Un decreto fijar¨¢ los criterios a seguir con las viviendas ilegales

La consejer¨ªa de Obras P¨²blicas prepara una norma espec¨ªfica para dar soluci¨®n a las decenas de miles de viviendas construidas en suelo no urbanizable en el medio rural y que dejen de estar en el limbo jur¨ªdico en el que se encuentran y expuestas a una muy variada gama de respuestas en los ¨¢mbitos administrativo y judicial, cuando no contradictorias. M¨¢s que una norma que establezca preceptos, el texto fijar¨¢ los procedimientos a seguir y los requisitos para la normalizaci¨®n de estas viviendas con unos criterios homog¨¦neos pero no modifica la ley que hay que seguir cumpliendo.

La inmensa mayor¨ªa de estas viviendas quedar¨¢ fuera de los planes de ordenaci¨®n urbana por estar sobre suelos no urbanizables y alejadas de los n¨²cleos urbanos consolidados. Desde Obras P¨²blicas se asegura que se busca fijar unos m¨ªnimos requisitos con los que estas viviendas podr¨ªan obtener una licencia de primera ocupaci¨®n que diera a sus propietarios seguridad jur¨ªdica.

Una de las exigencias para la normalizaci¨®n es que no repercuta en las arcas p¨²blicas

La normativa, que presumiblemente ser¨¢ un decreto, contemplar¨¢ tres presupuestos b¨¢sicos: Las viviendas que en ning¨²n caso pueden ser legalizadas ni entrar dentro de ning¨²n plan de ordenaci¨®n, y por tanto abocadas a ser demolidas; las que pueden obtener este permiso de m¨ªnimos y subsistir, aunque fuera de ordenaci¨®n; y las que s¨ª pueden ser legalizadas con todas las consecuencias. Todo ello considerado que la casu¨ªstica es muy amplia, con una graduaci¨®n muy variada de los incumplimientos que habr¨¢ de considerarse en la exigencia de requisitos de normalizaci¨®n, y con fen¨®menos de construcci¨®n tambi¨¦n muy distintos seg¨²n las comarcas y territorios.

Adem¨¢s de cumplir los requisitos urban¨ªsticos, una de las exigencias indispensables para las viviendas que puedan normalizarse es que no haya repercusi¨®n sobre las arcas p¨²blicas, y que los promotores o propietarios corran con los gastos de dotaci¨®n de servicios e infraestructuras b¨¢sicas. Todo ello en defensa de los intereses de los ciudadanos que han comprado una vivienda legal y que por tanto contribuyen con sus tasas e impuestos al mantenimiento de servicios colectivos.

Las viviendas condenadas a la demolici¨®n ser¨ªan aquellas construidas en suelo especialmente protegido o que incumplen alguna normativa sectorial, especialmente de medio ambiente o que infrinjan la Ley de Costas.

Para las viviendas que pueden beneficiarse de alg¨²n tipo de normalizaci¨®n, aun quedando fuera de ordenaci¨®n, la norma considerar¨¢ diversos criterios para valorar la gravedad de los incumplimientos. "Ser¨¢ una normativa muy exhaustiva", insisten fuentes de la consejer¨ªa, porque hay una gama muy variada de casos. Hay casas que pueden estar en situaci¨®n de ilegalidad sobrevenida porque se construyeron con las caracter¨ªsticas que tienen antes de que entraran en vigor las leyes que las proh¨ªben. La Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa (LOUA) de 2003, proh¨ªbe la construcci¨®n de una vivienda en suelo r¨²stico en una parcela que no tenga al menos 25.000 metros cuadrados y cuyo uso est¨¦ condicionado a las labores agr¨ªcolas, ganaderas o forestales.

La consejer¨ªa mantiene que la soluci¨®n de las decenas de miles de viviendas en suelo no urbanizable deber¨¢ verse caso a caso y dentro del planeamiento urban¨ªstico de cada municipio. Los alcaldes de las comarcas m¨¢s afectadas por la proliferaci¨®n de viviendas en suelo r¨²stico, especialmente los de la comarca malague?a de La Axarqu¨ªa, han pedido reiteradamente la elaboraci¨®n de un reglamento sobre usos en suelo urbanizable, algo que la Junta ha considerado innecesario porque entiende que la LOUA ya fija con claridad lo que es posible y no hacer.