Procesado el concejal de Urbanismo de Valencia por prevaricaci¨®n

El concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver; el secretario del Ayuntamiento, Pedro Garc¨ªa Rabasa; y otros tres responsables de diferentes ¨¢reas del Consistorio est¨¢n imputados por un delito de prevariaci¨®n. As¨ª lo ha decidido Josep Llu¨ªs Albi?ana, magistrado del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero uno de Valencia. En un auto de 18 folios, argumenta por qu¨¦ considera que la decisi¨®n de autorizar las obras que afectan a los Jardines de Monforte, especialmente protegidos, no puede sostenerse ni en el olvido ni el desconocimiento.

Es m¨¢s, considera que las respuestas que se han dado en el juzgado estuvieron perfectamente orquestadas, como lo estuvo en su d¨ªa el permiso a una actuaci¨®n urban¨ªstica, la construcci¨®n de un aparcamiento subterr¨¢neo, en la que era preceptivo, porque as¨ª lo recoge espec¨ªficamente la ley, un informe de Patrimonio, de la Consejer¨ªa de Cultura, que nunca se pidi¨®.

Al expediente le falta tambi¨¦n una declaraci¨®n de impacto ambiental

El magistrado pone en contradicci¨®n el procedimiento seguido con otras actuaciones, como la que afect¨® a la cl¨ªnica Quir¨®n, que limita con los Jardines de Monforte, y que contaron con el informe preceptivo, al que adem¨¢s se hizo caso, como la ley establece.

"La conducta de los imputados es merecedora de un reproche jur¨ªdico-penal", afirma el juez. ?Por qu¨¦? "Porque, de entrada, la decisi¨®n adoptada el 24 de junio de 2004 [la aprobaci¨®n de las obras] no sigui¨® el procedimiento administrativo correcto y fue dictada por ¨®rgano incompetente", explica en el auto.

El juez entiende que est¨¢ muy claro cu¨¢l era el procedimiento adecuado, porque los imputados lo han cumplido en otros expedientes. De hecho, recuerda que el formulario oportuno est¨¢ aportado a las actuaciones. En ¨¦l se prev¨¦ la intervenci¨®n de Patrimonio para obras que afecten a bienes hist¨®ricos sujetos a su tutela. Califica de "ins¨®lito" que el concejal Jorge Bellver se diera por enterado la ma?ana que acudi¨® a declarar ante el juez. Del mismo modo, de "peregrina" la explicaci¨®n ofrecida por los secretarios del Ayuntamiento.Jorge Bellver "echa la responsabilidad sobre los t¨¦cnicos que informaron en el proyecto". Lo dice el juez instructor en el auto que lo procesa por prevariaci¨®n, en el que convierte las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado. Y a continuaci¨®n afirma que est¨¢ claro que hubo "dolo puesto que todos excluyeron la intervenci¨®n de la Consejer¨ªa de Cultura a sabiendas de la protecci¨®n especial que ten¨ªa el entorno en donde se iban a realizar las obras". M¨¢s a¨²n, el juez a?ade: "Se construyeron una teor¨ªa ad hoc para ningunear esa intervenci¨®n y se autoafirmaron en una decisi¨®n documentada en una pluralidad de actos coincidentes".

Ese es uno de los bloques de "excusas", as¨ª las califica el magistrado, ofrecidas en sus testimonios por los imputados. Otro de ellos lo constituye "que la intervenci¨®n de la Consejer¨ªa de Cultura no era obligatoria hasta la aprobaci¨®n de un plan especial que regule el subsuelo del entono, a partir de la Ley del a?o 1988, no existi¨® tal protecci¨®n". El magistrado contesta a ello tildando de "peregrina" la interpretaci¨®n "de un inexistente silencio legal". Y lo entiende as¨ª, dice, de forma "clara, precisa y terminante" al poner ese argumento en contradicci¨®n con la resoluci¨®n de 1992, que afect¨® a las obras de la colindante Cl¨ªnica Quir¨®n (que limita con los Jardines de Monforte). El juez afirma que el propio secretario del Ayuntamiento, ahora procesado, Garc¨ªa Rabasa, firma la propuesta de acuerdo de aquel expediente en la que menciona los informes emitidos por la Direcci¨®n General de Patrimonio para aprobar definitivamente los estudios de detalle de la licencia pedida por la Cl¨ªnica Quir¨®n.

Otro conjunto de excusas es el que pretendi¨® convencer al juez y al fiscal de que se admit¨ªa la protecci¨®n del entorno exterior del recinto ajardinado pero no la del subsuelo de las calles que circundan el jard¨ªn protegido (su primera protecci¨®n fue en 1941, la segunda y definitiva en la legislaci¨®n auton¨®mica en 1992). Dice el magistrado que Juan Antonio Alt¨¦s Mart¨ª, imputado, arquitecto y jefe de servicio de Planeamiento de la concejal¨ªa de Urbanismo, fue quien m¨¢s insisti¨® en que las calles colindantes con el jard¨ªn eran de dominio p¨²blico y permit¨ªan excavaci¨®n y acoger un aparcamiento subterr¨¢neo. El juez lo tacha de "burda maniobra de burlar la norma y vaciar gratuitamente de competencias a la Direcci¨®n General de Patrimonio". Agrega que es "un tosco y rudimentario subterfugio".

El magistrado considera "absurdo" que se pretenda defender que las obras realizadas en el subsuelo del jard¨ªn o de las calles lim¨ªtrofes no van a afectar al bien especialmente protegido. Para ¨¦l, es justo lo contrario. "Esa es la interpretaci¨®n natural del sentido com¨²n". A esa visi¨®n le ayud¨® la intervenci¨®n del que fuera director general de Patrimonio. Seg¨²n consta en el auto, en su declaraci¨®n "precis¨® que las obras del subsuelo afectaron a los jardines no s¨®lo cuando la excavaci¨®n y el movimiento de tierras, sino por la construcci¨®n de un muro subterr¨¢neo que a¨ªsla las capas fre¨¢ticas de los jardines en esa zona".

Por eso mismo, el juez destaca que en el expediente no haya "un estudio de impacto ambiental" y que "no se podr¨¢ decir que las obras no han provocado consecuencia alguna porque jam¨¢s se habr¨¢ dado la oportunidad de abordarse". A Bellver, el juez le recuerda que "su firma no es un acto puramente formal o accesorio, como pretende su defensa, sino principal y nuclear, como concejal de Urbanismo".