A favor de Internet... y de la 'ley Sinde'

La regulaci¨®n de las descargas il¨ªcitas en la Red, tras el acuerdo entre los principales partidos pol¨ªticos, est¨¢ hoy m¨¢s cerca de aprobarse que nunca y, sin embargo, los creadores se muestran esc¨¦pticos y en Internet siguen las cr¨ªticas. Y no se trata de la insatisfacci¨®n de quienes han tenido que renunciar a una parte de sus exigencias, es que se sigue hablando de cosas distintas. Contra la regulaci¨®n de las descargas en la Red est¨¢n quienes se oponen al canon digital, a las entidades de gesti¨®n, al Gobierno chino, los que exigen un nuevo modelo de negocio a la industria cultural, los que aplauden a Wikileaks, y tertulianos y diputados con algo que reprochar al Gobierno.

Pero la mal llamada ley Sinde persigue objetivos muy modestos. No es una ley sobre Internet, no regula derechos ni deberes, pues en la Red tenemos los mismos derechos y deberes que en el resto de nuestra vida, pero la tecnolog¨ªa al igual que ampl¨ªa los l¨ªmites de nuestra libertad, posibilita tambi¨¦n nuevas formas de cometer abusos.

En la web, copiar sin el permiso del autor s¨ª es robar. Las copias nunca son gratis

Si la Ley de Propiedad Intelectual requiere cambios, que se hagan y se apliquen en la Red y fuera

Internet es un espacio de informaci¨®n al que accedes contratando un servicio (como la luz o el tel¨¦fono fijo) que conecta tu ordenador a millones de ordenadores donde personas y empresas ponen informaci¨®n y servicios. Pero en esos ordenadores no puedes hacer lo que quieras, no, al menos, sin consecuencias. Si difundes pornograf¨ªa infantil se te cae el pelo, si vendes productos milagro, se te cae el pelo. Todos los Gobiernos cierran diariamente webs que realizan actividades il¨ªcitas, y no solo las cierran, sus responsables responden ante la justicia.

En Espa?a tenemos los mejores especialistas en delito telem¨¢tico del mundo y para que estos puedan impedir, por ejemplo, que me timen o que operen fraudulentamente con mis datos personales y mi identidad, el Gobierno (primero con mayor¨ªa del PP, y luego del PSOE) ha tenido que hacer algunas leyes y cambiar otras. Sin esos cambios, ni la polic¨ªa ni los jueces podr¨ªan operar y los ciudadanos, y especialmente los que adem¨¢s somos internautas, ver¨ªamos muchos de nuestros derechos desprotegidos.

Los ¨²ltimos a?os se ha detenido a decenas de personas por grabar fraudulentamente en salas de cine y distribuir copias con el objeto, simple y llano, de hacer negocio. Y no es un mal negocio, pues gracias a complejas organizaciones y al uso de tecnolog¨ªa punta, los beneficios, calculados por los propios internautas, no bajan del medio mill¨®n de euros al a?o. Pero a los due?os de estas webs no se les cae el pelo, y no porque sean defensores de la libertad y difundan la cultura, sino porque dos leyes actuales y una lamentable interpretaci¨®n de la fiscal¨ªa se contradicen hasta el extremo de que unos jueces los condenan por los mismos delitos que otros los absuelven.

El acuerdo parlamentario alcanzado en el Senado, en el marco de una ley mucho m¨¢s amplia para mejorar la competitividad de nuestra econom¨ªa, dedica apenas ocho art¨ªculos a reformar muy parcialmente esas dos leyes desfasadas por el desarrollo tecnol¨®gico (Ley de Propiedad Intelectual y de Servicios de la Sociedad de la Informaci¨®n) y pretende asegurar que los mismos derechos que se protegen en el mundo f¨ªsico se protejan tambi¨¦n en la Red.

Francia persigue a los usuarios que, abusando de las condiciones del "servicio", realizan descargas de obras sin licencia. En Espa?a, Gobierno e industria cultural apuestan por un modelo que se limita al cierre de p¨¢ginas web (es decir, persigue a quien difunde y lo hace con ¨¢nimo de lucro, no a quien descarga) pero, adem¨¢s, como alguna de estas webs se puede considerar un medio de comunicaci¨®n (y la libertad de expresi¨®n es un derecho que debe estar especialmente protegido) un juez advertir¨¢ previamente si la web en cuesti¨®n es un prestigioso blog difundiendo la obra de un creador para p¨²blico escarnio, o una de esas m¨¢s de 200 webs que en nuestro pa¨ªs ganan mucho dinero mediante publicidad, servicios de pago y otros sistemas, siempre a costa del trabajo de otros.

Pues en Internet, copiar (sin el permiso del autor) s¨ª es robar. En la Red no te hace falta sustraer un original para que un creador se quede sin nada, basta con quitarle al original todo su valor econ¨®mico, difundiendo millones de copias. Copias que nunca son gratis. Pagas por el uso de la Red (m¨¢s de un 20% m¨¢s cara que en el resto de Europa), pagas por los sistemas de descarga (muchos de ellos, adem¨¢s, curiosamente protegidos por derechos de autor), pagas por los servicios Premium, pagas por el uso de la tecnolog¨ªa no por los contenidos que esta te ayuda a disfrutar. Quienes abogan por la "libertad" y la "gratuidad" en la Red, en realidad, defienden el lucrativo negocio de quienes no pagan por los contenidos con los que intermedian.

Sin embargo, coincido con los que defienden que esta reforma no solucionar¨¢ los problemas de la industria cultural, abocada a un profundo cambio de modelo de negocio. Francamente, impedir la venta fraudulenta de m¨²sica por la Red no ayudar¨¢ a la recuperaci¨®n del CD. En mi opini¨®n, la Red, con descargas legales o ilegales, ya ha cambiado el h¨¢bito de los consumidores y los CD a 22 euros pronto pasar¨¢n a ser objeto de coleccionistas, como los vinilos.

Pero no es el CD lo que hay que salvar, sino los incentivos de una comunidad para crear buena m¨²sica y es buena m¨²sica lo que reclaman insistentemente millones de personas cuando navegan por Internet. Y para atender la mayor demanda de consumo cultural que ha existido nunca, discogr¨¢ficas, editoras y productoras saben que solo hay un camino: adaptar la oferta legal a las enormes potencialidades de la Red.

En Espa?a y en otros pa¨ªses tenemos buenos ejemplos de nuevos modelos de comercializaci¨®n de contenidos legales en Internet, algunos de pago, otros gratuitos, pero todos ellos ruinosos. Y esto es as¨ª, entre otros motivos, porque no pueden competir con las webs que difunden los mismos contenidos de forma il¨ªcita, sin pagar impuestos ni derechos a sus creadores. Lo que la ley Sinde pretende es, simplemente, evitar esa competencia desleal.

Es falso que exista un debate entre propiedad intelectual y libertad. Sin libertad no hay creaci¨®n ni propiedad intelectual, y quien defiende los abusos no defiende la libertad, sino los privilegios (sean estos tecnol¨®gicos o de casta). Es l¨ªcito pretender cambiar la actual protecci¨®n de la propiedad intelectual, no lo es hacerlo apoy¨¢ndose en quien abusa de ella para hacer beneficios a costa de terceros.

"En la Red todo va bien", argumentan los que se oponen a la reforma, "cambien todo lo dem¨¢s". En la Red ganan dinero las operadoras y las empresas de intermediaci¨®n, y lo pierden quienes crean contenidos porque "no se adaptan a las nuevas reglas de juego". "Manda el usuario", dicen, cuando en realidad manda quien alquila el cable, vende el software y logra posiciones dominantes que impiden la competencia. Estos nuevos "progresistas" se parecen mucho a los viejos conservadores cuando, adem¨¢s, recurren con insistencia a las viejas partidas de linchamiento (ahora virtuales, pero muy al estilo medieval) contra todo aquel que relativiza el credo tecnol¨®gico.

El Gobierno (ahora con el apoyo del PP y CiU) no se enfrenta a un dilema electoral entre j¨®venes o el mundo de la cultura. Falso simplismo, cada cual,, como siempre, votar¨¢ por mil factores. La ley Sinde no criminaliza a los usuarios de la Red, persigue a quien abusa, oculto tras la tecnolog¨ªa o el anonimato, del trabajo, curiosamente siempre intelectual, de otros.

Si la Ley de Propiedad Intelectual requiere cambios, que se hagan y que se apliquen por igual en la Red y fuera de ella. No es el momento de ajustar cuentas con el Gobierno o las entidades de gesti¨®n, nos enfrentamos a un problema que no admite demoras, ni seguir mirando hacia otro lado, pues una sociedad que acostumbra a sus j¨®venes a pagar por la tecnolog¨ªa y a despreciar el valor econ¨®mico de la cultura es una sociedad que, irreversiblemente, se empobrece.

Joan Navarro es soci¨®logo, ex director de la Coalici¨®n de Creadores y vicepresidente de Asuntos P¨²blicos de Llorente y Cuenca.