La Generalitat mult¨® en 2009 a 94 empresas por no etiquetar en espa?ol

Las denominadas "multas ling¨¹¨ªsticas", generalmente referidas a sanciones impuestas por marginar el catal¨¢n en el ¨¢mbito comercial, han sido fuente permanente de conflicto durante toda la legislatura. El Partido Popular y, sobre todo, Ciutadans las han utilizado para asegurar que en Catalu?a hay una persecuci¨®n de la lengua castellana. Pero el catal¨¢n no es el ¨²nico idioma protegido con multas. Seg¨²n datos a los que ha tenido acceso EL PA?S, la Agencia Catalana de Consumo (ACC) de la Generalitat, impuso el a?o pasado 94 sanciones a empresas por no etiquetar en castellano, de un total de 205 actas abiertas por esta infracci¨®n. En el mismo periodo, la Administraci¨®n abri¨® expediente sancionador a 152 comercios por vulnerar la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica catalana, con un montante de 148.100 euros, seg¨²n los ¨²ltimos datos oficiales.

"La regulaci¨®n, en el caso del etiquetaje, es favorable al castellano. Hay cerca de 120 leyes estatales que obligan a etiquetar en espa?ol", aclara Jordi Anguera, director general de la ACC. La infracci¨®n la cometen, sobre todo, distribuidoras de alimentos extranjeros. Las normas son claras; salvo excepciones, se obliga a marcar los productos en espa?ol, como dice la Ley General de Consumidores y Usuarios, actualizada 2007: "Las indicaciones obligatorias del etiquetado (...) deber¨¢n figurar, al menos, en castellano, lengua espa?ola oficial del Estado". Las competencias de consumo est¨¢n traspasadas a las comunidades aut¨®nomas, por eso Catalu?a tiene potestad para formular sus propias leyes, aunque debe hacer cumplir las estatales. Sin perjuicio de que imponga la protecci¨®n del catal¨¢n, tambi¨¦n debe vigilar la utilizaci¨®n del castellano.

"Las multas idiom¨¢ticas no son homologables. En el catal¨¢n miramos todos los aspectos que hay que proteger; en el castellano, solo tenemos problemas con el etiquetaje", especifica Anguera. En el resto de aspectos relacionados con el consumo, asegura, no han debido sancionar porque "siempre est¨¢ disponible en castellano".

La Agencia Catalana de Consumo no anuncia sus multas, aunque este a?o hizo una excepci¨®n con cinco grandes empresas. Entre ellas, mult¨® a la multinacional del mueble Ikea con 8.000 euros por varias deficiencias en la informaci¨®n al consumidor; entre otras, no dispon¨ªa del etiquetaje en castellano. Los problemas habituales, sin embargo, se encuentran en productos alimentarios de otros pa¨ªses, solo etiquetados en la lengua de origen. El auge de estos art¨ªculos, asevera el director general de la ACC, hace que en lo que llevamos de 2010 la cifra de multas ya sea similar a la del a?o anterior. "Cada vez hay m¨¢s tiendas especializadas en productos internacionales, para dar cobertura a mucha inmigraci¨®n que desea seguir cocinando productos de casa", completa Anguera.

La Generalitat no especifica qu¨¦ cantidad recibi¨® por las 94 multas que puso el a?o pasado, ya que estas infracciones se clasifican como deficiencias de informaci¨®n, al contrario de lo que pasa con la protecci¨®n del catal¨¢n, que tiene cap¨ªtulo propio. Ambas sanciones son tipificadas como leves: hasta ahora, no sub¨ªan de 3.000 euros, una cifra que con el reci¨¦n aprobado C¨®digo de Consumo asciende hasta 10.000 euros.?Y qu¨¦ pasa con los productos solo etiquetados en catal¨¢n? La Generalitat se salva de sancionar, puesto que casi la totalidad de estos casos se dan en productos tradicionales. La legislaci¨®n permite, en los alimentos con denominaci¨®n de origen, etiquetar solo en catal¨¢n si se venden solo en Catalu?a.

Los m¨¢s combativos con las multas ling¨¹¨ªsticas cambian de opini¨®n cuando el idioma que se protege es el castellano. Jos¨¦ Domingo, el diputado que durante la ¨²ltima legislatura ha sido el azote de la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica de la Generalitat desde el Grupo Mixto, modula su discurso: "Las normas de etiquetaje no se imponen por razones ling¨¹¨ªsticas, sino por salud y seguridad. Me parecen bien, en la medida que se garantiza la seguridad de los consumidores", opina. Domingo

lamenta que, en el caso de las multas por proteger el catal¨¢n, haya asociaciones que se dediquen a "perseguir y denunciar" a los comercios que incumplen la norma.

Esto no pasa con el castellano. Aparte de las inspecciones habituales, la ACC solo recibe denuncias para estos casos desde organismos p¨²blicos. Por ejemplo, una de las ¨²ltimas actas -que supuso una multa de 3.000 euros- se abri¨® mediante un informe de la Guardia Civil, que inspeccionaba la empresa sancionada por un impago en los aranceles. Encontr¨® infusiones, salchichas y productos precocinados que no estaban etiquetados en castellano.