El Puerto reclama m¨¢s de 40 millones a la UTE que construy¨® el dique Este

La Autoridad Portuaria de Barcelona tiene previsto presentar hoy una demanda contra la uni¨®n temporal de empresas (UTE) Dique Este, a la que el Puerto acusa de defraudarle 40,7 millones de euros con facturas de material de construcci¨®n que supuestamente no se utiliz¨® en la obra.

La UTE, integrada por las empresas FCC Construcci¨®n, Ferrovial Agroman, Copisa y Construcciones Rubau, se adjudic¨® los trabajos de ampliaci¨®n del dique Este del puerto por un importe de 197,2 millones de euros y la obra se ejecut¨® entre septiembre de 2001 y finales de 2008. El presidente del Puerto cuando se inici¨® la construcci¨®n era Joaquim Tosas, nombrado por el Gobierno de CiU y relevado por Joaquim Coello en 2004, tras la llegada de la izquierda a la Generalitat.

La reclamaci¨®n podr¨ªa paralizarse hasta que se resuelva la v¨ªa penal

Preguntadas por este diario sobre la demanda anunciada por el Puerto, las empresas que formaban parte de la UTE se negaron ayer a hacer declaraciones. El Consejo de Administraci¨®n del Puerto decidi¨® el pasado julio reclamar a la UTE la devoluci¨®n inmediata de los 40,7 millones de euros (sin contar el IVA) que la instituci¨®n considera que pag¨® de m¨¢s por las obras. La Autoridad Portuaria ha decidido presentar la demanda al no obtener respuesta de UTE Dique Este a su requerimiento de devoluci¨®n del dinero.

La demanda del Puerto se tramitar¨¢ en un juzgado de primera instancia de Barcelona (v¨ªa civil) y al tiempo esos mismos hechos est¨¢n siendo investigados desde hace unos d¨ªas por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de la ciudad ( v¨ªa penal). El detonante de esta actuaci¨®n judicial ha sido la investigaci¨®n que ha realizado la fiscal¨ªa durante ocho meses tras recibir un informe de las presuntas irregularidades econ¨®micas procedente precisamente de la Autoridad Portuaria.

Ese solapamiento podr¨ªa provocar una paralizaci¨®n del proceso civil a la espera de que se resuelva el penal, que se encuentra bajo secreto de sumario, por la prioridad procesal que se da a esta v¨ªa sobre la anterior. Fuentes judiciales explicaron, no obstante, que el Puerto, como perjudicado por el supuesto fraude, podr¨ªa haber optado por la estrategia de reservarse el ejercicio de las acciones civiles en la v¨ªa penal e ir directamente a la v¨ªa civil para conseguir el resarcimiento del supuesto perjuicio econ¨®mico. De ser as¨ª, las empresas demandadas podr¨ªan invocar en su defensa que mientras no se aclare el proceso penal y, por tanto, si se cometi¨® o no el fraude, no est¨¢n dispuestas a abonar ninguna cantidad. El secreto de sumario del juzgado de instrucci¨®n y el silencio de todas las partes implicadas hacen muy dif¨ªcil prever el desenlace de ambos procesos judiciales.

Antes de acabar en el juzgado, la fiscal¨ªa abri¨® unas diligencias preliminares tras una comunicaci¨®n remitida por la Agencia Tributaria sobre una red de presunto fraude fiscal con facturas falsas. La colaboraci¨®n entre ambos organismos es muy estrecha desde hace a?os y as¨ª ha aflorado, entre otros casos, el saqueo del Palau de la M¨²sica de Barcelona.

Fuentes judiciales han explicado que el supuesto fraude podr¨ªa involucrar a la sociedad Coterras, proveedora de piedra y material para la construcci¨®n del dique. Las sospechas de los investigadores de la Guardia Civil se centran en que una parte de las facturas que gir¨® esta sociedad son falsas o no se corresponden con la venta de ning¨²n material. En otros caso podr¨ªa haber ocurrido que para el relleno del dique se empleasen menos toneladas de cemento, roca y tierra del que realmente detallan las facturas.

De esta manera se produc¨ªa una sobrecertificaci¨®n de material que habr¨ªa permitido aumentar los ingresos a las empresas constructoras. Otra cosa distinta que tambi¨¦n est¨¢ investigando la Guardia Civil es ad¨®nde fue a parar realmente ese dinero de m¨¢s y si no sirvi¨® para otros destinos distintos al del beneficio econ¨®mico de las empresas.

En un principio la Agencia Tributaria cuantific¨® el fraude en unos 15 millones de euros hace tan solo cinco meses. Entonces las pesquisas se centraron en la citada mercantil Coterras, una subcontratada, y se consider¨® que las constructoras eran ajenas al fraude, pero las pesquisas posteriores han puesto la lupa sobre estas grandes sociedades.

Las obras del dique Este comportaron la prolongaci¨®n de esta zona en 2.170 metros. Seg¨²n la previsi¨®n inicial, la obra requer¨ªa, entre otro materiales, la colocaci¨®n de casi medio mill¨®n de metros c¨²bicos de hormig¨®n en bloques de 50 toneladas, como es habitual en este tipo de instalaciones. El dique tiene una profundidad de 25 metros bajo el mar.