La informaci¨®n dada por dos ministros a EE UU coincidi¨® con actos posteriores de la fiscal¨ªa

El Gobierno y el fiscal general del Estado han negado los hechos relatados por la embajada de Estados Unidos en Madrid sobre el caso Couso. Aseguran que son "versiones de parte" con una amplia "carga de subjetividad", que jam¨¢s ning¨²n miembro del Ejecutivo maniobr¨® para cerrar el caso y que las reuniones de los fiscales con el embajador eran una mera cuesti¨®n de "cortes¨ªa diplom¨¢tica" en las que solo se informaba de los pasos procesales que ya se hab¨ªan dado. Sin embargo, algunas de las informaciones incluidas en los cables reflejan que en ocasiones el embajador Eduardo Aguirre supo con anterioridad, y no a posteriori, lo que iba a pasar.

El mismo d¨ªa que el juez Santiago Pedraz dict¨® las primeras ¨®rdenes de busca y captura contra los tres militares estadounidenses implicados en la muerte del c¨¢mara Jos¨¦ Couso, el 19 de octubre de 2005, los entonces ministros de Justicia (Juan Fernando L¨®pez Aguilar) y Exteriores (Miguel ?ngel Moratinos) llamaron al embajador Eduardo Aguirre -seg¨²n se afirma en un cable del d¨ªa 21-. Ante la primera medida de cierta gravedad adoptada en ese procedimiento, L¨®pez Aguilar, que como ministro de Justicia nombra al fiscal general del Estado, dice que el Ejecutivo "pondr¨¢ todo su empe?o en cuestionar la decisi¨®n del juez bas¨¢ndose en argumentos t¨¦cnicos". Moratinos, siempre seg¨²n el telegrama, afirma que si Pedraz solventa las cuestiones t¨¦cnicas, el Gobierno apelar¨ªa.

Eso fue exactamente lo que sucedi¨®. El fiscal Pedro Rubira recurri¨® la decisi¨®n el d¨ªa 20 alegando falta de jurisdicci¨®n de los tribunales espa?oles; cuestion¨® que la causa se mantuviera "como diligencias previas tras m¨¢s de dos a?os", que el juzgado no se hubiera pronunciado a¨²n "sobre la admisi¨®n o no de la querella" y critic¨® que se pidieran las ¨®rdenes de busca y captura "como consecuencia de no haber sido atendidas dos comisiones rogatorias internacionales, lo que convierte el auto recurrido m¨¢s en una represalia que en una consecuencia l¨®gico-jur¨ªdica".

Cuando, el 7 de noviembre, el juez Pedraz admiti¨® a tr¨¢mite la querella, la fiscal¨ªa recurri¨® la decisi¨®n en reforma cuatro d¨ªas m¨¢s tarde y present¨® un recurso de queja el 28. Tal y como hab¨ªan asegurado L¨®pez Aguilar y Moratinos, los fiscales se opusieron a que se investigaran los hechos insistiendo en una falta de competencia que no fue compartida despu¨¦s por el Tribunal Supremo.

Durante el Gobierno del PP, en 2003 y hasta marzo de 2004 -¨¦poca de la que no hay cables filtrados-, el fiscal hab¨ªa recurrido tambi¨¦n las decisiones de los jueces de impulsar la investigaci¨®n. Los ex ministros implicados no han precisado a¨²n si las conversaciones telef¨®nicas del 19 de octubre no se produjeron -lo que supondr¨ªa afirmar que el embajador Aguirre se las ha inventado- o si tuvieron lugar pero con un contenido distinto. L¨®pez Aguilar ha desmentido en reiteradas ocasiones la veracidad de los relatos del embajador.

Aguirre hizo un resumen del caso Couso en mayo de 2007 para informar a la secretaria de Estado Condoleezza Rice antes de su visita oficial a Madrid en junio de 2007. En este telegrama es donde se se?ala que "el Gobierno de Espa?a ha ayudado entre bastidores a que la fiscal¨ªa apele las decisiones del juez". En este caso, el Ejecutivo a¨²n no ha explicado si el embajador se invent¨® o exager¨®, para quedar bien ante sus superiores, una informaci¨®n que iba a ser contrastada por la propia Rice pocos d¨ªas despu¨¦s.

• Nacionales
• Internacionales