El Gobierno rebaja la obligaci¨®n de costear la vivienda accesible

El 3 de diciembre pasado, el presidente del Gobierno se comprometi¨® a modificar la Ley de Propiedad Horizontal "en un plazo de seis meses" para que los discapacitados pudieran instalar en el edificio donde viven ascensores o rampas que faciliten la movilidad. Han pasado ya casi 10 meses desde que Zapatero anunci¨® esta reforma, en un encuentro en La Moncloa ante la ministra de Sanidad y Pol¨ªtica Social, Trinidad Jim¨¦nez, y Luis Cayo, presidente del Cermi, la gran plataforma de la discapacidad. Por ahora, la prometida reforma de la Ley de Propiedad Horizontal se diluye a cambio de incluir ciertas reivindicaciones en la Ley de Econom¨ªa Sostenible, con una "vaguedad" que no convence a los afectados.

El proyecto deja a la Administraci¨®n decidir si hace falta o no un ascensor

Los afectados denuncian que los pleitos se alargar¨¢n por lo contencioso

Las negociaciones comenzaron a varias bandas, porque dicha reforma implicar¨ªa al ministerio de Trinidad Jim¨¦nez, pero tambi¨¦n a Vivienda, Justicia y Econom¨ªa. En tiempos de crisis a Econom¨ªa se le hace cuesta arriba una modificaci¨®n como la que propuso el presidente porque podr¨ªa suponer una grave quiebra para las comunidades de propietarios, seg¨²n afirman quienes participan en estas reuniones. La ¨²ltima propuesta que los representantes de Cermi entregaron antes del verano sigue sin recibir respuesta.

En Sanidad y Pol¨ªtica Social dicen que la competencia en esta materia es "sobre todo, de Justicia". Justicia dice que esto quien lo lleva, m¨¢s que nadie, es Vivienda. Y Vivienda remite a la Ley de Econom¨ªa Sostenible, ahora en tr¨¢mites, a la que tambi¨¦n alude Francisco Moza, secretario general de Pol¨ªtica Social: "Esta ley ya recoge avances, como por ejemplo, que siempre que haya una declaraci¨®n de utilidad p¨²blica o inter¨¦s social pueda expropiarse suelo, p¨²blico y privado".

El Cermi quiere que las modificaciones necesarias ante un caso de discapacidad sean obligatorias y corran por cuenta de todos los vecinos, como si se tratara de una gotera en el tejado, aunque esta solo afecte al ¨²ltimo piso. Han propuesto algunas excepciones para aquellos inquilinos que acrediten una renta muy baja. Y plantean que se reserve para estos casos un 50% del fondo obligatorio para imprevistos que ya se detrae de las cuotas de la comunidad.

Por ahora, el Gobierno responde con la Ley de Econom¨ªa Sostenible, donde se recogen parte de estas demandas, pero con un arranque que preocupa en el sector: "La Administraci¨®n puede ordenar...". ?Y si no lo ordena? ?Y qu¨¦ Administraci¨®n? Los representantes de los discapacitados no est¨¢n conformes con esta salida "tan vaga", que puede obligar a los afectados a un "trasiego entre Administraciones y un mayor periplo judicial". "La Ley de Econom¨ªa Sostenible no es el lugar. Esto es una cuesti¨®n de derechos civiles, que no deben resolverse con un procedimiento administrativo. Si antes los discapacitados ten¨ªan que pleitear con la comunidad de vecinos por la v¨ªa civil, qu¨¦ pasar¨¢ si tienen que hacerlo contra la Administraci¨®n en un contencioso administrativo", dicen en el Cermi. "Si creen que con esto ya est¨¢ solucionado el problema, quiz¨¢ las negociaciones han sido en balde", lamentan.

Seg¨²n la ¨²ltima encuesta del INE, m¨¢s de 300.000 personas han cambiado de domicilio por problemas como estos, que suponen el 40% de las quejas que reciben en el Cermi. En la actualidad, si un discapacitado solicita instalar un ascensor necesita el acuerdo mayoritario de los vecinos. Las obras solo son obligatorias si su coste no supera tres cuotas de comunidad para cada inquilino.

Josefa Carneros tiene 74 a?os y hace dos que una enfermedad la sent¨® en una silla de ruedas, aunque ahora camina un poco en el andador. Su segundo piso sin ascensor en un barrio de Madrid se convirti¨® en una trampa que ha acabado por echarla de casa. Ahora vive con las hijas. "Seguimos intentando que los vecinos accedan a instalar un ascensor, porque mi madre quiere volver a su casa, pero los del bajo no lo ven necesario y otros no quieren ceder un trozo de terraza", cuenta una de las hijas, Mar¨ªa Jos¨¦ Ortiz. "Incluso hemos intentado instalar un ascensor por otra de las fachadas, pagarlo nosotros y que solo subiera hasta su casa, pero el responsable municipal dice que no se puede hacer", a?ade Mar¨ªa Jos¨¦. "Hemos mirado una de esas sillas a motor que suben por la escalera, pero el rellano no da para girar. El ascensor saldr¨ªa por unos 60.000 euros y la Comunidad de Madrid aportar¨ªa un 65%. Son 16 vecinos si no contamos con los del bajo. Algunos son ancianos, acabar¨¢n por necesitarlo", dice Mar¨ªa Jos¨¦.

Esta cuesti¨®n lleva a?os dando vueltas. Se intent¨® con Gobiernos anteriores, y ya estaban avanzadas las negociaciones, pero con el cambio de ministros casi ha habido que volver a empezar. "En las negociaciones nos dicen que obligar a la gente a pagar estas obras ser¨ªa ponerlos en nuestra contra, abundar en el rechazo hacia la discapacidad. Es una postura paternalista que no aceptamos", dicen en el Cermi.