El aborto en Espa?a visto por un cat¨®lico belga

Mientras disfruto de una estancia acad¨¦mica en el Centro de ?tica y Derecho Biom¨¦dico de la Universidad Cat¨®lica de Lovaina (B¨¦lgica) me ha llegado la noticia de que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva est¨¢ pendiente de un hilo. Parece ser que uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, antiguamente adscrito al llamado "sector progresista", ahora no tiene claro qu¨¦ votar¨¢ en la sentencia sobre el recurso de la ley presentado ante el alto Tribunal por el Partido Popular, por sus convicciones "cat¨®licas".

He venido a B¨¦lgica para tratar de comprender qu¨¦ ha pasado en estos ocho a?os de vigencia de la Ley de Eutanasia, aprobada en 2002 por este pa¨ªs de profunda cultura cat¨®lica. Creo que su experiencia ser¨¢ para nosotros, en el futuro, mucho m¨¢s importante que la tan conocida y citada experiencia holandesa.

La separaci¨®n entre Iglesia y Estado en B¨¦lgica es completa en el marco de un pluralismo c¨ªvico

El comentario de la noticia con mis colegas de esta Universidad les suscita estupefacci¨®n. Ellos tienen claro que viven en una sociedad presidida por lo que el fil¨®sofo Rawls llamaba el "hecho incuestionable del pluralismo". Esto implica aceptar que no se tiene la verdad absoluta en cuestiones morales y que, por tanto, generar un proyecto viable de sociedad exige buscar acuerdos basados en valores ¨¦ticos aceptados por la mayor¨ªa de ciudadanos. Esta misma actitud mantienen ahora, cuando el pa¨ªs se enfrenta a una profunda crisis pol¨ªtica motivada por las dificultades de entendimiento que existen entre las comunidades flamenca y valona. Por eso entienden que el verdadero proyecto cat¨®lico no es defender numantinamente la propia "moral cat¨®lica", sino m¨¢s bien fomentar la deliberaci¨®n colectiva desde el compromiso en la defensa integral de la dignidad de la vida y muerte de las personas.

Parece que es exactamente lo contrario de lo que, a juzgar por lo que dice la prensa, piensa el magistrado espa?ol. Pero en cambio, a los profesores de Lovaina, su forma de pensar les llev¨® a participar activamente en el proceso de redacci¨®n de la Ley de Eutanasia. M¨¢s tarde emitieron recomendaciones a los numeros¨ªsimos hospitales cat¨®licos belgas acerca de c¨®mo y en qu¨¦ circunstancias aplicar dicha ley. La raz¨®n era que no todos los usuarios de dichos hospitales eran cat¨®licos, pero sus derechos ciudadanos legalmente reconocidos deb¨ªan ser igualmente respetados.

Pero lo cierto es que esta actitud no es tan excepcional. Los mismos obispos belgas se mantuvieron en un discreto segundo plano durante el proceso de debate de la ley. Estaban en contra, obviamente, por coherencia con el Magisterio. Pero nunca dieron una batalla tan feroz como la que la Iglesia ha dado en Espa?a ante la llamada reforma de la ley del aborto -batalla que no dio, por cierto, en los ocho a?os de Gobierno del Partido Popular-. Y por supuesto, seg¨²n me dicen aqu¨ª, ning¨²n obispo llam¨® a los profesores de Lovaina para decirles lo que deb¨ªan pensar o escribir, cosa que no puede decirse precisamente de los obispos espa?oles respecto a los centros de bio¨¦tica de sus Universidades o Facultades de Teolog¨ªa.

Puede decirse por tanto que, en la sociedad belga, la separaci¨®n entre Iglesia y Estado es completa en el marco de un pluralismo c¨ªvico aceptado por todas las partes, incluidos, por supuesto, los obispos.

Pero no tengo tan claro que en Espa?a estemos en este punto. Y el posicionamiento del magistrado del Constitucional me lo sugiere a¨²n m¨¢s. La influencia de "lo cat¨®lico" sigue sobrepasando claramente los l¨ªmites de lo aceptable en una sociedad pluralista y democr¨¢tica. Es grave, a mi modo de ver, que alguien pueda pensar que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley pueda ser evaluada con un instrumento distinto al de la propia Carta Magna. Menos a¨²n, con el catecismo de la Iglesia cat¨®lica. Y es que los funcionarios p¨²blicos deben tomar decisiones basadas en el inter¨¦s p¨²blico, no en sus presupuestos morales privados.

Aunque todas las personas tengamos dichos presupuestos, basados o no en convicciones religiosas, cuando los que desempe?amos funciones p¨²blicas -jueces, m¨¦dicos, militares, pol¨ªticos- actuamos en el ejercicio de nuestro cargo debemos ser capaces de ponerlos entre par¨¦ntesis. Solo podemos guiar nuestros juicios y nuestras actuaciones por los valores de una ¨¦tica c¨ªvica p¨²blica y por la ley. Si no somos capaces de hacer esto, entonces, por coherencia y honestidad, debemos dimitir.

As¨ª lo hizo, aunque solo fuera transitoriamente, el rey Balduino de B¨¦lgica cuando se aprob¨® la ley del aborto: no quer¨ªa sancionar una ley que iba en contra de su conciencia privada, pero no pod¨ªa, como cargo p¨²blico, bloquear una ley aprobada por la mayor¨ªa de los ciudadanos.

No entender ni aplicar estos conceptos constituye, a mi modo de ver, un ataque frontal al pluralismo, al bien com¨²n, a la esencia de la democracia. No es que nuestro alto Tribunal est¨¦ como para dar mucho ejemplo de nada, gracias a la inestimable colaboraci¨®n de los partidos pol¨ªticos, pero me resulta impensable que un magistrado del Constitucional pueda permitirse incurrir en un error tan tremendamente grave que nos devolver¨ªa a oscuros tiempos pasados de los que pens¨¢bamos que ya hab¨ªamos salido.

Pablo Sim¨®n es profesor de Bio¨¦tica en la Escuela Andaluza de Salud P¨²blica de Granada.