El 'caso Olot' destapa la precariedad y la dispersi¨®n legal de los asilos

En Espa?a hay alrededor de 212.000 ancianos ingresados en residencias, el 62% mayores de 80 a?os y el 70% del total, dependientes. Muchos de ellos est¨¢n en peque?as y antiguas residencias, cuyo tama?o, en ocasiones, afecta a su viabilidad econ¨®mica. En noviembre se ha destapado el caso Olot, donde un celador se ha confesado culpable de la muerte de 11 ancianos , mes a mes, sin que nadie lo notara. ?Est¨¢n los ancianos suficientemente seguros en los geri¨¢tricos?

C¨®mo se les atiende, qui¨¦n les da las medicinas o les pone insulina, cu¨¢ntos m¨¦dicos o enfermeras vigilan su salud, de cu¨¢ntos pa?ales disponen e incluso su alimentaci¨®n es algo bien dispar de una comunidad a otra, incluso de un geri¨¢trico a otro. Hay tanta normativa como Comunidades Aut¨®nomas, alguna m¨¢s antigua, otra de moderna redacci¨®n. El n¨²mero de metros cuadrados por usuario en el comedor o en las habitaciones tambi¨¦n cambia por regiones y, de nuevo, dependen de cada residencia.

Hay tantas normativas distintas como Comunidades Aut¨®nomas

"Las inspecciones se han intensificado", aseguran los empresarios

?Cree que puede haber m¨¢s de un celador que se encargue de administrar insulina a los ancianos? "S¨ª", responde sin dudar Alicia Aza?a, secretaria general de Aeste, la patronal de las grandes empresas de los geri¨¢tricos, como Mapfre, el Grupo Sar, Eulen, Ballesol, entre otras. "Cada vez que escucho lo del celador de Olot me llevo las manos a la cabeza, no me explico siquiera c¨®mo ten¨ªa acceso a la insulina", dice.

"Las inspecciones se han intensificado", sigue Aza?a, "y el que no mejora y se profesionaliza est¨¢ condenado a desaparecer", afirma. Esto afectar¨¢ siempre en mayor medida a las residencias peque?as. "Es una cuesti¨®n de viabilidad econ¨®mica. Los geri¨¢tricos con menos de 50 plazas dif¨ªcilmente se pueden permitir tener el personal necesario. Eso no quiere decir que las peque?as no est¨¦n trabajando bien, solo que algunas, quiz¨¢, no deber¨ªan estar atendiendo a grandes dependientes, que son los m¨¢s complicados y las plazas m¨¢s caras", afirma Aza?a. "Me consta que este a?o se han cerrado m¨¢s de 50 centros en Madrid y otros tantos en Barcelona".

?Cu¨¢ntos se han cerrado en toda Espa?a? El Ministerio de Sanidad, Pol¨ªtica Social e Igualdad echa mano de la sempiterna respuesta: "Eso es cosa de las comunidades". En Espa?a hay casi 5.100 geri¨¢tricos, seg¨²n los ¨²ltimos datos del Gobierno (Imserso), de 2008. Catalu?a es la comunidad que m¨¢s tiene: 1.253. Muchos de ellos, 851, son peque?os, de menos de 50 plazas. Andaluc¨ªa es la segunda en esta lista, con 362 geri¨¢tricos peque?os.

Cabe la reforma, una readaptaci¨®n que les permita seguir funcionando, pero el sector, a pesar de ello, est¨¢ condenado a una fuerte reconversi¨®n que, a decir de los expertos, llevar¨¢ al menos cinco a?os hasta que se vayan homogeneizando los ¨ªndices de calidad. Morir¨¢n muchas peque?as empresas, algunas porque no podr¨¢n adaptarse y otras por ahogo econ¨®mico. Para concertar plazas con la Administraci¨®n hay que cumplir ciertos requisitos y quiz¨¢, no est¨¦n en condiciones de pasarlos.

Las nuevas residencias, por lo general, son grandes y est¨¢n ya construidas y dotadas de acuerdo con normas actuales. La Ley de Dependencia, la v¨ªa por la que entran ahora los ancianos a las residencias, estableci¨® unos m¨ªnimos en cuanto a las plantillas que han de trabajar en estos centros por usuario, a cumplir entre 2011 y 2015. Practicamente ninguna comunidad los ha incorporado en sus normas auton¨®micas, lo que no quiere decir que alguna de ellas no tenga normativa m¨¢s exigente. "Pero los m¨ªnimos acordados por las comunidades en ese decreto estatal son tan m¨ªnimos que apenas permiten corregir la situaci¨®n de las comunidades m¨¢s rezagadas. Y adem¨¢s se concede mucho margen de maniobra, as¨ª que, al final, cada comunidad tiene unos requisitos distintos", dice Almudena Fontecha, responsable de Pol¨ªtica Social en UGT.

Esta disparidad de criterios complica la vida a las empresas, que han de adaptarse a cada comunidad. Tampoco los trabajadores son los mismos, ni sus horarios. Un celador no puede administrar medicinas. Eso es com¨²n en toda Espa?a. Y poca cosa m¨¢s.

Andaluc¨ªa tiene una de las normativas m¨¢s exigentes y es un buen ejemplo para ilustrar lo que ocurre. Las nuevas residencias en esta comunidad ya se hacen con todo lujo de detalles, pero con estos flamantes centros conviven antiguas residencias que se acogieron a normas anteriores. "En Andaluc¨ªa como en el resto de Espa?a, las antiguas han de tener un plazo de adaptaci¨®n, esto no se puede hacer de un d¨ªa para otro, porque se dejar¨ªa en la calle a muchos empleados y adem¨¢s hay que reubicar a los abuelos. Adem¨¢s, cerrar sin abrir otros significar¨ªa disminuir el n¨²mero de plazas. Ahora bien, hay casos clamorosos que deben cerrarse ya porque no re¨²nen las condiciones m¨ªnimas, en todas las comunidades", explica Gustavo Garc¨ªa, experto en gesti¨®n de residencias y director de una de ellas en Zaragoza.

No es de extra?ar que, de pronto, salten esc¨¢ndalos por la alimentaci¨®n, la higiene, ancianos atados a las sillas, o el ¨²ltimo, en Olot, en manos de la justicia.

"El control de calidad va a seguir fallando", vaticina la responsable de Pol¨ªtica Social de CC OO, Rosana Costa, "porque se est¨¢n desvirtuando los conciertos p¨²blicos, que en realidad son concesiones a las empresas. Una vez establecidas las condiciones y efectuado el concurso p¨²blico, la administraci¨®n no tiene tanto poder de control. Hacer concesiones, como en las autopistas, no es lo mismo que hacer conciertos como en la escuela, donde la administraci¨®n mantiene todo su control", dice.

El dinero parece ser la clave de nuevo. Las empresas se quejan de que lo que paga la Administraci¨®n por concertar las plazas no cubre los gastos, por eso solo les sale rentable, y no del todo, dicen, a las grandes residencias. Y los sindicatos insisten: si a una empresa no le alcanza el dinero, reducir¨¢ la calidad.