Camps y Such salen a avalar las ayudas a los 1.800 dependientes hasta final de a?o
El consejero de Econom¨ªa, Gerardo Camps, intervino ayer personalmente para garantizar al presidente de Aerte, la patronal de las residencias de mayores, que las promesas de Bienestar Social sobre la financiaci¨®n de 1.800 plazas de dependientes est¨¢n avaladas por su departamento.
Ayer los focos estaban centrados en la reuni¨®n que mantuvo el responsable de Aerte, Alberto Gim¨¦nez, con la consejera de Bienestar Social. Despu¨¦s de la pol¨¦mica sobre la posible no renovaci¨®n de la subvenci¨®n a 1.800 dependientes por las tensiones financieras del Consell, Ang¨¦lica Such se comprometi¨® ante Gim¨¦nez a prorrogar el contrato hasta el 31 de diciembre y garantizar las ayudas por una suma de nueve millones de euros -y, por ello, los ingresos a las residencias, ya que los fondos sostienen el 80% de la estancia de los usuarios-.
La consejera justific¨® la tardanza en transmitir a las residencias la renovaci¨®n de las ayudas en "un retraso en la confecci¨®n del instrumento jur¨ªdico y financiero contable", que da soporte a las subvenciones. "En ning¨²n momento la consejer¨ªa ha dicho que no fuera a continuar con el concierto de las plazas residenciales", insisti¨®.
Such traslad¨® directamente al presidente de Aerte la promesa que ya anunci¨® p¨²blicamente la semana pasada de mantener las ayudas. Sin embargo, las mayores garant¨ªas que obtuvo ayer Gim¨¦nez, seg¨²n ¨¦l mismo indic¨®, salieron de la boca de Gerardo Camps.
Antes de reunirse con la consejera y sin c¨¢maras de por medio, Gim¨¦nez acudi¨® a la consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda, donde le recibi¨® el propio Camps. El mensaje que le traslad¨® el vicepresidente econ¨®mico es que hab¨ªa dinero detr¨¢s de las promesas que le trasladar¨ªa minutos despu¨¦s la consejera de Bienestar Social. "Me dio garant¨ªas de que tienen el dinero y que los fondos se aprobar¨¢n en el pleno del Consell del viernes", se?al¨® Alberto Gim¨¦nez a este diario.
Lo m¨¢s probable es que el anuncio en el pleno del Consell de la dotaci¨®n que garantizar¨¢ la continuidad del contrato sirva para zanjar la pol¨¦mica sobre la subvenci¨®n a estas 1.800 personas dependientes. Pero es posible que este incidente no sea el ¨²ltimo cap¨ªtulo de las tensiones existentes entre la patronal de las residencias y Bienestar Social.
El presidente de Aerte insisti¨® ayer en que pretende que la Generalitat concierte otras 4.000 plazas de residencias privadas que sus asociados tienen vac¨ªas. Aspiran a que Bienestar Social mantenga el impulso que dio al sector el anterior responsable del departamento, Juan Cotino, cuya familia ten¨ªa intereses en uno de los principales grupos residenciales valencianos. De hecho, antes de abandonar Bienestar Social, Cotino lleg¨® a acuerdos con distintos centros que no entran en los planes de la actual consejera.
Y es que, por un lado, cada vez existe una menor demanda para ingresar en residencias. La preferencia de los usuarios se inclina por solicitar la prestaci¨®n econ¨®mica para cuidados familiares frente a cualquier otro servicio. Pero, adem¨¢s, los datos apuntan a que la prestaci¨®n residencial de la Comunidad Valenciana no es baja. Seg¨²n el ¨²ltimo informe del Ministerio de Sanidad y Pol¨ªtica Social (del 1 de agosto), de los 36.316 dependientes valencianos que ya gozan de prestaci¨®n, un 32% est¨¢n cubiertos por atenci¨®n residencial, una tasa que duplica la media espa?ola (15,8%).
Maniobra de presi¨®n
Por todo ello, distintas fuentes apuntan que la decisi¨®n de hace dos semanas de varias residencias de trasladar a sus usuarios la posibilidad de que se quedaran en la calle en septiembre por la falta de fondos del Consell y que consigui¨® alarmar tanto a los dependientes como a sus familiares no s¨®lo pretend¨ªa ser una maniobra de presi¨®n para que Bienestar Social cerrara el contrato de estas 1.800 plazas.
"Ya hab¨ªa habido retrasos antes", comentan desde el sector. La intenci¨®n ser¨ªa la de alcanzar nuevos acuerdos y ampliar el n¨²mero de conciertos, que actualmente ascienden a 15.000 plazas (entre privadas y entidades sin ¨¢nimo de lucro) y suponen unos 200 millones de euros anuales.
Alberto Gim¨¦nez neg¨® que hayan utilizado a los usuarios de las residencias en beneficio propio o que hayan presionado de esta forma a la consejer¨ªa: "Presionar no es una expresi¨®n adecuada, estamos trabajando para ocupar 4.000 plazas que generar¨¢n 2.000 empleos".
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