¨®n del Tribunal Constitucional es una de las tareas m¨¢s urgentes de las fuerzas parlamentarias en el curso pol¨ªtico a punto de iniciarse. No es que su composici¨®n actual haya restado legitimidad a las decisiones adoptadas, algunas tan complejas y de tanta carga pol¨ªtica como la sentencia sobre el Estatut de Catalu?a. Lo que s¨ª se ha puesto en juego, por el contrario, es la autoridad y el prestigio imprescindibles para desarrollar el papel que tiene asignado. Si, como viene sucediendo desde que la renovaci¨®n de sus miembros se encuentra bloqueada, sus fallos son percibidos como triunfos de parte y no como expresi¨®n de la racionalidad ¨²ltima del sistema, es la Constituci¨®n misma, y no el Tribunal, la que padece las consecuencias.

La naturaleza pol¨ªtica del Tribunal no justifica que los partidos puedan hacer de ¨¦l un terreno donde proseguir los debates parlamentarios en los que no pueden imponer su criterio. Recurrir por inter¨¦s de partido normas aprobadas en las C¨¢maras es hacer un uso fraudulento del sistema constitucional, lo mismo que cualquier intento de determinar sus decisiones por la v¨ªa de manipular su composici¨®n. Ambos mecanismos han sido utilizados con profusi¨®n, aparte de otros m¨¢s burdos e inconfesables, como presionar directamente a sus miembros o inspirar o consentir contra ellos campa?as p¨²blicas de desprestigio.

El procedimiento de urgencia adoptado por el Tribunal para decidir sobre la nueva ley de aborto podr¨ªa convertirse en una nueva ocasi¨®n para ahondar en el deterioro de su autoridad y su prestigio, cuando deber¨ªa servir para todo lo contrario. El PP est¨¢ dando signos de persistir en la estrategia de impedir la renovaci¨®n, convencido de que la actual composici¨®n ser¨¢ m¨¢s favorable a sus posiciones. Es una grave anomal¨ªa, adem¨¢s de un ataque al sistema, que desde la legislatura anterior se haya impedido en la pr¨¢ctica a las C¨¢maras ejercer su funci¨®n en la renovaci¨®n del Tribunal.

La experiencia indica que era necesaria la sustituci¨®n de la anterior regulaci¨®n del aborto basada en supuestos por otra que lo despenalizara dentro de determinados plazos. A esta filosof¨ªa responde la ley aprobada en las C¨¢maras y que el Partido Popular tiene recurrida ante el Constitucional. De las declaraciones de algunos de sus dirigentes se deduce que su prop¨®sito no ser¨ªa tanto impedir la aplicaci¨®n de la nueva ley como replantear por completo la despenalizaci¨®n del aborto, y para ello pretender¨ªan valerse del Tribunal Constitucional.

Si su verdadero programa consiste en prohibir la interrupci¨®n del embarazo, el Partido Popular deber¨ªa decirlo expresamente y asumir los costes pol¨ªticos. Lo que no puede hacer es intentar transfer¨ªrselos al Tribunal, desentendi¨¦ndose, acto seguido, del destrozo institucional que provocar¨ªa. Adoptando esta estrategia, el Partido Popular no demuestra tanto su habilidad como su escasa lealtad al sistema constitucional.