La tozudez de Sarkozy

Las expulsiones masivas de grupos de personas de etnia gitana en Francia, realizadas con el argumento de que amenazan la seguridad p¨²blica, no solamente vulneran el derecho comunitario, sino que ponen en cuesti¨®n los principios b¨¢sicos del modelo de convivencia europeo. Adem¨¢s, dichas deportaciones, por la forma en que se producen y las intenciones que entra?an, no son aceptables desde el punto de vista moral y degradan la dignidad tanto de quien las sufre como de quien las decide. Estas medidas pol¨ªticas contribuyen a generar un falso debate internacional, que estigmatiza y culpabiliza a las personas diferentes y degrada la calidad de nuestra democracia.

La larga historia de persecuci¨®n de los gitanos en Europa se ti?e de nuevo de negro con acontecimientos dram¨¢ticos en los que grupos de rom¨¢ rumanos y b¨²lgaros, muchos de ellos menores de edad, son invitados a regresar forzosamente a sus pa¨ªses, de los que, sin duda, retornar¨¢n transcurridos unos meses.

Hemos de exigir a la UE y a los Gobiernos medidas para la integraci¨®n de los gitanos

Lo que da resultado son las pol¨ªticas sociales que garantizan derechos

Estas expulsiones no son exclusivas de Francia o Italia, pues seg¨²n los informes de la Comisi¨®n Europea, tambi¨¦n se han dado en pa¨ªses como Suecia, Alemania o Dinamarca; el agravante en los dos primeros casos es que se hacen de modo masivo, con luz y taqu¨ªgrafos y sin ning¨²n pudor, en un claro contexto de b¨²squeda de rentabilidad pol¨ªtica a costa del deterioro de las libertades fundamentales.

Los Estados miembros tienen la responsabilidad de asegurar el orden p¨²blico y la seguridad en sus territorios; pero han de hacerlo respetando las reglas comunes europeas de libre movimiento, no discriminaci¨®n y de acuerdo a la Carta de Derechos Fundamentales. Toda persona que infringe la ley ha de afrontar sus consecuencias, pero nadie puede ser expulsado de un pa¨ªs solo por el hecho de ser gitano. Los acontecimientos de Francia, con evidente repercusi¨®n medi¨¢tica en toda Europa, suponen una vuelta de tuerca m¨¢s en la generaci¨®n de actitudes negativas y prejuicios que degeneran la convivencia. Mientras el debate sobre la poblaci¨®n rom¨¢ y sobre la pol¨ªtica migratoria se ha trasladado al campo de la seguridad, algunos gobernantes parecen olvidarse de que el deber primordial de salvaguardar los derechos y el bienestar de toda la ciudadan¨ªa corresponde a los Estados y de que un principio jur¨ªdico firmemente establecido es que solo puede hablarse de delito cuando se ha determinado la culpabilidad de una persona ante un tribunal.

La Uni¨®n Europea es el resultado de d¨¦cadas de esfuerzos para garantizar el progreso econ¨®mico y democr¨¢tico. En su seno no cabe la discriminaci¨®n por raza, color, etnia, origen social o nacionalidad. Una persona que infringe la ley amenazando la seguridad y el orden p¨²blico puede ser enviada a su pa¨ªs de origen; pero esto ha de hacerse con claras salvaguardas, siempre caso por caso, respetando el principio de proporcionalidad y basado exclusivamente en la conducta individual. La Directiva Europea de Libre Circulaci¨®n deja claro que la decisi¨®n ha de ser por escrito, completamente justificada y sujeta a apelaci¨®n;adem¨¢s los ciudadanos europeos han de contar, al menos, con un mes para partir y en toda acci¨®n de expulsi¨®n los derechos de los ni?os han de prevalecer.

Tras la II Guerra Mundial aprendimos que no se puede someter a ning¨²n grupo a castigos colectivos o expulsiones en masa por raz¨®n de su etnia o nacionalidad. Al vulnerar los derechos fundamentales en nombre de la seguridad, estas expulsiones establecen un precedente preocupante. En la base de los prejuicios y del racismo est¨¢ el tratar a las personas, no en funci¨®n de sus actos, sino del color de su piel, etnia o nacionalidad. Con esta conducta, pertenecer a determinadas categor¨ªas ¨¦tnicas o proceder de ciertos pa¨ªses, se convierte en un estigma y motivo de sospecha, prejuzgando as¨ª a las personas como delincuentes.

Ni las pol¨ªticas de asimilaci¨®n ni las de exclusi¨®n han dado hist¨®ricamente resultados con la comunidad gitana; lo que realmente da resultados son las pol¨ªticas sociales en las que se garantizan los derechos y se exigen responsabilidades. La comunidad gitana quiere integrarse y aspira a mejorar su bienestar como el resto de la ciudadan¨ªa. Lo ¨²nico que necesita son oportunidades: una vivienda digna, mejor educaci¨®n para sus hijos, un empleo y, en definitiva, mayor calidad de vida. La experiencia espa?ola de los ¨²ltimos 30 a?os demuestra que con pol¨ªticas permanentes de apoyo la mayor¨ªa de gitanos a medio plazo se integran.

En mis misiones por Centroeuropa y por los Balcanes he podido constatar c¨®mo tras la ca¨ªda de los reg¨ªmenes comunistas la situaci¨®n de la poblaci¨®n rom¨¢ se ha ido deteriorando progresivamente: a la p¨¦rdida de empleo le siguieron la segregaci¨®n escolar, la aparici¨®n de poblados gueto, el rechazo generalizado de la poblaci¨®n, etc¨¦tera. Los pa¨ªses de los que proceden estos gitanos nunca han mostrado una voluntad decidida por su integraci¨®n; por eso, sus condiciones de vida empeoran al mismo tiempo que crece el rechazo social.

Francia, Italia, Rumania, Bulgaria, al igual que otros pa¨ªses, tienen los medios y la capacidad para afrontar de una manera decente y decidida la integraci¨®n de la comunidad gitana. Estoy seguro de que la mayor¨ªa de los franceses tienen una idea m¨¢s noble de la identidad nacional que la que intentan transmitir sus gobernantes, motivados por intereses electoralistas que animan fantasmas. Este conjunto de medidas autoritarias, que confunden inmigraci¨®n e inseguridad o que buscan chivos expiatorios para mitigar el malestar del pa¨ªs, suponen un grave atropello, al que seguir¨¢ la m¨¢s completa ineficacia. Se trata de un asunto de derechos humanos, algo vital para la paz y la cohesi¨®n europea y lo que no se hace pronto, habr¨¢ que hacerlo tarde, l¨®gicamente con m¨¢s costes.

La mayor¨ªa de los ciudadanos creemos en el valor de la democracia, que entra?a la dignidad de toda persona, independientemente de su origen y condici¨®n, y no estamos dispuestos a renunciar a una sociedad en la que se respete a todos sus individuos. Para que esto sea posible, es imprescindible facilitar a toda persona una protecci¨®n jur¨ªdica adecuada y unas condiciones dignas de vida. Por ello no podemos sino repudiar y denunciar el comportamiento del Gobierno franc¨¦s, al igual que el de otros que calladamente act¨²an con los mismos postulados o de quienes en nuestro pa¨ªs tengan la intenci¨®n de bailar al son de esa m¨²sica. Hemos de exigir que tanto la Uni¨®n Europea como los Estados tomen las medidas necesarias para que la poblaci¨®n rom¨¢ pueda vivir en Europa con dignidad, sea aceptada y respetada y se integre definitivamente. De lo contrario ?qu¨¦ sociedad nos cabe esperar?

Jos¨¦ Manuel Fresno es asesor de la Uni¨®n Europea en Minor¨ªas y presidente del Consejo para la Promoci¨®n de la Igualdad de Trato y la no Discriminaci¨®n de las Personas por el Origen Racial o ?tnico del Ministerio de Igualdad.