Las ¨®rdenes de papel no evitan los cr¨ªmenes

En los primeros cinco a?os de aplicaci¨®n de la Ley contra la Violencia de G¨¦nero se solicitaron en los juzgados 193.067 ¨®rdenes de protecci¨®n y se concedieron 140.936. Son decisiones que cambian la vida de las personas y que en la mayor¨ªa de los casos suponen el alejamiento de un hombre de la mujer que denuncia (93% de los casos), prohibici¨®n de comunicarse con ella (89%), la salida del domicilio conyugal (20%), el ingreso en prisi¨®n, la suspensi¨®n de la tenencia de armas o la prohibici¨®n de volver al lugar en el que se cometi¨® el delito.

En casi todos los casos, una misma orden de protecci¨®n puede contener varias medidas penales, seg¨²n el criterio del juez, y se pueden dictar incluso en ausencia del hombre. Es un mecanismo que est¨¢ vigente en Espa?a desde 1999, pero que no se aplica de forma masiva hasta que se reform¨® el C¨®digo Penal en 2005 y cuya implantaci¨®n en el ¨¢mbito de la Uni¨®n Europea est¨¢ en estudio a iniciativa de Espa?a. Sin embargo, la aplicaci¨®n masiva de estas medidas no ha reducido los cr¨ªmenes machistas. De las 71 mujeres asesinadas en 2010 por su pareja o ex pareja solo hab¨ªan denunciado 20 y, por tanto, solo esa veintena pod¨ªa estar bajo una orden de protecci¨®n.

"Cada muerte de una mujer con protecci¨®n es el fracaso del sistema"

"Al juzgado, como a las urgencias, solo se deber¨ªa acudir por casos graves"

Algunas voces cuestionan la eficacia de esas medidas y alertan de la imposibilidad de que la polic¨ªa vele por su cumplimiento si se conceden a millares. Los organismos oficiales y algunos sectores de la judicatura, por el contrario, defienden su aplicaci¨®n y dicen que tienen un efecto disuasorio en la prevenci¨®n de los malos tratos.

Con o sin orden de protecci¨®n, las mujeres siguen muriendo y el sistema judicial y policial se demuestra ineficaz para combatir esta lacra, pese a que Espa?a es uno de los pa¨ªses en que se producen menos cr¨ªmenes por violencia machista. Un estudio del Instituto Universitario para el Estudio de la Violencia del Centro Reina Sof¨ªa revela que en el a?o 2006 hubo una media de 2,8 homicidios por cada mill¨®n de mujeres, por detr¨¢s de Italia y Noruega (3,7), Reino Unido (4,2), Francia (5,2), Finlandia (9,3) o Austria (9,4). El C¨®digo Penal espa?ol prev¨¦ penas mucho m¨¢s duras que las de otros pa¨ªses para la violencia machista y contiene una amplia tipificaci¨®n que no se corresponde con los ¨ªndices de delincuencia por ese motivo, igual que sucede con otros delitos.

"Las amenazas y el maltrato leve derivados de los conflictos familiares no tienen nada tiene que ver con el perfil de un maltratador que acaba matando a su pareja", explica Mercedes Garc¨ªa Ar¨¢n, catedr¨¢tica de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. En su opini¨®n, las ¨®rdenes de protecci¨®n son necesarias, pero su eficacia "ha quedado desdibujada", porque se acuerdan de forma masiva al haberse ampliado tanto el concepto de violencia de g¨¦nero en la ley. "Una frase como 'te vas a enterar' o 'pobre de ti si te llevas a los ni?os' pronunciada en una discusi¨®n de pareja que se est¨¢ divorciando no implica un riesgo grave que justifique una orden de protecci¨®n".

Inmaculada Montalb¨¢n, presidenta del Observatorio contra la Violencia Dom¨¦stica y de G¨¦nero, defiende la eficacia de las medidas "porque tienen un efecto disuasorio innegable". En su opini¨®n, el problema no es que se concedan muchas ¨®rdenes, sino que estas medidas deber¨ªan ir acompa?adas de otras. "El n¨²mero es el que es y los jueces las conceden cuando existe un riesgo para la mujer, pero es innegable que har¨ªan falta m¨¢s medios", explica.

En este sentido, recuerda que existen tres mil brazaletes para realizar el seguimiento de supuestos maltratadores y en estos momentos solo se han instalado 400. Quedan, por tanto, otros 2.600 que est¨¢n a disposici¨®n de los jueces y que no se emplean, aunque Montalb¨¢n asegura que "lo importante es que est¨¦n disponibles".

Existen otros 1.910 polic¨ªas especializados pero que resultan tambi¨¦n insuficientes para proteger a las 94.000 mujeres que actualmente est¨¢n protegidas por decisi¨®n judicial. "Lo que no se puede hacer es poner un polic¨ªa detr¨¢s de cada mujer que denuncia", explica Julia Clavero, del despacho Aba Abogadas, de Madrid, que agrupa a 24 profesionales especializadas en Derecho Penal y de Familia. Con todo, Inmaculada Montalb¨¢n se muestra optimista y asegura que "poco a poco se van perfeccionando los sistemas con los distintos cuerpos policiales para que esas medidas se puedan cumplir".

La concesi¨®n de la orden de protecci¨®n queda a criterio del juez, pero el art¨ªculo 57.2 del C¨®digo Penal establece que una condena por violencia machista debe ir acompa?ada "en todo caso" de una orden de alejamiento. Varios jueces y tribunales cuestionaron esa obligatoriedad, pero el Tribunal Constitucional zanj¨® el debate el pasado mes de octubre y aval¨® la constitucionalidad de la medida.

Pero digan lo que digan los jueces muchas mujeres vuelven a convivir con su pareja, pese a haberle denunciado unos d¨ªas antes y obtener una orden de alejamiento que tambi¨¦n la obliga a ella a cumplirla. Ese regreso -derivado en muchos casos de la dependencia emocional de su agresor y por falta de medios econ¨®micos que sufren las mujeres- se puede convertir en un riesgo letal. Como el caso de la mujer de Tarragona asesinada en octubre junto a sus dos hijos a manos de su marido, contra el que exist¨ªa una orden de alejamiento que ella no respet¨®. O el caso de la mujer muerta en Badajoz a medidos diciembre por un disparo de su ex pareja, sobre el que pesaba otra orden.

"Cada muerte de una mujer que ten¨ªa una orden de protecci¨®n supone un fracaso del sistema", asegura Inmaculada Montalb¨¢n, quien rechaza de plano que los jueces act¨²en de manera preventiva para evitar las cr¨ªticas. "Cada vez son m¨¢s responsables", dice. Y es posible que sea as¨ª, pero la ¨²ltima mujer asesinada en Espa?a, que ten¨ªa 24 a?os y cuatro hijos, hab¨ªa denunciado a su asesino un mes antes y no hab¨ªa sido dictada orden de protecci¨®n.

"Los juzgados de violencia sobre la mujer deber¨ªan ser como las urgencias de los hospitales: solo se deber¨ªa acudir si estuviera justificado. Si se va por un resfriado se acaba colapsando el servicio y en los juzgados de violencia no siempre se pueden identificar los casos realmente graves de los que no lo son", explica una magistrada. De ah¨ª la importancia que esos juzgados especializados tengan equipos psicosociales para detectar las situaciones de riesgo. Y eso solo sucede en contadas capitales que acogen juzgados especializados (hay 106 en toda Espa?a) y resulta una quimera en los otros 358 juzgados donde se mezclan los casos de violencia machista con los pleitos civiles o penales.

"Al maltratador grave le importa poco la pena que se le pueda imponer, entre otras cosas porque muchos se suicidan. Y a¨²n le importa mucho menos tener una orden de alejamiento si al final acaba en papel mojado", recuerda Garc¨ªa Ar¨¢n. En los cinco a?os de aplicaci¨®n de la Ley de Violencia de G¨¦nero se han concedido en Espa?a el 73% de las ¨®rdenes de protecci¨®n que solicitaron las mujeres, aunque cada vez se va reduciendo el n¨²mero.

Por comunidades aut¨®nomas se aprecian diferencias. En el segundo trimestre de este a?o, por ejemplo, los jueces de Murcia concedieron el 92% de las ¨®rdenes solicitadas y los de la Rioja, el 90%. En el polo opuesto, los jueces que menos medidas adoptaron fueron los de Catalu?a (51%) y Madrid (55%). El magistrado Carlos Pascual, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n¨²mero 1 de Barcelona, apunta a que es posible que los jueces que no est¨¢n especializados en esta materia, como sucede en muchas capitales de provincia de Espa?a, concedan m¨¢s ¨®rdenes porque se impresionan m¨¢s ante las denuncias. "Las ¨®rdenes son eficaces, pero los jueces hemos de ser conscientes de que existen subterfugios para incumplirlas", explica este juez.

"Las ¨®rdenes sirven para que se frene la actitud del hombre y en muchas ocasiones funcionan. El problema es que la ley no distingue y trata igual el caso de un morat¨®n que el de una paliza", explica la abogada Julia Clavero. En ese sentido, Justo S¨¢enz, presidente de la Confederaci¨®n Estatal de Madres y Padres Separados asegura que "a veces se dictan ¨®rdenes de protecci¨®n con demasiada alegr¨ªa y otras veces no se le hace caso a la mujer que acude al juzgado porque no va con el ojo morado y no se creen lo que est¨¢ diciendo", se lamenta. "Yo creo que los juzgados de violencia act¨²an con normalidad y que se deber¨ªa insistir m¨¢s en la violencia psicol¨®gica y habitual para recabar m¨¢s elementos antes de tomar una decisi¨®n", explica Montalb¨¢n.

El juez Carlos Pascual admite que, en ocasiones "acuden al juzgado mujeres pidiendo una orden de protecci¨®n que ella misma va a romper en cuanto pase la tensi¨®n familiar que la ha llevado a denunciar" y reconoce que "si los jueces di¨¦semos menos ¨®rdenes se podr¨ªa exigir a la polic¨ªa que se cumplieran m¨¢s, pero as¨ª es muy dif¨ªcil". No es su caso, sin embargo. En su juzgado se han solicitado m¨¢s de 200 ¨®rdenes en lo que va de a?o y apenas ha concedido el 10%. Y otra compa?era suya Barcelona ni siquiera ha otorgado el 5% de las peticiones.