La utop¨ªa de Internet universal

Todo el mundo, habite donde habite, tiene derecho a poder contratar una l¨ªnea telef¨®nica. Y a tener una cabina en su pueblo, por m¨¢s remoto que se encuentre. E incluso a figurar en una gu¨ªa telef¨®nica si as¨ª lo desea. Pero en la era de Google y Facebook tener acceso a Internet no es todav¨ªa un derecho, al menos en Espa?a. El llamado servicio universal garantiza a los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, una serie de servicios m¨ªnimos de telecomunicaciones. Internet est¨¢ a punto de entrar en esos m¨ªnimos aunque habr¨¢ que esperar al menos un a?o.

El Gobierno, que hab¨ªa prometido que toda la poblaci¨®n tendr¨ªa garantizada por ley la conexi¨®n a Internet el 1 de enero de este a?o a una velocidad m¨ªnima (bajada) de 1 megabit por segundo (Mbps), ha dado un paso atr¨¢s -el Ministerio de Industria de Miguel Sebasti¨¢n niega tajantemente la palabra rectificaci¨®n- y ha ampliado el plazo al 31 de diciembre de 2011.

M¨¢s de medio mill¨®n de hogares siguen conectados con banda estrecha

La 'ley Sinde' ha eclipsado la tramitaci¨®n de esta norma

El Gobierno ha retrasado un a?o la entrada en vigor de la ley

Rouseff promete llevar Internet a las favelas aunque sea con dinero p¨²blico

La reforma hist¨®rica se ha introducido en la Ley de Econom¨ªa Sostenible (LES), pero ha pasado desapercibida porque la llamada ley Sinde, tambi¨¦n incluida en una disposici¨®n de la LES, que trata de perseguir a las p¨¢ginas de descargas de pel¨ªculas y m¨²sica, ha acaparado todo el protagonismo. La normativa pasar¨¢ al Senado la semana que viene y, a la espera del reglamento que la desarrolle, ser¨¢ una realidad a lo largo de este a?o. De esta forma, cualquier ciudadano, aunque viva en una aldea perdida, tendr¨¢ derecho a reclamar a la Administraci¨®n si no le dan la posibilidad de contratar una l¨ªnea de banda ancha (el servicio universal solo garantiza la contrataci¨®n a un precio adecuado, no la gratuidad).

El asunto no es balad¨ª. Primero, porque hay 536.000 hogares en Espa?a que no tienen la posibilidad de conectarse a Internet m¨¢s que a la rid¨ªcula velocidad primigenia de 56 kbps, la que ofrece la l¨ªnea telef¨®nica del par de hilos de cobre sin m¨¢s (la llamada banda estrecha). Y segundo, y no menos importante, porque hay una trifulca considerable entre los operadores entre s¨ª, y entre todos ellos y el Gobierno por saber qui¨¦n costear¨¢ ese servicio universal cuyo importe nadie se atreve a cifrar. Lo ¨²nico que se sabe es que el Estado, como ya ha dicho Industria, no correr¨¢ con el gasto y lo distribuir¨¢ entre las compa?¨ªas.

La discriminaci¨®n del internauta no es exclusiva en Espa?a. La Uni¨®n Europea no dispone de ninguna legislaci¨®n al respecto y se ha limitado hasta el momento a fijar objetivos en sus sucesivas Agendas Digitales, que la mayor¨ªa de los Veintisiete han incumplido sistem¨¢ticamente. Para paliar esa laguna, la Comisi¨®n Europea prepara una directiva que incorpore Internet al servicio universal. La situaci¨®n es tan desigual por pa¨ªses que las propuestas, que se har¨¢n en los pr¨®ximos tres meses, pueden quedar al final m¨¢s en una declaraci¨®n de intenciones que una normativa concreta.

Maite Arcos, directora general de Redtel, la asociaci¨®n que agrupa a los principales operadores (Telef¨®nica, Vodafone, Orange y Ono) aclara que el servicio universal puede financiarse, de acuerdo con la actual normativa europea, con cargo a fondos p¨²blicos o a cargo de las empresas del sector. Y ¨²nicamente en siete pa¨ªses de la UE, entre los cuales figura Espa?a, han elegido esta segunda f¨®rmula. "No existe un servicio universal en electricidad o en agua ni en el servicio postal, cuya ley de servicio universal acaba de ser aprobada el 30 de diciembre, pero financiado por el presupuesto p¨²blico. Estamos dispuestos a ayudar a prestar esta obligaci¨®n pero siempre que la financiaci¨®n tambi¨¦n sea p¨²blica".

Los pa¨ªses emergentes tambi¨¦n se est¨¢n concienciando de que una de las claves de su despegue es "Internet para todos". El camino es lento. En Latinoam¨¦rica, solo Chile con su Estrategia Digital 2007-2012, parcialmente M¨¦xico (Agenda de Conectividad) y ahora Brasil tienen planes concretos para llevar la banda ancha a todos los lugares. El caso del pa¨ªs carioca es singular. Primero Lula da Silva y luego su sucesora, Dilma Rousseff, est¨¢n dispuestos a garantizar el acceso a la Red a la ¨²ltima favela aunque tengan que resucitar el antiguo monopolio p¨²blico (Telebr¨¢s) ante el desinter¨¦s de los operadores privados, que obtienen lucrativos beneficios con un servicio caro y de mala calidad en los n¨²cleos urbanos.

En Espa?a, el servicio universal vigente est¨¢ legislado en la Ley General de Telecomunicaciones de 2003 (desarrollada por el reglamento de 2005). Incluye las siguientes obligaciones: acceso a una l¨ªnea telef¨®nica que no solo permita llamar sino tambi¨¦n navegar a "velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet" (banda estrecha); una gu¨ªa que se actualice anualmente; un n¨²mero de informaci¨®n telef¨®nica (11818), cabinas p¨²blicas y ofertas o tarifas diferentes para jubilados y discapacitados.

En noviembre de 2009, el ministro Miguel Sebasti¨¢n aprovech¨® la feria de contenidos digitales (Ficod) para anunciar la inclusi¨®n, como parte integrante del servicio universal a partir del 1 de enero de 2011, de una conexi¨®n de banda ancha a una velocidad de 1 mega (bajada), garantizado las 24 horas del d¨ªa. Y lo incluy¨® en el art¨ªculo 52 de la LES, la ley estrella de Zapatero para salir de la crisis. Un a?o despu¨¦s, a finales de noviembre de 2010, se aclar¨® que la obligaci¨®n se desplazaba hasta el 31 de diciembre de este a?o. Aunque el Ministerio lo niegue, la rectificaci¨®n es palpable si se tiene en cuenta que el propio art¨ªculo de la LES fija que "antes del 1 de enero de 2011, se aprobar¨¢ el reglamento que establezca las condiciones de acceso de banda ancha a la red p¨²blica". Y si ni siquiera se ha aprobado la ley, mucho menos el reglamento.

Al margen de plazos, lo relevante es que ese art¨ªculo fija una serie de condiciones que han pasado inadvertidas para asociaciones de internautas y consumidores. La conexi¨®n podr¨¢ ser provista a trav¨¦s de cualquier tecnolog¨ªa, es decir, que tambi¨¦n podr¨ªa ser Internet m¨®vil. Adem¨¢s, el Gobierno podr¨¢ actualizar por decreto esta velocidad de acuerdo con "la evoluci¨®n social, econ¨®mica y tecnol¨®gica".

El Ejecutivo se guarda tambi¨¦n un as en la manga: podr¨¢ fijar un precio m¨¢ximo para las conexiones. De la redacci¨®n ambigua del art¨ªculo no se sabe si podr¨ªa determinar el abono mensual o solo limitar lo que cuesta llevar la l¨ªnea al domicilio, es decir, el alta del servicio.

"El Gobierno llega tarde y encima lo hace mal. No podemos hablar seriamente de Internet de calidad con un mega de velocidad. Eso es una chapuza. El usuario ya no solo ve su correo electr¨®nico sino que tiene otros requerimientos, como el acceso a contenidos audiovisuales. Y tampoco se asegura que ese servicio se vaya a dar a unos precios razonables. Lo que debe hacer es fijar unos precios de referencia, como ha hecho la UE con las llamadas al extranjero. Tenemos uno de los precios m¨¢s caros", dice Rub¨¦n S¨¢nchez, portavoz de la asociaci¨®n de consumidores Facua.

Con todo, la normativa sit¨²a a Espa?a en la avanzadilla de los pa¨ªses desarrollados en este terreno. El dilema es que nadie quiere pagar la fiesta y menos en tiempos de crisis. Para empezar, se desconoce el coste de llevar a Internet a todos los hogares espa?oles. Ni Industria, ni la CMT, ni la patronal Ametic, ni Redtel se atreven a dar cifras. Pero expertos independientes hablan de cerca de 500 millones de euros en el despliegue de la red y no menos de 30 millones anuales de mantenimiento, puesto que son zonas deficitarias.

Por el momento, el peso recae sobre Telef¨®nica. Desde la liberalizaci¨®n de las telecomunicaciones en 1998, el antiguo monopolio ha sido el encargado de prestar el servicio universal. Cada a?o debe hacerse cargo en principio de este servicio y luego la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) decide c¨®mo se reparte entre los operadores. Hasta ahora, Telef¨®nica solo recupera alrededor el 30% de lo invertido, que le abonan Vodafone y Orange. El resto de los operadores no paga.

Para 2008, ¨²ltimo ejercicio sobre el que se han hecho los c¨¢lculos, el coste fue de 74,85 millones. Si se a?ade la banda ancha a esas obligaciones el coste podr¨ªa dispararse por encima de los 100 millones de euros. A ning¨²n operador le interesa el servicio universal, cuyo concurso queda desierto convocatoria tras convocatoria. As¨ª que el Gobierno ha tenido que volver a imponer a Telef¨®nica que se haga cargo hasta el 31 de diciembre de 2011. De hecho, la situaci¨®n se puede prolongar indefinidamente, ya que una vez que se apruebe la ley y el reglamento, Industria tendr¨¢ que sacar un concurso del nuevo servicio universal. Y todo apunta a que volver¨¢ quedar¨¢ desierto.

No obstante, el Ministerio de Industria acaba de asegurarse otro instrumento para hacer posible su objetivo. Va a obligar a Vodafone y a Movistar a invertir 240 millones de euros en dos a?os en el despliegue de redes m¨®viles de ¨²ltima generaci¨®n (3,5G) que permite velocidades de hasta 40 Mbps. Esta ser¨¢ una de las condiciones que impondr¨¢ en la adjudicaci¨®n de las nuevas frecuencias que tiene previsto realizar en el primer semestre. Y tambi¨¦n lleva su pol¨¦mica.

"El servicio universal es un concepto del pasado que tiene su origen cuando se ten¨ªa que asegurar que todo el mundo tuviera una conexi¨®n telef¨®nica. Ahora con el m¨®vil todo eso ha cambiado. Si se tiene que legislar, lo primero que hay que hacer es decidir sobre la financiaci¨®n. Y el modelo que se ha vuelto a elegir el Gobierno es el m¨¢s caro y no el m¨¢s id¨®neo. Poner un cat¨¢logo de m¨ªnimos para todo el mundo y que paguen los operadores, a los que se carga con todo tipo de impuestos arbitrarios como el canon de la publicidad en la televisi¨®n p¨²blica. Lo mejor ser¨ªa de detectar emp¨ªricamente qui¨¦n no puede acceder a la banda ancha y por qu¨¦ y tratar de solucionar esos casos concretos", se?ala Pedro Pe?a, director jur¨ªdico de Vodafone.

Los operadores espa?oles han realizado un esfuerzo inversor de m¨¢s de 31.000 millones, seg¨²n Redtel, que asegura que el 88% de los internautas disponen de 2 Mbps o m¨¢s de velocidad de banda ancha, cuando la media europea est¨¢ en el 75%. "Es cierto que siguen existiendo personas o ¨¢reas que a¨²n no est¨¢n incluidos en la sociedad de la informaci¨®n, pero el instrumento adecuado no es aumentar las obligaciones de las empresas en una coyuntura econ¨®mica adversa, sino programas de formaci¨®n digital (m¨¢s del 50% de los no internautas siguen respondiendo que no usan Internet porque no les interesa o no saben usarlo) o de extensi¨®n de las redes de banda ancha a trav¨¦s de ayudas p¨²blicas en colaboraci¨®n con las comunidades aut¨®nomas. La coyuntura econ¨®mica del pa¨ªs no es la m¨¢s adecuada para tirar con p¨®lvora de rey", indica Arcos.

El director de operadores de Ametic, Javier Garc¨ªa, va m¨¢s all¨¢ y opina que ampliar las obligaciones del servicio universal puede obstaculizar la competencia y frenar la innovaci¨®n. "No se trata de un problema de oferta dado que la cobertura de banda ancha es cercana al 96% de la poblaci¨®n. Existe una proporci¨®n muy elevada de usuarios que teniendo acceso a la red no adoptan la banda ancha. La financiaci¨®n del servicio universal deber¨ªa quedar contemplada bajo presupuestos p¨²blicos, ya que cualquier otra posibilidad lleva a una distorsi¨®n injustificada del mercado".

El Gobierno defiende su ley. "Si bien Finlandia ha sido la primera en introducir la conexi¨®n de 1Mbps, Espa?a es el segundo pa¨ªs de la UE en incorporar esta velocidad", se?ala un portavoz de Industria. Ahora solo queda decidir qui¨¦n se encarga de hacerlo y, sobre todo, de pagarlo.