La factura de la protecci¨®n de animales

Un municipio mediano, de unos 30.000 habitantes, gasta al a?o unos 34.000 euros anuales en la recogida de animales dom¨¦sticos abandonados y en mantenerlos en un centro de acogida en condiciones dignas. Se trata de una carga econ¨®mica que pesa como una losa sobre los Ayuntamientos catalanes. Pese a la asfixia econ¨®mica que sufren, se ven obligados a realizar este esfuerzo presupuestario para asumir unas competencias que la Ley de Protecci¨®n de los Animales de 2007 les endos¨® "sin la asignaci¨®n de recursos econ¨®micos necesarios". As¨ª lo denuncian la Federaci¨®n de Municipios de Catalu?a (FMC) y la Asociaci¨®n Catalana de Municipios (ACM). Los servicios jur¨ªdicos de esta ¨²ltima entidad han anunciado que emprender¨¢n "las acciones oportunas" para que se exima a los Ayuntamientos de las competencias que les adjudica la ley "si no reciben m¨¢s dinero" de la Generalitat.

Sin dinero para la atenci¨®n social y con la obligaci¨®n de acoger animales

La preocupaci¨®n de los municipios por la "imposibilidad" de cumplir la ley ha aumentado tras las denuncias presentadas por asociaciones protectoras de animales contra Ayuntamientos, o contra las empresas a la que estos contratan el servicio, por infringir la normativa de protecci¨®n de los animales.

"Los alcaldes o concejales pueden encontrarse con que se les exige responsabilidades civiles y penales por un incumplimiento que no es debido a la falta de voluntad pol¨ªtica sino a la ausencia de medios econ¨®micos", afirma la Federaci¨®n de Municipios de Catalu?a.

"La no recogida de animales abandonados o su mantenimiento en instalaciones inadecuadas son actuaciones que pueden ser interpretadas como un maltrato a animales dom¨¦sticos, delito que puede castigarse con penas de c¨¢rcel y de inhabilitaci¨®n", a?ade la entidad municipalista, que ha criticado duramente la Ley de Protecci¨®n de los Animales porque "en la pr¨¢ctica se ha demostrado la imposibilidad de su aplicaci¨®n" y porque est¨¢ plagada de "paradojas e incongruencias". Sant Vicen? dels Horts, Corbera, Vallirana (Baix Llobregat) y Sant Cugat del Vall¨¨s son algunos de los municipios a los que las fundaciones proteccionistas Altarriba y FAADA han denunciado.En muchos casos la denuncia se debe a infracciones de tipo administrativo, como la inexistencia de un registro de entradas y salidas en sus centros de acogida, "lo que hace imposible conocer cu¨¢ntos animales entran en el centro y cu¨¢l ha sido su destino".

En el mejor de los casos, la mascota encontrar¨¢ alg¨²n ciudadano que la adopte o ser¨¢ retornada a su propietario, pero esto sucede solo en el 50% de los casos. El a?o pasado fueron abandonados m¨¢s de 22.000 perros y gatos en la calle por sus propietarios, seg¨²n la Fundaci¨®n Affinity. Las entidades protectoras elevan la cifra a 30.000 animales. Eso provoca que las perreras est¨¦n saturadas, un problema que se agrava porque la ley proh¨ªbe el sacrificio de animales. Solo en casos excepcionales la normativa permite matar a perros y gatos, pero el problema es que todav¨ªa no se ha aprobado el reglamento que debe concretar en qu¨¦ circunstancias -humanitarias y sanitarias, por regla general- puede optarse por el sacrificio. Ante las quejas de las organizaciones municipalistas, la Generalitat ha concedido moratorias en la aplicaci¨®n de la ley a los Ayuntamientos que lo han pedido. El a?o pasado, 70 municipios obtuvieron permiso para sacrificar animales, entre ellos 32 del Vall¨¨s Oriental. Muchos Consistorios de la zona tienen su servicio de recogida de animales y su perrera. Adem¨¢s mantienen un acuerdo con el consejo comarcal para utilizar el centro que esa instituci¨®n tiene en Granollers cuando los propios se hallan saturados. "La broma a estos Ayuntamientos, que suman unos 400.000 habitantes, les cuesta 700.000 euros anuales", asegura Toni Cornellas, gerente del Consejo Comarcal del Vall¨¨s Oriental.

Cornellas denuncia que "algo falla" cuando la estrechez econ¨®mica que sufren los Ayuntamientos no les permite dar abasto para atender la creciente demanda de servicios sociales, mientras que se ven obligados a destinar grandes sumas de dinero para no vulnerar la Ley de Protecci¨®n de los Animales ante la amenaza de acabar ante el juez.

Para los municipios, las ayudas que el Departamento de Medio Ambiente concede para asumir sus funciones en materia de protecci¨®n de los animales son "claramente insuficientes". Las ayudas para 2010 para toda Catalu?a ascienden a 1,1 millones de euros y una sola comarca, el Vall¨¨s Oriental, ya gasta m¨¢s de la mitad de esa suma en la gesti¨®n y el mantenimiento de las perreras.

Las protectoras de animales rechazan "la excusa de la falta de recursos" que esgrimen los Ayuntamientos. Seg¨²n Yolanda Valbuena, responsable del ¨¢rea jur¨ªdica de la Fundaci¨®n Altarriba, "el problema no es de presupuesto, sino de desidia". "Durante los ¨²ltimos a?os, los Ayuntamientos no han controlado los abandonos de perros por parte de cazadores, que suponen m¨¢s del 60% de los animales acogidos", asegura.

La Fundaci¨®n Altarriba ha denunciado en los ¨²ltimos meses la existencia de varios "zulos", dos de ellos descubiertos en El Vendrell y Santa Coloma de Gramenet, en los que se agolpaban malviviendo 50 perros de caza. La entidad protectora tambi¨¦n reprocha la falta de control en las donaciones de animales de compa?¨ªa que salen de las perreras.