El declive del poder sindical: el 29-S

En el campo pol¨ªtico la transici¨®n a la democracia en Espa?a sigui¨® el m¨¦todo reformista, lo que tuvo unas indudables consecuencias en la legislaci¨®n b¨¢sica del Estado y en los comportamientos de los actores pol¨ªticos. Sin embargo, en el campo sindical, las dudas en la definici¨®n de un proyecto de transici¨®n (inviabilidad de la reforma impulsada por Rodolfo Mart¨ªn Villa) condujeron a un desmantelamiento ordenado y sin depuraciones de los sindicatos franquistas y a una reforma (Enrique de la Mata Gorostizaga) que, debido a la creciente presi¨®n de los sindicatos ilegales, se convirti¨® en una aut¨¦ntica ruptura.

Los sindicatos opositores a la dictadura fueron actores activos del proceso de transici¨®n, impulsando la democratizaci¨®n del pa¨ªs con un amplio repertorio de acciones colectivas. A diferencia del papel jugado durante ciertos momentos de la Segunda Rep¨²blica, cuando apostaron por un proyecto revolucionario, durante la Transici¨®n apoyaron decididamente el proyecto democr¨¢tico.

Zapatero cambi¨® y M¨¦ndez se qued¨® solo acompa?ado por Fern¨¢ndez Toxo

Persistir en el error de la huelga general hace un flaco favor a los sindicatos

Como consecuencia de ello, y a diferencia de lo sucedido en otros procesos pol¨ªticos similares (Chile, Bolivia...), a lo largo de la Transici¨®n los sindicatos m¨¢s representativos fueron obteniendo fuertes cuotas de poder. Ese poder implic¨® ciertos sacrificios de los trabajadores, tales como las pol¨ªticas de concertaci¨®n social que facilitaron la flexibilizaci¨®n del mercado de trabajo, compensadas con una legislaci¨®n sindical favorable a las principales organizaciones, b¨¢sicamente la Confederaci¨®n Sindical de Comisiones Obreras (CC OO) y la Uni¨®n General de Trabajadores (UGT).

El poder de los sindicatos tras la II Guerra Mundial estuvo determinado por una serie de indicadores, referidos tanto a caracter¨ªsticas internas (tasas de afiliaci¨®n), como a otras de distinta naturaleza (la legislaci¨®n sindical, el grado de representatividad, el nivel de institucionalizaci¨®n o la capacidad de movilizaci¨®n). A ello se a?ad¨ªa la existencia o no de aliados pol¨ªticos.

Durante el franquismo, en un marco condicionado por la ausencia de libertad sindical y la represi¨®n contra los sindicatos opositores, el poder de los sindicatos oficiales estuvo sometido a las decisiones del Estado, formando parte del mismo y dependiendo de ¨¦l. En cambio, en el sistema democr¨¢tico los sindicatos, aunque formalmente independientes, han mantenido relaciones con el poder, especialmente con los partidos de la izquierda, los cuales al llegar al Gobierno les han hecho concesiones econ¨®micas y pol¨ªticas. A cambio, los sindicatos han minimizado los costes de los conflictos y han controlado la negociaci¨®n colectiva, garantizando as¨ª el funcionamiento ordenado del sistema econ¨®mico.

Al finalizar la Transici¨®n (1982) los principales sindicatos espa?oles ten¨ªan una alta representatividad, lo que implicaba el cuasi monopolio en la negociaci¨®n de las condiciones de trabajo, hab¨ªan conseguido una legislaci¨®n favorable a la institucionalizaci¨®n, ten¨ªan una amplia capacidad de movilizaci¨®n y aliados pol¨ªticos. Todo ello compensaba sobradamente las bajas tasas de afiliaci¨®n. El an¨¢lisis conjunto de estos elementos pon¨ªa de manifiesto la existencia de un fuerte poder sindical en Espa?a.

Respecto a los aliados pol¨ªticos, la subordinaci¨®n partidista de UGT con respecto al PSOE se segu¨ªa manteniendo, pese a que cada vez eran m¨¢s visibles los desencuentros. CC OO estuvo claramente subordinada a las pol¨ªticas del PCE durante la Transici¨®n, pero logr¨® salvarse de la intensa crisis que tuvieron los comunistas a comienzo de la d¨¦cada de los ochenta, manteni¨¦ndose como segunda fuerza sindical desde las elecciones de 1982, para posteriormente recuperar el liderazgo.

Desde la llegada de Felipe Gonz¨¢lez al Gobierno se fue produciendo un sensible cambio en el modelo, debido a tres motivos. Primero, el creciente malestar en el seno de UGT por las pol¨ªticas econ¨®micas de Miguel Boyer y Carlos Solchaga. Segundo, el distanciamiento de Nicol¨¢s Redondo y Felipe Gonz¨¢lez, uno por pensar que el partido "iba a moverle la silla", y el otro al perder cierta sensibilidad social. Tercero, el hecho de que UGT viera con preocupaci¨®n las cr¨ªticas a su labor en los centros de trabajo y el crecimiento de CC OO que comenzaba a monopolizar la direcci¨®n de los principales conflictos laborales y de las protestas contra los recortes sociales (huelga general de 1985 contra la reforma del sistema de pensiones).

Estos motivos condujeron a la direcci¨®n de UGT a cambiar su anterior discurso respecto a la necesidad del aliado pol¨ªtico (modelo socialdem¨®crata), por otro favorable a la autonom¨ªa sindical. Tras la importante victoria sindical en la huelga general del 14-D de 1988, el nuevo modelo se impuso, a la vez que se reforz¨® el poder de los sindicatos al obligar al Gobierno a cambiar su pol¨ªtica econ¨®mica. Las medidas hasta el momento desarrolladas por Carlos Solchaga finalizaron y junto a los crecientes problemas del PSOE, comenzaron a tomarse otras sin un claro patr¨®n definido, lo cual fue contestado por los sindicatos con dos huelgas generales (mayo de 1992 y enero de 1994) con resultados limitados.

Por su parte, UGT procedi¨® al relevo del hist¨®rico dirigente Nicol¨¢s Redondo, por C¨¢ndido M¨¦ndez; mientras que CC OO se encontraba muy c¨®moda con la direcci¨®n renovada de Antonio Guti¨¦rrez.

La ¨¦poca del Partido Popular fue tranquila y beneficiosa para los sindicatos durante la primera legislatura, pero una vez que se produjo el relevo en la Secretar¨ªa General de CC OO (Jos¨¦ Mar¨ªa Fidalgo sustituy¨® a Antonio Guti¨¦rrez) y la elecci¨®n de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero como secretario general del PSOE la situaci¨®n evolucion¨®. Se plante¨® de nuevo una revisi¨®n del papel de los aliados pol¨ªticos dentro del sindicato socialista, dando lugar a un creciente entendimiento entre M¨¦ndez y Zapatero; mientras, la pasividad de Fidalgo favorec¨ªa una mayor hostilidad hacia el Gobierno de Aznar que se concret¨® en la huelga general de 2002.

La alianza M¨¦ndez-Zapatero volv¨ªa a situar al partido y al sindicato en un mismo frente, con el consiguiente abandono de la "autonom¨ªa sindical", y a la vez que se trataba de aislar al Partido Popular (Pacto de Tinell de 2003) se buscaban los aliados pol¨ªticos en la izquierda y no en el centro, como hab¨ªan hecho Gonz¨¢lez y Aznar. La victoria electoral de los socialistas en el 2004 condujo a una pol¨ªtica de izquierda, posible gracias a la buena situaci¨®n econ¨®mica que viv¨ªa el pa¨ªs y a una prolongada "luna de miel" entre el Gobierno y UGT, a la que se sum¨® una cada vez menos identificable CC OO.

Y en esto lleg¨® la crisis econ¨®mica, que dificultaba la pol¨ªtica hasta ese momento llevada a cabo y que oblig¨® al Gobierno, aunque demasiado tarde, a modificar la parte sustancial y definitoria de su discurso y su pol¨ªtica, ante las presiones de los socios de la Uni¨®n Europea y de Estados Unidos. Zapatero cambi¨® y M¨¦ndez se qued¨® solo acompa?ado por Ignacio Fern¨¢ndez Toxo, nuevo secretario general de CC OO, que se encuentra a¨²n en el laberinto.

A la desesperada, los sindicatos ante una situaci¨®n econ¨®mica muy compleja, con intenso crecimiento del desempleo, recortes salariales, reforma laboral restrictiva y pr¨®xima reforma del sistema de pensiones, se vieron en la obligaci¨®n de decir algo sin analizar su anterior alianza con el Gobierno y las consecuencias negativas del abandono del principio de "autonom¨ªa sindical". La ¨²nica salida era convocar una huelga general, pese a que la gran mayor¨ªa de los ciudadanos no parecen dispuestos a secundarla, entre otros motivos, porque ven a los sindicatos como responsables de la pol¨ªtica llevada a cabo por el Gobierno.

Persistir en el error de la huelga general hace un flaco favor a los sindicatos, que con esta decisi¨®n abren una v¨ªa de agua en el poder obtenido desde la Transici¨®n de incalculables consecuencias. Parece evidente la apertura de un periodo de declive donde no solo seguir¨¢ siendo negativa la baja afiliaci¨®n, a lo que se debe a?adir la creciente incapacidad para movilizar a los ciudadanos, fruto de la falta de credibilidad del mensaje.

?lvaro Soto Carmona es catedr¨¢tico de Historia Contempor¨¢nea de la Universidad Aut¨®noma de Madrid.