Los alcaldes tr¨¢nsfugas de Gondomar obstruyen una orden de demolici¨®n

Los alcaldes tr¨¢nsfugas de Gondomar -Alfonso de Lis por las ma?anas y el titular, Mart¨ªn Urgal, como regidor vespertino- est¨¢n ignorando los requerimientos judiciales interesados en el derribo de una vivienda unifamiliar cuya licencia de construcci¨®n ya le cost¨® a Carlos Silva, el alcalde del PP en el anterior mandato, su expulsi¨®n de la pol¨ªtica. No es el ¨²nico v¨ªnculo. La petici¨®n de la licencia fue tramitada, para su hija, por Jaime Fern¨¢ndez, auxiliar administrativo del departamento municipal de Urbanismo y, entonces, responsable del Registro y custodio o mero porteador de la carpeta con los documentos a firmar por el alcalde. Su testimonio en otro juicio celebrado contra Silva por falsedad documental contribuy¨® a que el ex alcalde esquivara la c¨¢rcel que el fiscal ped¨ªa para ¨¦l. Ahora, los requerimientos del juzgado sobre esa vivienda salen de Urbanismo para su tramitaci¨®n en la Alcald¨ªa, ¨²nico ¨®rgano competente en el procedimiento, pero ninguno regresa a Urbanismo con la firma de Urgal o De Lis para continuarlo.

Silva y compa?¨ªa dieron centenares de licencias sin cobertura legal

Un funcionario de Urbanismo tramit¨® para su hija el pol¨¦mico permiso

La demolici¨®n de la vivienda, construida en Cruceiro-Donas, fue ordenada en febrero de 2008 en sentencia que el Tribunal Superior de Galicia (TSXG) confirm¨® en julio del a?o pasado: la casa no cuenta con amparo normativo, ni en el plan general de urbanismo de 1997, anulado por el TSXG en 2001 y por el Tribunal Supremo (TS) en 2005, ni en la normativa auton¨®mica sustitutoria. Es lo que sucede con centenares de construcciones en Gondomar. Pero la licencia para esa casa de Cruceiro fue otorgada por la junta de gobierno que presid¨ªa Carlos Silva el 17 de enero de 2006, fecha que pone un punto de inflexi¨®n en la gesti¨®n urban¨ªstica local.

La junta de gobierno, desentendi¨¦ndose de las sentencias judiciales, hab¨ªa otorgado hasta entonces licencias a mansalva. Un peque?o lote de ellas conden¨® a todos sus miembros en primera instancia por prevaricaci¨®n continuada, aunque la Audiencia Provincial estim¨® que la prevaricaci¨®n solo estaba suficientemente probada en la licencia tramitada por Jaime Fern¨¢ndez, que, seg¨²n ¨¦l, no fue la ¨²ltima: "Se concedieron licencias hasta mayo de 2006", asegura.

El Gobierno local del PP hab¨ªa respondido a la anulaci¨®n del plan de 1997 con sucesivas maniobras de distracci¨®n que us¨® hasta la extenuaci¨®n para no reconocer las ¨®rdenes judiciales. Primero, porque la sentencia del TSXG no fue firme hasta que la confirm¨® el TS y, cuando esto sucedi¨®, en febrero de 2005, el pleno municipal ama?¨® la continuidad del plan con una supuesta correcci¨®n de las lagunas se?aladas en las sentencias para anularlo.

Hasta el 16 de enero de 2006 no hubo manera de que Silva y compa?¨ªa se dieran por enterados de que estaban actuando ilegalmente. El requerimiento de la Xunta para que anularan el acuerdo plenario que manten¨ªa la vigencia del plan fue ignorado porque lleg¨® (por Registro) fuera de plazo, y los posteriores autos del TSXG (del 21 de noviembre de 2005 y 10 de enero de 2006) que ordenaban el cese tajante de licencias cayeron en un limbo, hasta que el ¨²ltimo de ellos, sin saberse c¨®mo, apareci¨® sobre la mesa de la secretaria municipal, que ese mismo d¨ªa traslad¨® su contenido a un informe advirtiendo a los ediles de los riesgos penales que estaban asumiendo. Pese a ello, otorgaron la licencia de Cruceiro.

La orden de demolici¨®n, aunque deriva de ese correoso caldo de cultivo, no es consecuencia directa del mismo, sino de la encarnizada hostilidad de dos hermanos que "est¨¢n a despedazarse en los tribunales". Jaime Fern¨¢ndez es uno de ellos. Entr¨® en el ayuntamiento como secretario particular de Ram¨®n Sestelo, el alcalde que precedi¨® a Carlos Silva, y continu¨® dos a?os (de 1999 a 2001) al servicio de este; despu¨¦s pas¨® a Urbanismo.

En el juicio por falsedad documental contra Silva, celebrado en mayo de este a?o, Fern¨¢ndez testific¨® a favor del ex alcalde. Los documentos que le inculpaban se trapichearon en bares del pueblo, a 500 euros la pieza, seg¨²n sus compradores, y certificaban una falsa antig¨¹edad de viviendas para dejar constancia de la prescripci¨®n de obras ilegales realizadas en ellas. Tampoco aqu¨ª pudo aclararse en qu¨¦ momento, en qu¨¦ lugar ni por qu¨¦ mano se introduc¨ªan en la carpeta de firmas que Fern¨¢ndez presentaba a Silva.