Obediencia al derecho: los malos ejemplos
Para el respeto al Derecho corren malos tiempos. Quiz¨¢s es uno de los peores datos sobre la salud pol¨ªtica y para el ejemplo de los ciudadanos. Ejemplos de hipocres¨ªa, de descaro y de oportunismo, con mensajes directos de altos dirigentes pol¨ªticos, proliferan por doquier y marcan con mucha frecuencia comportamientos destacados en el Gobierno, en la oposici¨®n y en muchas Comunidades Aut¨®nomas, especialmente del PP. Desde nuestra Carta Magna, en su art¨ªculo 9, se establece en ese sentido una obligaci¨®n jur¨ªdica general para los ciudadanos y los poderes p¨²blicos, que "est¨¢n sujetos a la Constituci¨®n y al resto del Ordenamiento jur¨ªdico". Es un deber incondicionado, una exigencia ilimitada para las instituciones y para las autoridades, que solo tiene un resquicio individual muy restrictivo y que necesita refrendo legal o judicial al m¨¢s alto nivel con la objeci¨®n de conciencia. No cabe objeci¨®n de conciencia colectiva ni tampoco fomentar esa objeci¨®n por las autoridades. Es lamentable tener que recordar lo obvio y mucho m¨¢s que el mal ejemplo y los mensajes vengan de quienes tienen esa obligaci¨®n mayor de respeto.
El oportunismo de los pol¨ªticos desprecia el obligado cumplimiento de las leyes vigentes
Toda teor¨ªa general debe concretarse con ejemplos, para verg¨¹enza de quienes los representan, para sonrojo de los ciudadanos cumplidores, y con da?o irreparable para la educaci¨®n c¨ªvica de los m¨¢s j¨®venes. El caso de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Catalu?a es paradigm¨¢tico, con la llamada generalizada de muchos pol¨ªticos catalanes al desconocimiento o a la desobediencia y con la pintoresca toma de posici¨®n del presidente del Gobierno y de su vicepresidenta primera de buscar arreglos para burlar la sentencia. Comprendo que la necesidad de conseguir mayor¨ªas suficientes exige esfuerzos y sacrificios, pero nunca se debe llegar a proponer la violaci¨®n de la Constituci¨®n. Lamento que esas voces sean del PSOE, porque no es ni normal ni habitual. Por eso debe reprocharse con dureza.
En el PP, la desobediencia tiene forma directa, y supone la suspensi¨®n de la obediencia mientras se recurre al TC o se hace resistencia pasiva y "se acata pero no se cumple". Los ejemplos son infinitos y vienen de lejos: ley de dependencia, rechazo a la entrega de ordenadores a los estudiantes de centros p¨²blicos a partir de 4? de Primaria; rechazo a la orden del Ministerio de Cultura, en Valencia, que prohibi¨® la demolici¨®n de las casas en la zona declarada como "bien de inter¨¦s cultural" (BIC) del Barrio del Cabanyal; rechazo de la se?ora Aguirre al cumplimiento de la ley del tabaco, rechazo o tergiversaci¨®n del sentido de la ense?anza de la Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa y derechos humanos, entre otros. Los recursos al TC solo durante los Gobiernos de Rodr¨ªguez Zapatero son ya 35.
En el colmo del descaro, Mariano Rajoy ha afirmado que los nombramientos de los nuevos magistrados del TC se har¨¢n cuando convenga al PP. La obligaci¨®n derivada de un deber general de cumplimiento ineludible se desprecia y se convierte en una raz¨®n de oportunidad, que vulgarmente significa: lo haremos cuando nos d¨¦ la gana. ?Es esa la respuesta de un jurista, registrador de la Propiedad, que pretende presidir el Gobierno de Espa?a? Como profesor de Teor¨ªa del Derecho le habr¨ªa suspendido sin dudar un instante. Transmite falta de categor¨ªa, ignorancia de las consecuencias de esa afirmaci¨®n, maquiavelismo barato, picaresca y carencia de grandeza. Habla poco y cuando lo hace se retrata.
El presidente de Murcia, que quiz¨¢s sea jurista aunque no lo parece, responde a la entrada en vigor de la nueva ley del aborto con un sinsentido porque considera que no obliga, puesto que est¨¢ pendiente de recurso de inconstitucionalidad. Sustituye y enmienda al propio TC al declarar la suspensi¨®n de la aplicaci¨®n de manera unilateral. Al ignorar indebidamente la obligaci¨®n de cumplimiento, transmite a todos sus subordinados y funcionarios un mensaje de desobediencia generalizada. Entre la ignorancia y la mala fe se producen da?os irreparables al imperio del Derecho. Ni Rajoy ni nadie responsable del PP le ha desautorizado. Otra perla que no se sabe si atribuirla a la ignorancia, a la maldad o al todo vale contra el PSOE, es la de Esperanza Aguirre, apoyada por su consejero de Sanidad, Fern¨¢ndez Lasquetty, cuando afirman que van a fomentar la objeci¨®n de conciencia de m¨¦dicos y enfermeras.
La objeci¨®n de conciencia es una opci¨®n individual y de la misma forma que no se puede dificultar ni impedir por las autoridades, tampoco se puede aconsejar ni impulsar. Es un comportamiento contra legem que solo se ampara por autoridades que hagan dejaci¨®n de sus funciones y propongan empujar a decisiones que solo pueden tener un origen en la conciencia individual. En ese sentido, conviene subrayar el buen ejemplo que en estos casos ofrece el Gobierno de Castilla y Le¨®n, una Administraci¨®n del PP juiciosa y prudente.
Y los apoyos espirituales los ofrece, como siempre, la Iglesia institucional, que olvidando sus propias carencias, jalea estas actitudes y las justifica, santific¨¢ndolas. Como siempre al rescate de las tesis m¨¢s ultramontanas, el obispo Mart¨ªnez Camino ha afirmado que "es una norma incompatible con la recta conciencia moral, en particular la cat¨®lica". Es como si estuvi¨¦ramos en la Edad Media y como si la Iglesia tuviera la suprema palabra. Felizmente, hoy la ¨²ltima palabra la tienen los ciudadanos, las instituciones democr¨¢ticas, los principios, los valores y los derechos. Son los dioses de nuestro tiempo.
Gregorio Peces-Barba fue presidente del Congreso de los Diputados.
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