El 'n¨²mero dos' de Urbanismo de Murcia cobr¨® 600.000 euros tras un convenio

Los dos principales implicados en la Operaci¨®n Umbra que ha destapado una presunta red de corrupci¨®n en el Ayuntamiento de Murcia (PP): el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, y el abogado Higinio P¨¦rez Mateos, cerraron una operaci¨®n por la que cobraron m¨¢s de 600.000 euros en una venta de parcelas en el peque?o municipio de Ulea. Esta venta se cerr¨® mientras el funcionario tramitaba un convenio urban¨ªstico en la Gerencia del Ayuntamiento murciano. Los investigadores consideran que este dinero pudo haber sido el pago realizado a cambio de que el funcionario hiciera la vista gorda, beneficiando a los empresarios, y perjudicando por tanto las arcas municipales. El 23 de diciembre de 2004, el detenido P¨¦rez Mateos firm¨® un convenio urban¨ªstico con el alcalde de Ulea, Jos¨¦ Bolar¨ªn Cano (PP). El primer edil de este peque?o municipio se compromet¨ªa a reclasificar 2,7 millones de metros cuadrados de terreno r¨²stico. P¨¦rez Mateos no era propietario de estas fincas, pero s¨ª hab¨ªa firmado una opci¨®n de compra con los due?os originales. De hecho, este abogado no compra de forma efectiva las fincas r¨²sticas hasta que no llega a un acuerdo con los promotores de la urbanizaci¨®n Los Juncos de Ulea Golf Resort, que incluye 4.400 viviendas, un campo de golf y un hotel. El an¨¢lisis de las escrituras constata que en la venta de Higinio P¨¦rez Mateos a los promotores de la urbanizaci¨®n participa Alberto Guerra, considerado el n¨²mero dos de Urbanismo.

Los promotores hinchaban las obras que ced¨ªan al Consistorio

Los agentes han detectado al menos la existencia de dos facturas falsas

La operaci¨®n, seg¨²n la acusaci¨®n, se habr¨ªa desarrollado as¨ª: Guerra beneficiaba a unos empresarios en Murcia valorando muy por debajo del precio de mercado la contrapartida que ten¨ªan que abonar al Consistorio a cambio de que le aumentaran la edificabilidad de sus parcelas. La investigaci¨®n considera que la forma de pago por estos servicios era incluir a este funcionario en una operaci¨®n urban¨ªstica en otro municipio, concretamente Ulea, encabezada por P¨¦rez Mateos. Este abogado era socio en otra empresa del tercero de los detenidos, el empresario italiano Renato de Noce. Ambos son consejeros delegados de una sociedad radicada en Valencia denominada Paisajes Urbanos del Mediterr¨¢neo. A su vez De Noce aparece como socio del n¨²mero tres del Urbanismo murciano, Joaqu¨ªn Pe?alver, imputado en el caso, y que compart¨ªa negocios con los empresarios beneficiados en Murcia.

Guerra fue interrogado sobre esta operaci¨®n de Ulea por el juez tras ser detenido el 5 de octubre. Los investigadores creen tambi¨¦n que este funcionario hizo la vista gorda cuando los empresarios engordaron el precio que costaba la contrapartida que deb¨ªan pagar al Consistorio a cambio de que se le elevara la edificabilidad de sus parcelas, que consist¨ªa en la remodelaron un edificio hist¨®rico: el Casino. En ese sentido los agentes detectaron al menos dos facturas de los trabajos de remodelaci¨®n que podr¨ªan ser falsas.

La puesta en marcha del nuevo Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de Murcia, que se aprob¨® en 2005 permit¨ªa a las empresas que quer¨ªan un aumento de la edificabilidad obtener las plusval¨ªas a cambio de una contraprestaci¨®n al Ayuntamiento, que valoraban los propios t¨¦cnicos, ahora imputados. Por eso, al menos dos de los convenios investigados inclu¨ªan la remodelaci¨®n y posterior cesi¨®n al Consistorio de edificios: el mencionado Casino y el Teatro Circo.

Un informe de la Intervenci¨®n General del Estado sostiene que en los seis convenios que investiga el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8 de Murcia, David Castillejos, el Ayuntamiento perdi¨® m¨¢s de 300 millones de euros.

En la Operaci¨®n Umbra ha habido hasta el momento tres detenidos y una veintena de imputados por los delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricaci¨®n, negociaciones prohibidas a los funcionarios, adem¨¢s de falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda P¨²blica.