Los municipios reivindican su autonom¨ªa para sancionar el ruido

La Junta de Andaluc¨ªa pretende obligar a los ayuntamientos a atender las denuncias ciudadanas contra el ruido. Y si no hacen caso, abrir¨¢ expediente y mandar¨¢ a sus t¨¦cnicos a comprobar la queja. Pero este asunto, seg¨²n la Federaci¨®n Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), compete exclusivamente a los consistorios. "No aceptamos que nos dicte instrucciones", refuta su presidente Francisco Toscano.

La FAMP se ampara en la Ley de Autonom¨ªa Local para dudar de las competencias que se atribuye la Junta. El art¨ªculo 9 de la normativa, que aborda la protecci¨®n y defensa del medio ambiente, otorga a los ayuntamientos la capacidad sancionadora en materia de ruido. "Est¨¢ clar¨ªsimo que no le compete", sentencia Toscano.

Toscano: "No aceptamos instrucciones, solo colaboraci¨®n"

El reglamento, de pr¨®xima aprobaci¨®n en Consejo de Gobierno, choca con la autonom¨ªa que reivindican los municipios. Mientras Toscano defiende que los ayuntamientos, "en general", no son laxos a la hora de sancionar los ruidos, la Junta no lo tiene tan claro. Y es que si el informe de los t¨¦cnicos de la Junta resulta desfavorable, el denunciante podr¨¢ llevar a los tribunales al vecino y al Consistorio por no actuar.

La FAMP ha propuesto a la Direcci¨®n General de Cambio Clim¨¢tico y Medio Ambiente establecer un acuerdo marco de colaboraci¨®n, de car¨¢cter "voluntario", para los ayuntamientos. La idea es que crear una ordenanza tipo "para los municipios que quieran adoptarlo", puntualiza. Pero, en su opini¨®n, cada uno debe elaborar su reglamento en materia de ruidos.

"Podemos estar de acuerdo en el fondo, pero tenemos dudas razonables de la forma", subraya Toscano. Si bien la iniciativa de ahondar en las denuncias vecinales le resulta correcta, cree que "las buenas intenciones no bastan". En este asunto, insiste, "la Consejer¨ªa de Medio Ambiente no puede marcar las normas".

El reglamento que promueve la Junta propone realizar las mediciones si los ayuntamientos no disponen de medios. No solo cuando desoigan a sus ciudadanos. E incluso marca las sanciones: entre 601 y 300.000 euros, seg¨²n la gravedad de la actividad. Pero, tal como subraya Toscano, este tipo de contaminaci¨®n est¨¢ contemplada en la Ley de Gesti¨®n Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) de Andaluc¨ªa, de 2007. "La Junta no puede saltarse una ley mediante un reglamento. Y si la modificase en el Parlamento, la ley tiene que ampliar, no disminuir las competencias de los alcaldes".

Toscano cree que el problema es de todos: "Ni la Junta ni los ayuntamientos acaban de asimilar la nueva etapa que ha consagrado la Ley de Autonom¨ªa Local". Y es que, la normativa, que entr¨® en vigor en julio de 2010, se?ala espec¨ªficamente que los consistorios tienen unas competencias "propias y m¨ªnimas". Aunque Toscano asume que es un "complejo" proceso de adaptaci¨®n jur¨ªdica, reclama el papel de los municipios andaluces: "Despu¨¦s de 30 a?os, somos los primeros en impulsar nuestra autonom¨ªa, no podemos dar marcha atr¨¢s".

Para evitarlo, la FAMP ya ha mantenido los primeros contactos con Medio Ambiente. En estas reuniones, ha defendido un reglamento por cada ayuntamiento que, elaborado por t¨¦cnicos "asesorados por la Junta y por la Federaci¨®n", sea aprobado en el pleno municipal.