Pymes inform¨¢ticas denuncian en la UE el abuso de posici¨®n dominante de la SGAE

La asociaci¨®n de pymes inform¨¢ticas Apemit ha denunciado ante Bruselas a las siete sociedades de gesti¨®n de los derechos de autor por su "abusiva" aplicaci¨®n del canon digital. Tambi¨¦n pide a la Comisi¨®n que estudie si Espa?a ha permitido legalmente el abuso de posici¨®n dominante, vulnerando la normativa de competencia: articulos 102, 106 y 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

La denuncia, de 300 folios y presentada en julio, repasa el conflicto de la compensaci¨®n por copia privada en Espa?a. Su evoluci¨®n normativa desde sus or¨ªgenes como gravamen para los soportes y aparatos anal¨®gicos, en 1987, hasta su adaptaci¨®n con retraso al entorno digital, por obligada transposici¨®n de la directiva del copyright, en 2006. Sin olvidar el pacto con la patronal Asimelec de 2003 sobre los CD y DVD v¨ªrgenes y los m¨²ltiples litigios judiciales derivados, que a¨²n colean.

La denunciante cree que en la gesti¨®n del canon que realizan las entidades sin ¨¢nimo de lucro, a las que califica de "empresas", incurre en "m¨²ltiples pr¨¢cticas abusivas" que conducen "al cobro de lo indebido".

El canon no es un impuesto. Es una compensaci¨®n que cobran los creadores por las copias privadas que el consumidor hace de contenidos protegidos. Lo pagan los fabricantes, que lo repercuten al consumidor. De los 27 pa¨ªses de la UE lo aplican 20, incluida Espa?a. Las denunciadas (SGAE, AIE, Agedi, Aisge, Egeda, Cedro y VEGAP) est¨¢n obligadas a recaudar colectivamente el canon y a destinar el 20% a asistencia y formaci¨®n. Apemit considera que esta deducci¨®n "les lleva a abusar de su posici¨®n para maximizar sus ingresos".

Como la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) establece que est¨¢n sujetos al canon los aparatos y soportes "id¨®neos" para reproducir contenidos con copyright, las sociedades de gesti¨®n consideran idonea la "mera capacidad t¨¦cnica para copiar" y "extienden" el pago a todos los aparatos y soportes digitales, "aunque se demuestre que su destino no es para realizar copias privadas", como ocurre con las actas judiciales.

La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE consider¨® en mayo que es "incompatible" con la directiva porque grava "a personas distintas de las personas f¨ªsicas y a supuestos que no son para uso privado" en sus conclusiones sobre el caso que enfrenta a la SGAE y la tienda inform¨¢tica Traxtore, cuyo abogado, Josep Jover, es presidente de Apemit.

Pagos dobles

La asociaci¨®n tacha de abusivas otras seis conductas. Por ejemplo, que hayan reclamado tarifas distintas a los deudores seg¨²n firmasen o no el pacto con Asimelec. Los "no firmantes" pagan m¨¢s y se lo exigen de forma "retroactiva". Tambi¨¦n piden la "misma compensaci¨®n" a diferentes niveles de la cadena de distribuci¨®n (fabricantes, importadores, mayoristas, minoristas...), "generando posibles dobles pagos" sin que haya "mecanismos para evitarlo". Incluso obstaculizan la "exenci¨®n del canon a los productos exportados y a quienes tienen licencia de reproducci¨®n". Tampoco reconocen que se ha abonado a otra entidad europea el canon por los materiales "importados" de un pa¨ªs comunitario, cuando "mantienen acuerdos de reciprocidad entre ellas". Y abusan de su dominio cuando "exigen el canon a aparatos con medidas de protecci¨®n" (DRM) que impiden, precisamente, la copia. Asimismo critica Apemit el "enga?o" de ¨¦stas cuando alegan la "falta de eficacia" de los DRM para el c¨®mputo del canon, a la vez que defiende su "car¨¢cter eficaz" cuando buscan protecci¨®n contra quienes se saltan sus barreras.

Finalmente, las entidades tambi¨¦n reclaman retroactivamente el canon de equipos "mixtos", como una grabadora de ordenador para m¨²sica y datos, comercializados antes de la entrada en vigor de la ley y la orden ministerial de 2008, que los incluy¨® a pesar de que en la reforma de la LPI de 2006 "quedaron fuera".

Espa?a tampoco se libra de la denuncia por "haber establecido un r¨¦gimen legal (...) que conduce a esta situaci¨®n", aunque no es la primera vez que se demanda al Estado por permitir este monopolio. Los abogados Javier de la Cueva y David Bravo denunciaron en enero el incumplimiento de la misma norma comunitaria, bas¨¢ndose en el informe de la Comisi¨®n Nacional de la Competencia, que critic¨® su monopolio y recomendaba al Gobierno la revisi¨®n de la LPI. Los letrados, adem¨¢s, invitaban a la ciudadan¨ªa a sumarse a la iniciativa colgando en sus p¨¢ginas la plantilla de la denuncia. Nueve meses despu¨¦s no saben cu¨¢ntas personas la presentaron y a¨²n esperan a que la Comisi¨®n "se digne contestar".

Al socialista espa?ol Joaqu¨ªn Almunia, comisario de Competencia, no le espera una tarea f¨¢cil en un conflicto que, al menos, afecta a su departamento, Cultura y Mercado Interior.