La sanidad mete el bistur¨ª sin anestesia
Las reducciones de personal obligan a cerrar quir¨®fanos y suprimir servicios - Los responsables sanitarios retrasan los pagos a sus proveedores hasta 300 d¨ªas
Prestaci¨®n sanitaria y crisis son dos t¨¦rminos que siempre han ido de la mano. Pero la necesidad de los gestores sanitarios de ahorrar tiene un inconveniente: como hac¨ªa el Lazarillo de Tormes cuando ro¨ªa los panes que el cl¨¦rigo ten¨ªa guardados en un arc¨®n, se trata de recortar poco a poco para que los usuarios no lo noten. Porque la atenci¨®n de los hospitales es para los dirigentes auton¨®micos el buque insignia de su gesti¨®n. Y hay que hacer las econom¨ªas sin que los pacientes se quejen. Pero el d¨¦ficit de los sistemas sanitarios, que se calcula que supera ya los 11.000 millones de euros, no deja mucho margen de maniobra.
El ejemplo m¨¢s llamativo de los riesgos del exceso de celo es lo que sucedi¨® en verano en el Hospital La Paz, de Madrid. En agosto suprimi¨® la merienda de los pacientes -un vaso de leche y unas galletas-, y las protestas hicieron que en dos semanas se volviera a dar. Otros hospitales de la misma comunidad, como el Gregorio Mara?¨®n, hace ya m¨¢s de cuatro a?os que no dan merienda, pero los tiempos han cambiado, y el tentempi¨¦ de la Paz tuvo que ser recuperado. Quiz¨¢, porque como reconoc¨ªan la semana pasada fuentes de la Consejer¨ªa de Sanidad madrile?a, "el problema no fue que se quisiera ahorrar con la merienda, sino que se hab¨ªa recortado tanto en personal que no hab¨ªa auxiliares para repartirla".
El objetivo de los gestores es recortar sin que lo note el usuario
En Madrid, las protestas obligaron a reponer la merienda en La Paz
Los pacientes no saben si lo que tardan en operarlos es "lo normal"
Murcia, Catalu?a y Baleares se han quedado sin dinero para pagar recetas
Eliminar horas extra puede aumentar las listas de espera
Las bajas de personal no se cubren y se cierran camas
Pero el cuidado que se tiene para no incomodar a los pacientes, no se tiene con el personal, cap¨ªtulo al que la crisis lleva claramente la tijera. Es el caso de Catalu?a, donde el 70% de la actividad se realiza en centros concertados. En la mayor¨ªa de los casos los gerentes de los centros han optado por f¨®rmulas de manual: no cubrir vacantes ni sustituciones de personal laboral y jubilaciones, supresi¨®n de dietas y gastos de representaci¨®n, etc¨¦tera.
Sin embargo, en otros centros estas medidas se han demostrado calderilla y han tenido que cerrar plantas, recortado servicios y clausurado quir¨®fanos. Por ejemplo, el hospital Arnau de Vilanova, que gestiona el Instituto Catal¨¢n de la Salud, ha cerrado seis camas de la unidad de cuidados intensivos y otras tantas en nefrolog¨ªa. La cl¨ªnica Plat¨® de Barcelona ha clausurado 20 camas de cirug¨ªa y el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes otras 13 de cardiolog¨ªa. El hospital de Berga tambi¨¦n ha suspendido una planta entera de cirug¨ªa y ha recortado un 40% la actividad de uno de los quir¨®fanos. Todas estas medidas se aplicar¨¢n al menos hasta diciembre.
Mientras los sindicatos, como Comisiones Obreras, achacan esta cr¨ªtica situaci¨®n a la crisis econ¨®mica, los gerentes de los centros y el Departamento de Salud de la Generalitat aseguran que es fruto del descenso en la presi¨®n asistencial y el n¨²mero de pacientes. "En la gesti¨®n de los servicios sanitarios siempre se ha de ser cuidadoso, adaptar la plantilla y los servicios a la demanda, pero la actual situaci¨®n nos obliga a que el seguimiento sea m¨¢s a corto plazo", afirma Montse Figuerola, directora de servicios asistenciales del Instituto Catal¨¢n de la Salud.
En Galicia, el sindicato CIG afirma que este a?o hay un 40% menos de contratos de personal de sustituci¨®n. Tambi¨¦n en Andaluc¨ªa diversos representantes sindicales coinciden en que la crisis se est¨¢ notando especialmente en la demora en cubrir las bajas laborales de los profesionales sanitarios, as¨ª como en la reducci¨®n paulatina de las intervenciones quir¨²rgicas programadas extraordinarias, aquellas que se desarrollan por la tarde (fuera del horario laboral de los m¨¦dicos) y que permiten cumplir con los plazos m¨¢ximos de espera estipulados por decreto para las operaciones m¨¢s frecuentes. Estas operaciones se pagan como horas extra, por lo que los sindicatos sostienen que la Junta las est¨¢ eliminando para ahorrar gastos. Salud admite esta reducci¨®n en las intervenciones extraordinarias, pero afirma que obedece a un plan puesto en marcha en 2007 para reordenar la atenci¨®n en los hospitales.
Este ¨²ltimo tipo de medidas puede ser pan para hoy y hambre para ma?ana. Tiene la ventaja -para los gestores- de que, acostumbrados a que haya esperas, los pacientes no saben si lo que tardan en operarlos es "lo normal" o es m¨¢s de lo que les corresponder¨ªa porque se hayan suprimido turnos. Si aumentan los tiempos de espera se sabr¨¢ el a?o que viene (los datos se est¨¢n facilitando con unos ocho meses de retraso), con un agravante: este mes, por primera vez, las comunidades se han puesto de acuerdo con el Ministerio de Sanidad en limitar la espera a seis meses para cinco intervenciones. No es mucho, pero ser¨ªa un mal comienzo si los ahorros implicaran que el primer dato de este control fuera negativo.
Pero los ahorros m¨¢s significativos econ¨®micamente, y con mucho menor coste pol¨ªtico, est¨¢n en los pagos a los proveedores. El incumplimiento de la ley que fija en 60 d¨ªas el plazo de la Administraci¨®n para pagar los suministros est¨¢ tan extendido que la Ley de Morosidad aprobada en junio que fija el m¨¢ximo para 2013 en 30 d¨ªas parece en estos momentos m¨¢s un ejercicio de buena voluntad que de realismo. Y ah¨ª est¨¢n los datos de Farmaindustria para corroborarlo. Seg¨²n la asociaci¨®n de laboratorios, a 30 de junio ten¨ªan que esperar de media de 281 para cobrar lo que vend¨ªan a los hospitales. La deuda ascend¨ªa a 3.415,9 millones de euros. Este importe representa aproximadamente el 80% de la facturaci¨®n total en un a?o de los laboratorios a los centros sanitarios. As¨ª que se podr¨ªa decir que, de media, todos los pacientes tratados el primer medio a?o por los sistemas de salud hab¨ªan recibido f¨¢rmacos que los hospitales no hab¨ªan pagado. Los portavoces de Farmaindustria admiten que la situaci¨®n nunca ha sido buena, pero afirman que se est¨¢ llegando a valores r¨¦cord. Y la prueba est¨¢ en que los impagos han aumentado desde 2008 un 26,11%.
Peor a¨²n lo tienen los proveedores de productos y tecnolog¨ªas sanitarios, un sector que abarca desde las tiritas a los marcapasos. La patronal Fenin (Federaci¨®n Espa?ola de Empresas de Tecnolog¨ªa Sanitaria) ve la situaci¨®n tan complicada que ha accedido por primera vez a facilitar los datos de la deuda. Calcula que el tiempo medio para cobrar estaba a 30 de septiembre en 299 d¨ªas, un plazo que desde el 1 de enero ha aumentado un 11%. El importe que se les adeuda est¨¢ ya en 3.450 millones de euros, un 15% m¨¢s que a primero de a?o. "Desde 2007, la deuda se ha duplicado", afirma una portavoz de Fenin. Y el plazo medio para cobrar ha pasado de 214 a 299 d¨ªas.
Estos dos suministradores se ven en una situaci¨®n complicada, ya que aproximadamente la mitad de los hospitales del pa¨ªs son p¨²blicos, y entre ellos est¨¢n los m¨¢s grandes. El problema es casi inocuo para los usuarios mientras las empresas no se vean obligadas a cerrar por las deudas, indican portavoces de los sectores. En teor¨ªa, los pacientes ingresados reciben su medicaci¨®n y sus pr¨®tesis independientemente de que se hayan pagado o no. Pero empieza a haber flecos que muestran que el sistema tiene las costuras a punto de reventar. Ha pasado con los medicamentos que se dan en las farmacias hospitalarias para que el usuario los tome en su casa, sobre todo anticancerosos y antivirales. Por ejemplo -y sin ¨¢nimo de ser exhaustivos -, en el Hospital Ram¨®n y Cajal de Madrid se han impuesto protocolos que hacen que la farmacia pueda negar un medicamento a una persona con VIH aunque se lo haya prescrito un m¨¦dico del centro. El servicio obliga a que el paciente tramite un permiso especial para obtenerlo, lo que retrasa que empiece a tomar las pastillas. Tambi¨¦n ha habido casos de hospitales de Andaluc¨ªa y Asturias, entre otros, que dejaron de facilitar la triple terapia combinada contra el VIH en una pastilla, con lo que el paciente ten¨ªa que llevarse las tres cajas correspondientes, lo que sale m¨¢s barato pero aumenta el riesgo de que no tome bien su dosis.
Pero las comunidades no pagan solo los medicamentos de los hospitales. Tambi¨¦n abonan los productos vendidos en farmacias con receta oficial (12.506 millones en 2009). Y ah¨ª tambi¨¦n empieza a haber problemas. Seg¨²n los Colegios de Farmac¨¦uticos, que son los que hacen de intermediarios entre las boticas y la Administraci¨®n, Murcia, Catalu?a y Baleares ya se han quedado sin dinero para pagar las recetas, por lo que est¨¢n buscando otras v¨ªas para no dejar a las oficinas de farmacia en la estacada -ayudas que a veces pasan simplemente por facilitar que puedan conseguir l¨ªneas de descuento o cr¨¦ditos hasta enero, cuando se les pagar¨¢-. Y a esa lista se pueden unir antes de fin de a?o la Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja. Un estudio del peri¨®dico especializado Diario m¨¦dico calcula que solo Pa¨ªs Vasco y Castilla y Le¨®n acabar¨¢n el a?o en este apartado sin problemas. La Xunta gallega ha comenzado incluso a tramitar en el Parlamento aut¨®nomo una ley que restrinja el cat¨¢logo de medicamentos subvencionados por la comunidad, algo in¨¦dito en Espa?a y que excede sus competencias, seg¨²n el Ministerio de Sanidad.
Los efectos de las medidas adoptadas por el Gobierno con el acuerdo de las comunidades en marzo y abril (recortes de sueldos y de precios de los medicamentos) van a llegar tarde para las comunidades. Aunque la factura de los f¨¢rmacos empez¨® a caer por primera vez en septiembre, algo que no hab¨ªa sucedido pr¨¢cticamente nunca, no va a ser suficiente.
De nuevo, los usuarios, de momento, no deben de notar las estrecheces. Puede haber alguna farmacia que reduzca el n¨²mero de productos que tiene en el almac¨¦n, por lo que es posible que el usuario tenga que ir dos veces a la oficina para conseguirlo. Pero si los recortes acaban obligando a la farmacia a cerrar, ser¨¢ distinto.
Con informaci¨®n de Josep Garriga (Barcelona), Reyes Rinc¨®n (Sevilla) y Pablo Linde (Santiago).
A vueltas con el copago
Lavander¨ªa, hosteler¨ªa (comidas), peluquer¨ªa... Siempre que se habla de problemas financieros en los sistemas sanitarios sale a relucir la posibilidad de que los usuarios, sobre todo los que son hospitalizados, paguen servicios que no se consideran esenciales -si es que una buena alimentaci¨®n no se considera parte del tratamiento- que deber¨ªan estar pagando de su bolsillo si estuvieran en su casa. La idea, como la de penalizar aunque sea simb¨®licamente a quien va a urgencias sin necesitarlo o cada visita al m¨¦dico de atenci¨®n primaria, est¨¢ siempre en el disparadero, pero siempre se rechaza. La ¨²ltima vez fue en la subcomisi¨®n del Congreso sobre un Pacto Sanitario. El texto que present¨® el presidente (Gaspar Llamazares, de IU) descartaba rotundamente esta posibilidad. Y ello fue uno de los motivos por los que CiU se descolg¨® del acuerdo (tampoco al PP le gustaba la idea, pero nadie esperaba que se uniera al pacto).
En lo que ha habido unanimidad en el Consejo Interterritorial ha sido no en cobrar, sino en presentar a los usuarios un papel -la factura en la sombra- que indica lo que le habr¨ªa costado la atenci¨®n si hubiera tenido que pagarla. Andaluc¨ªa ha sido la comunidad pionera en probar este sistema, a medio camino entre la propaganda -"F¨ªjese lo que hacemos con su dinero"- y la amonestaci¨®n -"Venga lo menos posible, que es muy caro"-.
El sistema es, en s¨ª, inocuo para el paciente, que se va tan contento de no tener que pagar. Pero ya tiene sus cr¨ªticos. La Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica cree que entregar a cada persona una factura por lo que se le ha hecho tiene m¨¢s costes que beneficios, y duda de su eficacia reguladora.
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