La fiscal¨ªa indaga desde julio el plan de Batasuna para ir a las elecciones

El cese de la actividad armada de ETA no ha condicionado la labor del ministerio p¨²blico contra el terrorismo ni contra las actividades de su frente pol¨ªtico-institucional. La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional abri¨® el pasado 22 de julio unas diligencias de investigaci¨®n para obtener informaci¨®n sobre las maniobras de la izquierda abertzale para estar presente en las municipales del 22 de mayo de 2011. El objetivo es acumular indicios para instar un posible cese de actividades de la nueva marca electoral o enviarlos a la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo para que presente la demanda de ilegalizaci¨®n que prev¨¦ la Ley de Partidos. La principal sospecha es que, esta vez, recurrir¨¢n a la creaci¨®n de una nueva formaci¨®n.

El objetivo es el cese de actividades y la ilegalizaci¨®n en el Supremo

La investigaci¨®n, ordenada por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, y encargada a los fiscales Vicente Gonz¨¢lez Mota (coordinador de terrorismo) y Daniel Campos, nace con la llegada a fiscal¨ªa de un informe de la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n de la polic¨ªa sobre la intenci¨®n de la ilegalizada Batasuna de buscar f¨®rmulas para presentarse a los comicios. Su objetivo es acreditar la existencia de una estrategia del "entramado pol¨ªtico-institucional" de ETA (el nombre que dio la Audiencia a su brazo pol¨ªtico) para alcanzar ese fin y dilucidar cu¨¢les ser¨¢n los cauces que la izquierda abertzale pretender¨¢ utilizar para obtener representaci¨®n a partir del 22 de mayo. Los fiscales pretenden conocer desde hace meses si los radicales recurrir¨¢n a alianzas con partidos legales (como Aralar o EA), a la creaci¨®n de agrupaciones de electores o a la instrumentalizaci¨®n de partidos durmientes, como ocurri¨® con el PCTV.

Para ello, la investigaci¨®n sigue dos l¨ªneas. La primera es solicitar informes a la polic¨ªa, la Guardia Civil y la Ertzaintza. Al mismo tiempo, la fiscal¨ªa trata de racionalizar todas las pruebas e indicios que puedan aparecer en los procesos que se est¨¢n investigando en los distintos juzgados de la Audiencia y los que se inicien desde ahora hasta las elecciones. Se trata de bucear en al menos una decena de sumarios en busca de reuniones de tipo pol¨ªtico, actos p¨²blicos e informes policiales de cara a reunirlos en un ¨²nico procedimiento. Para estar preparados.

Hasta el momento, la fiscal¨ªa ha recibido un informe de cada cuerpo policial. Los tres confirman la inequ¨ªvoca voluntad de ETA y Batasuna de estar en las instituciones. Otros documentos en poder del ministerio p¨²blico, como el incautado en la operaci¨®n que desarticul¨® Bateragune, la comisi¨®n de coordinaci¨®n de la izquierda abertzale -por lo que ser¨¢ juzgado en enero Arnaldo Otegi-, recog¨ªa un an¨¢lisis sobre las ¨²ltimas elecciones vascas y formulaba l¨ªneas de actuaci¨®n en materia electoral para los dos a?os siguientes.

La principal sospecha es que el instrumento elegido por los radicales ser¨¢ la creaci¨®n de un nuevo partido. Por eso, en los ¨²ltimos d¨ªas, Mota y Campos ha vuelto a pedir a los tres cuerpos que investiguen esa hip¨®tesis y plasmen el resultado en nuevos informes. Los recabados hace m¨¢s de tres meses no descartaron ninguna de las posibilidades a las que la formaci¨®n ilegalizada ha recurrido hasta ahora (agrupaciones, nuevas siglas o partidos durmientes).

Todas esas pruebas se acumular¨¢n con el fin de recurrir a las dos formas previstas por la ley para desactivar un partido. La primera es el cese cautelar de actividades previsto en el C¨®digo Penal que ya utiliz¨® el juez Baltasar Garz¨®n con Batasuna, Acci¨®n Nacionalista Vasca (ANV) y PCTV as¨ª como con D3M y Askatasuna. Para ello, el ministerio p¨²blico plantear¨ªa un nuevo caso en la Audiencia por los delitos de integraci¨®n o colaboraci¨®n con organizaci¨®n terrorista y pedir¨ªa la suspensi¨®n o la instar¨ªa en uno de los procesos ya abiertos contra el entorno de la banda. Una segunda posibilidad -acumulable a la suspensi¨®n- es la de mandar ese material a la Fiscal¨ªa del Supremo para presentar una demanda de ilegalizaci¨®n ante la Sala del 61, a la que la Ley de Partidos encarga el estudio de estos casos. Solo la fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado pueden iniciar ese proceso.