La mujer invisible

Con la supresi¨®n del Ministerio de Igualdad naufragan las esperanzas que hab¨ªamos depositado en una Espa?a menos patriarcal, menos violenta con la mujer y m¨¢s igualitaria. Era una apuesta cre¨ªble y posible, no solo por ser el instrumento gubernamental m¨¢s dotado para liderar la pol¨ªtica de equiparaci¨®n material de los g¨¦neros en todos los ¨¢mbitos de la vida social, econ¨®mica y jur¨ªdica, sino porque, siendo el supremo paradigma de la acci¨®n y el poder pol¨ªtico, la mujer se hac¨ªa visible como ense?a y referencia permanente del empe?o com¨²n por la igualdad, como ¨²nico camino hacia una sociedad m¨¢s justa y m¨¢s pr¨®spera.

Europa, en el entendimiento de que la igualdad no es una pol¨ªtica social m¨¢s, porque la mujer no es un colectivo desfavorecido, sino la mayor¨ªa de la poblaci¨®n en situaci¨®n de desventaja hist¨®rica, a partir del Tratado de ?msterdam de 1999, y la Decisi¨®n del Consejo de 20 de diciembre de 2001, adopt¨®, como objetivo prioritario, alcanzar la igualdad real, elaborando la estrategia del mainstreaming, que extend¨ªa y lanzaba un impulso de intervenci¨®n transversal o generalizada sobre toda acci¨®n de gobierno, lo que impon¨ªa que toda decisi¨®n o impulso legislativo, por m¨ªnimo que fuera o por ajeno que pudiera parecer a "la problem¨¢tica de la mujer", contara de forma prevalente con la perspectiva de la paridad en la motivaci¨®n de su conveniencia u oportunidad, valorando el impacto sobre la igualdad, como requisito primordial e inexcusable.

La supresi¨®n del Ministerio de Igualdad es una rendici¨®n

En Espa?a, cumpliendo con el mandato europeo, la Ley 30/2003, de modificaci¨®n del art¨ªculo 22.2 de la Ley 50/97 de 27 de noviembre, la Ley del Gobierno, con una exposici¨®n de motivos de enmarcar, impuso que todos los proyectos legislativos contaran en su tramitaci¨®n con el informe preceptivo de impacto de g¨¦nero. La norma, que carece del desarrollo reglamentario, como apuntara el Consejo de Estado en su memoria 2004, se cumple a rega?adientes y normalmente solo como un requisito formal, resultando evidente que la abnegada tarea del Instituto de la Mujer no pudo imponer su aplicaci¨®n material. Su ausencia es clamorosa en los Presupuestos del Estado, lo que significa que tampoco se ha dado, ni se da, cumplimiento al mandato de la ONU de analizar el impacto sobre la igualdad de los Presupuestos Generales de los Estados, seg¨²n advierten Lourdes Bener¨ªa y Carmen Saras¨²a en su art¨ªculo ?A qui¨¦n afecta el recorte del gasto? (EL PA?S, 28 de octubre de 2010).

La llegada de Zapatero enarbolando la pol¨ªtica de paridad, con la Ley contra la Violencia de G¨¦nero de 2004 y la Ley de Igualdad de 2007, y sobre todo con su primer Gobierno paritario, parec¨ªa corregir la deriva dando un nuevo impulso al cumplimiento real de las leyes de igualdad frente a las reticencias a cumplir en sus t¨¦rminos la legalidad europea y nacional. Pero fue la creaci¨®n del Ministerio de Igualdad la que hizo abrigar ilusiones de que algo pod¨ªa cambiar, pues solo un ¨®rgano dotado de imperium pod¨ªa imponer la intervenci¨®n transversal necesaria y permanente que el empe?o reclamaba.

Fue a partir de entonces cuando, medio alcanzada la paridad, al menos de forma virtual, empezamos a so?ar con romper el techo de cristal y hasta parec¨ªa alcanzable que en los altos Tribunales del Estado, cumbre institucional de la visibilidad, los dos sexos estuvieran representados de forma paritaria y que de verdad se pusiera en pr¨¢ctica la transversalidad que exige Europa, que se trabajara sin desmayo por la eliminaci¨®n del lenguaje androc¨¦ntrico, por la educaci¨®n en igualdad o por la creaci¨®n de mecanismos interdisciplinares hasta lograr la eliminaci¨®n de la violencia de g¨¦nero, atacando sus causas. Su inexplicada supresi¨®n y su degradaci¨®n a Secretar¨ªa de Estado, ap¨¦ndice del Ministerio de Sanidad, solo puede interpretarse como una rendici¨®n ante los que opinan que la igualdad de g¨¦nero es una mera "pol¨ªtica social" y no una prioridad en la que queda mucho por andar, que el Ministerio de Igualdad, con su modesto 0,3% del presupuesto, era un gasto innecesario, un mero adorno o, incluso restaba credibilidad, en lugar de ser una necesidad para ejecutar la legalidad, tal y como explica Soledad Murillo con toda claridad en su art¨ªculo Los costes de una decisi¨®n (EL PA?S, 26 de octubre de 2010).

Siendo equivocada la supresi¨®n del Ministerio de Igualdad, lo peor es que vuelven a quedar sin bridas las fuerzas tel¨²ricas del poder masculino, que desde su sentimiento de expropiaci¨®n ante los avances de la mujer, alienta el esp¨ªritu de la ¨²ltima remodelaci¨®n de Gobierno, como desde aqu¨ª se?alara Fernando Vallesp¨ªn (Vuelve el hombre, EL PA?S, 29 de octubre de 2010), porque resulta impl¨ªcito que mientras se considera al Ministerio suprimido una frivolidad, se alimenta la tutela patriarcal, al encomendar la recuperaci¨®n de la credibilidad del poder a lo m¨¢s granado y sensato de entre nuestros mejores caballeros y paladines. Se pod¨ªa haber hecho sin poner en riesgo las pol¨ªticas de igualdad y sin devolver a la mujer a la invisibilidad.

Inmaculada Gonz¨¢lez de Lara es magistrada.