La larga mano de la 'doctrina Parot'

La ¨²ltima semana de julio pasado, Pompeyo Miranda preparaba su vuelta a la vida en libertad despu¨¦s de 19 a?os de c¨¢rcel por los dos asesinatos cometidos en Bolivia cuando era un balarrasa: 30 a?os de condena por el primero y 15 a?os por el segundo. El almeriense regal¨® sus ropas a otros presos, imagin¨® el reencuentro con la familia, los amigos y su Almer¨ªa natal, y aguard¨® en su celda la orden de excarcelaci¨®n, prevista para el primero de agosto. Pero pocos d¨ªas antes recibi¨® un aut¨¦ntico mazazo. "El juez ha anulado su salida y le aplica la doctrina Parot. Tiene que seguir en la c¨¢rcel", le comunic¨®, verbalmente, una alta funcionaria del penal donde permanece recluido.

A Miranda, de 45 a?os, el mundo se le vino encima cuando conoci¨® la resoluci¨®n de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: le esperaban hasta 15 a?os m¨¢s de c¨¢rcel, pese a estar amparado por el Tratado de 1990 entre Espa?a y Bolivia sobre transferencia de personas condenadas, que proh¨ªbe agravar la situaci¨®n del condenado, pese a invocar la ley de ejecuci¨®n penal boliviana, que proh¨ªbe sumar condenas, cumplidas siempre en paralelo, y pese a no registrar en su expediente ning¨²n parte de castigo.

"?Qui¨¦n garantiza que no vuelve a matar con el expediente que tiene?", subrayan fuentes de la Audiencia Nacional

"Se han saltado a la torera la Constituci¨®n, las leyes y los convenios internacionales. Yo ya he cumplido. Con solo observar la hoja de c¨¢lculo que mand¨® Bolivia se aclara mi situaci¨®n. Me suman una condena, la de 15 a?os, que ya ha quedado extinguida", sostiene el reo. "Yo no he sido sentenciado por juzgados espa?oles y Espa?a asumi¨® mi situaci¨®n cuando fui trasladado. Y para eso hay un tratado. Y si no lo cumplen me tienen que devolver a Bolivia y se acab¨®. Ya he pedido al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Asuntos Exteriores que me devuelvan por incumplimiento del tratado".

Al igual que ¨¦l, varios presos han recurrido la aplicaci¨®n de una doctrina que endureci¨® sus castigos hasta extremos a veces insoportables. Antonio Izquierdo, uno de los dos autores del crimen de Puerto Hurraco, se suicid¨® en abril al aplic¨¢rsele la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2006, concebida para prolongar el encarcelamiento de presos de ETA, estableciendo que la reducci¨®n de penas por beneficios penitenciarios se aplique a la suma de las condenas y no sobre el m¨¢ximo de 30 a?os fijado en el C¨®digo Penal de 1973.

Pompeyo Miranda enamor¨® en Santa Cruz de la Sierra a una ciudadana de Denver (Colorado) y se busc¨® la ruina. El 18 de octubre de 1991 acab¨® con la vida de la estadounidense Gloey Wisemam, temiendo que ella arruinara la suya delatando sus manejos en el narcotr¨¢fico. Siendo la gringa enredadora y el almeriense de armas tomar, nada bueno cab¨ªa esperar de un ardor que con el tiempo hab¨ªa de tornarse tr¨¢gico. Aquella pasi¨®n de mala hora naci¨® en carnavales. Desde?osa con el hombre boliviano, m¨¢s bien chaparro, el metro ochenta del joven andaluz, sus ojos azules, y tambi¨¦n las amistades de aquel camarero moreno y de pelo en pecho sedujeron a Wiseman, adscrita a los Cuerpos de Paz de Estados Unidos, amigado con la CIA y la DEA en las pol¨¦micas correr¨ªas de las agencias antidrogas y de espionaje por Am¨¦rica Latina. La mujer hab¨ªa cumplido 46 a?os en 1991, 20 m¨¢s que su amante.

Al tratarse de una ciudadana norteamericana, el FBI particip¨® activamente en la b¨²squeda del homicida, finalmente capturado y condenado a 30 a?os de prisi¨®n, la m¨¢xima pena posible. Tres a?os despu¨¦s, en 1994, el espa?ol mat¨® a un delincuente boliviano, cabecilla de una banda. Le cayeron otros 15 a?os, pero seg¨²n la ley de ejecuci¨®n penal de Bolivia cada d¨ªa de presidio computa para las dos condenas. Con ese c¨¢lculo, al abrigo de las redenciones, y tras cumplir 8 a?os en Bolivia y 11 en Espa?a, el espa?ol habr¨ªa pagado ya la segunda causa en octubre de 2009; asimismo estar¨ªa facultado para salir a la calle, pese a la primera, gracias a las remisiones de pena, ordinarias y extraordinarias, contempladas en el c¨®digo de 1973.

De hecho, el c¨¢lculo de la administraci¨®n penitenciaria espa?ola dio luz verde a su excarcelaci¨®n, pero con la doctrina Parot, los 30 y 15 a?os se suman y sobre ese total de 45 a?os se efectuar¨¢ el descuento.

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional subraya en un informe que tampoco puede beneficiar a Pompeyo Miranda, transferido en el a?o 1999, a petici¨®n propia porque "de los beneficios penitenciarios que pudiera haber devengado el condenado (en Bolivia) no existe noticia alguna en la documentaci¨®n remitida por ese pa¨ªs". No sorprende la ausencia documental de los beneficios porque probablemente no proced¨ªan por la calificaci¨®n del primer crimen, o porque la administraci¨®n de justicia en Bolivia ha sido ca¨®tica durante decenios, seg¨²n constat¨® este periodista en sus viajes a Santa Cruz de la Sierra: los expedientes se perd¨ªan en sedes ajenas a la causa, los m¨¦ritos para acortar condena eran olvidados o ignorados y la compraventa de libertades, o de sentencias, ha sido una lacra denunciada en titulares de prensa.

Preguntado sobre el caso de Pompeyo Miranda, el juez Sa¨²l Salda?a, quien le juzg¨® por el asesinato del pandillero, indica que "en Bolivia no existen las condenas acumulativas y siguen vigentes los beneficios penitenciarios", pero evita m¨¢s precisiones porque "ha transcurrido mucho tiempo y todo est¨¢ archivado". Las fuentes de la Audiencia Nacional consultadas reiteran que "en cuanto lleg¨® a Espa?a qued¨® baj¨® la jurisdicci¨®n de las leyes espa?olas y son las leyes espa?olas las que se est¨¢n aplicando en su caso. ?Qui¨¦n garantiza que no vuelve a matar con el expediente que tiene?".

Independientemente de las dudas de fiscales o de psic¨®logos sobre las posibilidades de reinserci¨®n social del penado, este exige que las leyes espa?olas respeten el tratado entre Espa?a y Bolivia sobre transferencia de personas condenadas, firmado en Madrid el 24 de abril de 1990. Su articulado especifica que, una vez integrado en el sistema penitenciario del pa¨ªs receptor, en este caso Espa?a, "no se agravar¨¢ la situaci¨®n del condenado" y "ninguna sentencia de prisi¨®n ser¨¢ ejecutada por el Estado receptor del tal manera que se prolongue la duraci¨®n de la pena m¨¢s all¨¢ del t¨¦rmino de prisi¨®n impuesto por la sentencia del tribunal del Estado trasladante".

Tom¨¢s Mart¨ªnez, abogado del preso, explica: "Hemos recurrido ante el Supremo porque se le ha aplicado la ley espa?ola cuando debiera hab¨¦rsele aplicado la ley boliviana, con la que ya estar¨ªa en la calle". El asesino en serie Pedro Antonio Seco mat¨® a tres personas, fue condenado a 90 a?os y sali¨® de la c¨¢rcel a finales del pasado mes de octubre tras cumplir 17 a?os. Pompeyo Miranda ha cumplido 19 y reconoce haber delinquido, "pero bastantes palos me dan dado. Ya he cumplido".