El derecho es una convenci¨®n social

Cuando el 12 de abril de 2010 la Oficina de Contabilidad del Gobierno de los Estados Unidos public¨® su informe sobre los efectos econ¨®micos de la pirater¨ªa, ning¨²n medio de comunicaci¨®n nacional se hizo eco de la noticia, a pesar del contenido jugos¨ªsimo del informe. Cuando el Ministerio de Cultura se?ala que actualmente las industrias culturales nacionales suponen el 4,2% del PIB, tampoco los medios de comunicaci¨®n han reparado que en ese 4,2% est¨¢n incluidas la radio, la televisi¨®n, la prensa y las revistas; esto es, por poner simplemente tres ejemplos de alta Cultura: el f¨²tbol, Tele 5 y la paqueter¨ªa de los quioscos.

Para proponer alternativas de regulaci¨®n normativa se ha de trabajar con datos ciertos y si la Oficina de Contabilidad del Gobierno norteamericano afirma que la metodolog¨ªa seguida en los informes de la industria del entretenimiento es falsa y nuestro Ministerio de Cultura nos intenta colar gato por liebre, disponemos entonces de pocas herramientas.

A la inexistencia de datos econ¨®micos ciertos se suma un problema de eficacia del Derecho: el canal ¨²til para llevar a cabo infracciones de derechos de propiedad intelectual resulta hallarse protegido por el derecho fundamental del secreto de las comunicaciones. La industria, l¨®gicamente y para obtener una rentabilidad de sus activos, propone el sacrificio de este derecho humano, lo que es inadmisible desde el mundo de los valores.

Este contexto de falsedad de c¨®mputo econ¨®mico y de imposible eficacia del Derecho no es novedoso. En los a?os sesenta del siglo pasado los usuarios realizaban copias en sus domicilios mediante las musicassettes. El Derecho es una convenci¨®n social y la sabia decisi¨®n legislativa del siglo pasado fue la de no criminalizar a los ciudadanos por el uso de la tecnolog¨ªa cotidiana a su alcance, imponiendo a quienes se lucraban de las copias (los fabricantes de equipos, aparatos y materiales de reproducci¨®n) un precio a pagar, parte en favor de los autores y parte en favor de la industria, convalid¨¢ndose todas las copias.

No deben ser tiempos de posiciones dictatoriales, sino de reflexi¨®n ante cambios profundos. La regulaci¨®n actual deber¨ªa seguir los mismos principios del siglo pasado: convalidaci¨®n de los usos de la tecnolog¨ªa cotidiana, no criminalizaci¨®n de los ciudadanos y pago a cargo de quienes se est¨¢n lucrando econ¨®micamente de una forma directa: los que venden conexi¨®n.

JAVIER DE LA CUEVA es abogado especialista en derechos de autor.