El consejero de Econom¨ªa, implicado en el 'caso Brugal'

El consejero de Econom¨ªa, Gerardo Camps, est¨¢ implicado en el sumario del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja), seg¨²n recoge uno de los informes policiales del sumario. Adem¨¢s, las diligencias tambi¨¦n incluyen supuestas irregularidades en seis supuestos relacionados con la tramitaci¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de Alicante. El magistrado Carlos San Mart¨ªn, instructor del caso Brugal, entreg¨® ayer a las partes copia en formato DVD de las diligencias judiciales del sumario. El soporte digital incluye unas 18.000 p¨¢ginas.

La implicaci¨®n del consejero de Econom¨ªa, Gerardo Camps, en el caso Brugal, seg¨²n el informe policial al que ha tenido acceso este peri¨®dico, est¨¢ relacionada con la adjudicaci¨®n del palacio de congresos de Alicante y del Parque Cultural de Sant Vicent del Raspeig, la adjudicaci¨®n del mantenimiento y gesti¨®n integral de servicios de la Ciudad de la Luz y la concesi¨®n de un aval de 16 millones al H¨¦rcules CF. En estos hechos, junto al consejero de Econom¨ªa, el informe incluye al promotor y m¨¢ximo accionista del H¨¦rcules, Enrique Ortiz, y a Miguel ?ngel Fuster, piloto de rallyes y amigo de Gerardo Camps.

El imputado m¨¢s destacado del 'caso Brugal' es el l¨ªder del PP de Alicante

En el PGOU de Alicante apunta siete posibles ilegalidades

El informe policial sobre las supuestas ilegalidades en la tramitaci¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de Alicante se?ala siete actuaciones: Saladares de Agua Amarga, Ciudad de la Econom¨ªa, Estadio Rico P¨¦rez, Condomina, PAU 3, APA 9, Pino 9, y Fontcalent. En la mayor¨ªa de los casos, las supuestas irregularidades est¨¢n relacionadas con operaciones del contratista Ortiz. No obstante, esas actuaciones no se han ejecutado como apunta el informe, o fueron aprobadas con anterioridad a la tramitaci¨®n del nuevo planeamiento. En el primer supuesto se encuadra la operaci¨®n para ampliar el estadio Rico P¨¦rez, que no ha incluido recalificaci¨®n y se levantar¨¢ sobre el actual campo.

La de las posibles ilegalidades en la tramitaci¨®n del PGOU de Alicante es la tercera pieza de relevancia que incluye el caso Brugal. Esta causa fue remitida por el juez instructor a Alicante. El juez en el que recay¨®, el titular del n¨²mero 5, s¨ª ha asumido la investigaci¨®n. No obstante, este magistrado mantiene el secreto del sumario y no ha practicado ninguna diligencia, en espera de que el juez de Orihuela le remita todas las diligencias, y no solo los informes policiales. La tramitaci¨®n del PGOU de Alicante comenz¨® con Luis D¨ªaz Alperi, del PP, al frente de la alcald¨ªa de Alicante. El documento ha sido culminado por la sucesora de Alperi en la alcald¨ªa, la popular Sonia Castedo. Una hipot¨¦tica imputaci¨®n del ex regidor Alperi en estas diligencias implicar¨¢ el traslado del sumario al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, dado que Alperi es aforado por su calidad de diputado auton¨®mico.

Los dos pilares del caso Brugal son la contrata de la basura del municipio de Orihuela y la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja. Por este segundo contrato, la investigaci¨®n sostiene que el l¨ªder del PP de Alicante y, a su vez, presidente de la Diputaci¨®n, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, recibi¨® dos pisos o su equivalente en met¨¢lico (cerca de un mill¨®n de euros) por supuestos favores de los empresarios Enrique Ortiz y ?ngel Fenoll. Ortiz, en uni¨®n con la firma Cespa, fue el adjudicatario final de la contrata de basura de la planta del plan zonal de La Vega Baja. Unos meses despu¨¦s de la adjudicaci¨®n se cambi¨® el emplazamiento inicial de la planta a una finca propiedad del industrial ?ngel Fenoll.