Confusi¨®n

Se puede discutir si una huelga general es o no una huelga pol¨ªtica, pero no cabe duda que la convocada para este pasado 29 de septiembre no puede tener otro calificativo. El origen de la convocatoria est¨¢ en un Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno de la naci¨®n, convalidado posteriormente por el Congreso de los Diputados y tramitado y aprobado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia por las Cortes Generales. Se trata, por tanto, de una huelga contra una ley, es decir, contra una manifestaci¨®n de la voluntad general y que tiene como objetivo intentar conseguir que se produzca una rectificaci¨®n que tendr¨ªa que producirse inevitablemente mediante una nueva ley.

Esto no quiere decir que esta huelga carezca de cobertura en nuestro ordenamiento. Todo lo contrario. El derecho de huelga est¨¢ reconocido constitucionalmente en unos t¨¦rminos que permiten que se pueda convocar una huelga como la del pasado d¨ªa 29. A pesar de que el presidente de la patronal en la misma ma?ana del 29 afirm¨® de manera expresa que la huelga era ilegal e incluso ileg¨ªtima porque se hac¨ªa contra la soberan¨ªa nacional, no hay ning¨²n argumento jur¨ªdico que pueda respaldar una afirmaci¨®n de este tipo. Si el derecho de huelga es un instrumento del que pueden hacer uso los trabajadores en la defensa de sus derechos, ?c¨®mo no va a poder convocarse una huelga cuando estos derechos se ven afectados con el alcance m¨¢s general con que pueden serlo, es decir, cuando la afectaci¨®n procede de la ley? La ley tiene que ser cumplida, tendr¨¢ que ser aplicada, pero contra la ley se puede protestar. Frente a la ley del reconocimiento del matrimonio entre ciudadanos del mismo sexo se elevaron protestas y se organizaron manifestaciones y a nadie se le ocurri¨® tachar tales protestas y manifestaciones de ataques a la soberan¨ªa nacional. Los protagonistas de las mismas ten¨ªan el reconocimiento constitucional de los derechos para hacerlo. Exactamente lo mismo le ocurre a los sindicatos frente a la reforma laboral.

Esto est¨¢ claro. Se trata de una protesta de naturaleza pol¨ªtica con la finalidad de modificar el marco normativo sobre determinados aspectos de las relaciones laborales. Tambi¨¦n deber¨ªa estar claro que los destinatarios de la protesta deber¨ªan ser el Gobierno de la naci¨®n y la mayor¨ªa parlamentaria que le ha permitido que la reforma laboral haya sido aprobada como ley.

Y sin embargo, si nos atenemos a las reacciones que se produjeron en el mismo d¨ªa de la huelga tanto en el Congreso de los Diputados, como en ruedas de prensa y tambi¨¦n en los distintos medios de comunicaci¨®n, la impresi¨®n que se obtiene no es esa.

Ni el Gobierno ni su mayor¨ªa parlamentaria dieron la impresi¨®n a lo largo de toda la jornada de considerar que la protesta iba dirigida contra ellos. Curiosamente en el debate parlamentario de esa ma?ana fue el portavoz de CiU, Duran i Lleida, que no aprob¨® la convalidaci¨®n del Real Decreto-ley y que no vot¨® la ley posterior, quien conmin¨® al presidente del Gobierno a que no cediera a la presi¨®n de la huelga y a que no rectificara la reforma laboral. Y han sido los medios de comunicaci¨®n m¨¢s opuestos al Gobierno y m¨¢s expresivos de la derecha los que han sido m¨¢s beligerantes a la hora de calificar el resultado de la misma. Parecer¨ªa que no es un Gobierno de izquierda sino la derecha de este pa¨ªs la destinataria de la huelga general.

Las aguas bajan revueltas y no va a ser f¨¢cil no cometer errores de apreciaci¨®n que despu¨¦s pueden tener un coste enorme. Las reacciones que se han producido tras el desarrollo de la huelga deber¨ªan ayudar a que no se cometieran. Veremos.